23 de julio de 2014 19:43 hs

La imagen de la balanza se ha utilizado con insistencia para ilustrar la puja entre empleados y empleadores. Más aun cuando el Frente Amplio comenzó en 2005 a incluir beneficios que consideraba postergados a trabajadores y, de forma paralela, les dio más poder a las organizaciones sindicales. La coalición de izquierdas siempre criticó que en épocas de blancos y colorados era el plato de los empresarios el que tenía más peso en esa balanza, y apostó a que con leyes laborales, más negociación colectiva y participación, el equilibrio iba a llegar. En esa dinámica lo encontró al oficialismo cuando le explotaron en la cara bombas como el procesamiento del director de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) Alfredo Silva, o el manejo oscuro de fondos del plan de vivienda sindical en el PIT-CNT (ver apunte). Los problemas generados por el poder dado por la izquierda desde el gobierno a sus primos hermanos los sindicatos no son nuevos. Sin ir más lejos, en la educación el FA tuvo varios problemas por desbordes gremiales.

Aunque las generalizaciones sean injustas e inexactas, la reacción del gobierno de José Mujica para cambiar las condiciones de representación de trabajadores en ASSE significa en parte un reconocimiento al exceso de poder otorgado. El segundo gobierno de izquierda se quemó con leche con el escándalo de ASSE y, aunque le queda poco más de medio año para terminar el período, se propone corregir sobre la marcha algunos de los desvíos.

El sábado, el presidente Mujica masticó la bronca del procesamiento de Silva en su casa de Rincón del Cerro junto a algunos colaboradores, como el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero. Allí decidió que se debía continuar y defender “la herramienta” de representación de trabajadores en ASSE y otros organismos, pero se propuso meter mano a la legislación para que los representantes de los empleados no sean a la vez dirigentes sindicales activos. Lo que quiere evitar, al menos en la salud, es que estén de los dos lados del mostrador: como patrones y como empleados.

Más noticias
Para el catedrático grado 4 en derecho laboral e integrante del estudio Pérez del Castillo & Asociados, Santiago Pérez del Castillo, los desvíos de caciques sindicales son producto de un estilo al que Uruguay no estaba acostumbrado, y que se asimila más al argentino. “En Uruguay estamos acostumbrados a sindicatos pobres, donde es menor la tentación a favorecer económicamente a amigos y compañeros. Hay que tener cuidado de estar en uno de los dos lados de la baranda. Si usted es directivo del organismo de la empresa no puede ser dirigente sindical, y no puede sucumbir a la tentación de ser proveedor de la empresa de la que es sindicalista y directivo a la vez”, dijo a El Observador.

Por su parte, la diputada nacionalista Ana Lía Piñeyrúa entiende que con el Frente Amplio se ha excedido la competencia a los sindicatos producto de una afinidad ideológica de la “cúpula” sindical con los gobiernos de izquierda. Piñeyrúa fue ministra de Trabajo y Seguridad Social durante el segundo gobierno de Julio Sanguinetti. A su juicio, el espacio dado a los sindicatos desde 2005 ha excedido lo deseado. “Cuando hay mucho poder, existe una tentación humana a sentirse omnipotente. Y en estos casos sucedió un poco de eso”, dijo. La legisladora asegura que cuando le tocó ser ministra de Trabajo el poder no estaba en el plato de la balanza de los empresarios.

Educación y salud
Más allá de la maniobra investigada por la Justicia del Crimen Organizado en ASSE –de la que fue parte el exdirector Alfredo Silva y el encargado de las tercerizaciones de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Heber Tejeira–, las advertencias por el abuso de poder allí son frecuentes.

Silva estuvo desde el 2008 en el cargo y durante el comienzo de la administración de Mujica –entre 2010 y finales de 2011, cuando Mario Córdoba presidía ASSE– el sindicalista devenido en jerarca presionó a varios directores de hospitales, destituyó a varios de ellos e inició y suspendió sumarios que según su criterio eran políticos.

En la enseñanza la representación gremial nunca llegó a ese extremo –que la Justicia entendió que es delictivo por la conjunción del interés personal con el público–, pero sí hubo algunos excesos que Mujica también tuvo que frenar.

El más evidente fue el freno impuesto por el Consejo de Secundaria al plan Promejora. Los dos representantes del Poder Ejecutivo al comienzo de la actual administración (Pilar Ubilla y Fernando Tomeo) se alinearon con el representante gremial Daniel Guasco y boicotearon el plan de descentralización educativa que fue impulsado por el Poder Ejecutivo y ordenado por el Codicen, luego de los acuerdos multipartidarios.

De todas formas, en la enseñanza la situación es más compleja, porque la ley de la última reforma aprobada en 2008 ordena al Poder Ejecutivo nominar para los cargos de dirección en la ANEP (ya sea el Codicen o los desconcentrados de Primaria, Secundaria y UTU) a docentes con más de 10 años en el sistema.

Eso ha llevado a que la mayoría de los jerarcas nominados por la izquierda –con matices según el caso– tengan una relación casi tan fuerte con la corporación educativa como los representantes elegidos por los trabajadores.

EO Clips

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos