El FA y la Justicia buscan una solución para cumplir con la ley de género

Cumplir con los puntos claves de la ley de violencia contra las mujeres basada en género demandaría una inversión de US$ 50 millones, afirma la intersocial feminista. Sin embargo, el Poder Ejecutivo asignó un rubro de $ 80 millones (US$ 2,5 millones) a esta norma que fue aprobada el pasado 13 de diciembre, pero que cuya aplicación está comprometida por la falta de financiación.

La intersocial feminista, que representa a 30 grupos feministas de todo el país, sostiene que es esencial la puesta en marcha de servicios especializados para atender la violencia de género con psicólogos, asistentes sociales y asesoramiento legal las 24 horas (atienden solo de lunes a viernes de 9 a 18 horas), lo que tendría un costo de unos US$ 10 millones.

A esto hay que sumarle la creación de juzgados especializados en violencia de género, que podrían concentrar la acción de la Justicia que hasta ahora se divide entre juzgados de familia especializada, juzgados letrados de familia y letrados penales. La inversión asociada a este cambio, según el Poder Judicial, alcanza a $ 943 millones (casi US$ 30 millones), a lo que se suma los requerido por la Fiscalía, unos $ 300 millones (casi US$ 10 millones).

El diputado nacionalista Pablo Abdala impulsa la idea de postergar la ley, sobre todo en los aspectos relacionados con el Poder Judicial, por la falta de recursos. "Tal como están planteadas las cosas eso es letra muerta", dijo este lunes en el diario El País.

El representante del MPP Alejandro Sánchez aseguró, sin embargo, que la voluntad del oficialismo es la de no postergar la puesta en marcha de la norma. Sobre la creación de juzgados especializados sobre violencia doméstica, Sánchez dijo que habría que evaluar la posibilidad de que el Poder Judicial reasigne personal "ocioso" para dar respuesta a temas de género, algo que no requeriría más inversión.

"Tenemos que discutir si el Poder Judicial requiere un presupuesto tan grande o no. (...) Me quedaron patente algunas palabras del señor (ministro de la Suprema Corte de Justicia Jorge) Chediak sobre que había capacidad ociosa en algunos juzgados penales. Habría que ver si esa capacidad se puede utilizar y reorientarla hacia el área de violencia de género", explicó.

Chediak había dicho en marzo en entrevista con Teledía (Montecarlo TV) que el Poder Judicial tenía capacidad ociosa porque la actividad durante los primeros meses de aplicación del nuevo Código del Proceso Penal era menor a la esperada. Sin embargo, según dijo el ministro de la Suprema Corte de Justicia, esa situación era transitoria y ha ido cambiando conforme aumentó el ritmo con el que se realizan audiencias con el nuevo sistema. Por tanto, "la paulatina recuperación de los números hará desaparecer la capacidad ociosa", explicó Chediak.

La vocera de la intersocial feminista, Soledad González, dijo a El Observador que el grupo todavía tiene esperanzas de conseguir los fondos necesarios para aplicar la norma. "Una ley que no tiene recursos es una cáscara vacía", dijo González. "Esperamos tener una aplicación escalonada, no hay manera de combatir la violencia de género sin inversión", concluyó.