El gobierno ecuatoriano prorrogó al estado de excepción que rige en Guayaquil

La medida inicial fue tomada el 14 de agosto luego que una explosión atribuida al crimen organizado matara a cinco personas en un barrio popular. Ahora, según el gobierno, la ampliación del estado de excepción "busca intensificar las tareas de seguridad”.

Con unos 2,8 millones de habitantes, el puerto de Guayaquil es considerado por las autoridades como "la zona de mayor cometimiento de homicidios intencionales", con un 32,5% de los casos. Solo entre enero y agosto pasados, 861 personas fueron asesinadas en el principal centro político y económico del país.

La violencia se extiende también a las cárceles. Desde febrero de 2021 se produjeron siete matanzas que dejaron 400 presos muertos a raíz de los enfrentamientos entre bandas que disputan el control de la venta y el tráfico de drogas desde el interior de las unidades.

La renovación del estado de excepción mantiene los mismos términos que la medida de agosto, cuando se suspendió en el Distrito Metropolitano de Guayaquil, que incluye las localidades vecinas Durán y Samborondón, los derechos a la libertad de asociación y a la inviolabilidad de domicilio

El nuevo decreto señala que los operativos militares y policiales realizados en el marco del estado de excepción "presentan resultados positivos", según consignan los medios locales y la agencia de noticias AFP.

De acuerdo con el gobierno, en los últimos 30 días se redujo el robo a domicilios y personas, pero no los homicidios. Según el balance oficial, los operativos dejaron 21 bandas desarticuladas, 6 toneladas de droga incautadas y 627 detenidos.

Ubicado entre Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, Ecuador decomisó en el primer semestre cerca de 140 toneladas de droga. La violencia ligada al narcotráfico disparó la tasa de asesinatos a 14 por cada 100.000 personas, casi el doble que en 2020, en un país de 18 millones de habitantes.

En un intento por frenar la ola de violencia y hacer más efectiva la lucha contra el crimen organizado, Lasso renovó las cúpulas policial y militar en mayo pasado, y dos meses después creó un nuevo ministerio para combatir el narcotráfico y la criminalidad.

Además, propuso realizar un referéndum para avanzar en un proceso de reforma constitucional que, entre otras cuestiones, habilitaría la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, algo que en la actualidad está prohibido.

En un acto realizado en Quito, adelantó las ocho preguntas a las que deberá responder la población y que fueron entregadas a la Corte Constitucional para su validación. El próximo paso sería presentar el documento en el que se determinen los cambios.

La consulta "enfrentará problemas que Ecuador no ha podido resolver en el pasado; me refiero sobre todo a la seguridad y el narcotráfico", expuso Lasso, quien además planteó la extradición de ecuatorianos implicados en delitos trasnacionales.

La Constitución actual señala a los militares como los encargados defender la soberanía territorial, pero no el orden interno. Además, prohíbe la extradición de ecuatorianos.