El ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, anunció que el gobierno avanza en la reparación integral a las víctimas de las dictaduras militares de los periodos 1964-1982 con la firma de un Acuerdo Nacional.
En este sentido, el presidente Luis Arce rindió homenaje a las víctimas de los Gobiernos dictatoriales de 1964 a 1982 y garantizó los recursos para la reparación integral de los luchadores por la democracia.
“Nosotros, hoy, queremos, sencillamente, con ustedes rendir homenaje a todos y cada uno de los que han caído, de los que han sido víctimas de los golpes de Estado y de las dictaduras militares".
"Ustedes han sobrevivido, ustedes están luchando por construir un Estado democrático para que todos vivamos mejor y ese también es nuestro objetivo como Gobierno nacional”, expresó Arce.
El jefe de Estado materializó ese homenaje con la firma de un acuerdo entre el Gobierno y la Plataforma de luchadores sociales contra la impunidad, por la justicia y memoria histórica del pueblo boliviano - sobrevivientes de las dictaduras de entre 1964 y 1982.
Por su parte, el ministro Lima sostuvo en el acto conmemorativo que: “Hoy tenemos el gusto de dar un paso muy importante en la búsqueda de la reparación integral de las víctimas de las dictaduras y Gobiernos de facto, periodos que dejaron dolor y graves vulneraciones a los derechos humanos”.
Lima recordó que, luego de la recuperación de la democracia, en noviembre de 2020, gracias a la unidad del pueblo boliviano, el Ministerio de Justicia recibió el mandato del presidente Arce, de avanzar en el proceso de reparación de las víctimas de los gobiernos inconstitucionales de los años 60, 70 y 80.
Para concretarlo, el Ministerio de Justicia realizó diversas reuniones con las plataformas de víctimas y familiares y en un proceso participativo se llegó a un Acuerdo Nacional para que se repare el daño que sufrieron en las dictaduras militares.
Lima explicó que, pese a que en el 2004 se aprobó la Ley 2640 para resarcir a las víctimas de la violencia, la misma no contaba con recursos económicos y que el parámetro de calificación no pudo ser cumplido, lo que derivó en que más de 6.177 solicitudes sean observadas y revisadas a solicitud de las asociaciones.
Lamentó que en esa época no se llegó a obtener el 80% del monto comprometido; sin embargo, ahora, a partir de la decisión política del Gobierno nacional esos recursos serán canalizados por el Tesoro General de la Nación (TGN).
“El presidente (Arce) consciente de las graves vulneraciones cometidas durante los gobiernos de facto y tomando en cuenta las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos y el Comité Contra la Tortura, la Comisión de la Verdad y el informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) promulgó la norma que garantiza el pago”, recalcó.
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