Nacional > Rendición de Cuentas
El fiscal de Corte está cerca de su retiro e hizo un pedido especial a los legisladores
El fiscal general de la Nación, Jorge Díaz, concurrió este miércoles a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para exponer sobre la Rendición de Cuentas. Y se trató de la última en su condición de fiscal de Corte.
En abril de 2022 Díaz deberá retirarse al cumplir diez años en el cargo, por lo que aprovechó la oportunidad para despedirse de los legisladores.
La despedida llegó con un pedido: que su sucesor no tenga que seguir “rascando la lata” para afrontar los gastos del organismo que encabeza.
Según señaló el jerarca, el presupuesto base de la Fiscalía el año pasado fue de $ 1.467.000.000, equivalentes a casi US$ 33 millones. El 93,3% correspondió a retribuciones, el 6,1% a gastos de funcionamiento y el 0,4% a inversiones.
De todas formas, solo el 47% de los gastos de funcionamiento fueron afrontados en 2020 por este mecanismo. El resto salió de trasposiciones desde el rubro salarial.
Para Díaz se trata de uno de los problemas fundamentales que tiene Fiscalía, y que “año tras año” viene siendo reiterado sin éxito ante el Parlamento. En ese marco, el déficit estructural ha venido creciendo: En 2016 el 20% de los gastos debió cubrirse con dinero destinado inicialmente a reitribuciones; el año pasado fue el 53%.
“Lo sabe el Parlamento, lo sabe el Ministerio de Economía y Finanzas anterior y lo sabe el actual”, sostuvo Díaz. “Acá no hay nada nuevo bajo el sol”.
El fiscal general volvió a plantear el pedido: que se le aumenten las partidas asignadas a funcionamiento e inversiones para así cubrir un déficit que “de otra manera, será insostenible”.
“Me gustaría que me ayudaran de esa manera”, pidió. “Aunque yo estoy más cerca de la lápida que de la pila bautismal en la Fiscalía, me gustaría que a mí o a mi sucesor nos ayudaran a ver cómo se puede conjugar ese déficit”.
Díaz puso un ejemplo: Al 1 de enero de cada año se sabe que las partidas asignadas no serán suficientes para pagar la luz todo ese año. Si no se recurre a reasignaciones, no es posible pagarla.
De todas formas, declaró con orgullo que “nunca" le pidieron un solo peso al Ministerio de Economía por fuera del presupuesto. "Nos hemos arreglado con lo que nos han dado”, dijo.
Díaz fue claro al responder una pregunta concreta de los legisladores y dijo que con el presupuesto actual le será imposible a Fiscalía abrir nuevas sedes. “Ya rascamos la lata, el fondo de la lata y dimos vuelta la lata”.
En ese sentido, este año pidió dinero para abrir una nueve sede en Toledo. En 2020 logró abrir siete fiscalías departamentales con recursos propios. “Pero las posibilidades de la magia se acaban”, admitió. “Ya no tenemos de dónde bajar el gasto”.
En ese marco uno de los artículos de la Rendición de Cuentas que la Fiscalía propuso al Parlamento está referido al Fondo de Peritajes, que le destina al organismo el 5% de lo recaudado anualmente por los bienes decomisados al narcotráfico.
Así está estipulado en una ley promovida por el actual ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y aprobada en 2018, luego de que el fiscal Luis Pacheco desestimara una denuncia en torno a la construcción de la planta de Alcoholes del Uruguay (Alur) en Paysandú, ya que no fue posible financiar un peritaje que determinara eventuales sobrecostos. Lo producido se destina a financiar los peritajes requeridos en investigaciones judiciales.
Ahora Díaz plantea que esos fondos le sean transferidos a Fiscalía en forma automática.
“El proyecto del senador Mieres fracasó estrepitosamente”, dijo. “Hasta ahora hemos decomisado por cifras superiores a los US$ 20 millones y hemos recibido $17.500”, aseguró. “Como usted lo oye”, ratificó.
Otro de los artículos plantea la creación de un fideicomiso que le permita vender doce inmuebles, que antes pertenecían al Ministerio de Educación y Cultura y que fueron heredados por el organismo, para el que no tienen utilidad, y obtener así el 100% de la recaudación.
La Fiscalía ya lo había propuesto el año pasado, pero se le dijo que la ley de Presupuesto preveía la venta general de inmuebles del Estado, y que cada organismo iba a recibir el 25%.
Se trata de apartamentos ubicados en varias ciudades del interior que fueron puestos a disposición del gobierno central, hasta ahora sin resultados. “No se han vendido, nos siguen generando gastos y no hemos recibido un solo peso por esto”, se quejó.
Puerta giratoria
Díaz aprovechó la presentación para destacar la efectividad del vigente Código del Proceso Penal en un factor clave: reducir la cantidad de personas encarceladas sin condena.
Así, si en 2017 el 70% de los presos carecía de sentencia firme, hoy el 84% tiene sentencia ejecutoriada.
El fenómeno, apuntó, se da en un contexto de crecimiento de personas privadas de libertad. Desde que se puso en práctica el nuevo código se pasó de 11.000 a 13.500 reclusos.
Se trata del índice más alto de la región, y que en el continente solo superan Estados Unidos y Cuba. “No sé si es un número que considere positivo”, señaló el fiscal general.
En su opinión, el crecimiento del número de personas encarceladas obedece a una mejora en la persecución criminal. Desde la puesta en marcha del nuevo código se pasó de 1.050 a 1.700 imputaciones por mes en promedio.
En ese marco el fiscal general dejó una advertencia: si no se trabaja con la población carcelaria en un verdadero proceso de rehabilitación, lo que habrá será una “puerta giratoria”.
Se trata, dijo, de una asignatura pendiente que trasciende a los gobiernos. “El problema no termina cuando una persona entra en prisión. Allí termina un problema y empieza otro, parte del mismo problema que es la seguridad”, remató.
