Nacional > REUNIÓN CON BONOMI

El Guardián lleva 10.100 interceptaciones en los tres años de funcionamiento

Aunque comenzó a operar en diciembre de 2017, en todos estos años nunca se controló que no existieran irregularidades,dijo Chediak

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15 de julio de 2019 a las 17:12

Desde el 21 de diciembre de 2017, momento en que se puso en funcionamiento el Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (Sail), se hicieron 10.100 interceptaciones, según la información que se manejó en la reunión que este lunes mantuvo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, con autoridades de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). 

Sail es el programa informático para solicitar la interceptación de llamadas durante una investigación judicial y controla el funcionamiento del sistema de espionaje El Guardián. Según informó el programa Todas las voces de Canal 4, el Ministerio del Interior nunca mandó los reportes trimestrales de las escuchas realizadas y tampoco instrumentó un convenio para que las empresas telefónicas informaran al Poder Judicial sobre las interceptaciones realizadas, dos requisitos claves para vigilar el sistema de escuchas estatal. 

El ministro Bonomi había asegurado que los controles nunca se concretaron porque el Poder Judicial no había designado a una persona para recibir los reportes. Esto último fue desmentido por la SCJ, que hizo público un documento de mayo de 2017 por el que se designó a un secretario letrado para recibir la información. Bonomi reconoció este lunes en conferencia de prensa que cometió un "error" en sus declaraciones. 

Jorge Chediak, ministro de la SCJ, aseguró después de la reunión que en esta semana el Ministerio del Interior enviará "la primera lista" en tres años con las interceptaciones realizadas por la policía. La intención de la Suprema Corte es cotejar todas las interceptaciones que se hicieron entre 2017 y 2019. Por otra parte, el jueves 25 de junio habrá otra reunión a la que fueron convocadas las operadoras telefónicas, que plantearon reparos legales respecto a la entrega de información sobre líneas telefónicas interceptadas. Según el planteo de algunos de los departamentos jurídicos de las empresas, estas no están obligadas a entregar la información, algo que es fundamental para cotejar si efectivamente el número de intervenciones coincide con las escuchas autorizadas por los jueces y fiscales. 

"Si hay alguna discrepancia habrá que ver la situación concreta. De qué teléfono fue, cómo se dio y ver si nuestro marco legal habilita a que las operadoras nos den directamente los datos o si hay que hacer alguna modificación", explicó Chediak, quien no descartó hacer una denuncia en un juzgado para poder obtener la información. 

Las listas con las interceptaciones autorizadas y las realizadas tienen que coincidir, así como la nómina que poseen las operadoras Antel, Claro y Movistar. En total, a nivel nacional hay unos 100 jueces con competencia penal que pueden solicitar intervenciones telefónicas o de redes sociales. 

Consultado sobre las razones por las que nunca se llegó a intercambiar la información -tal como lo estableció un convenio-, Chediak se refirió a "problemas burocráticos internos".  

El ministro Bonomi defendió en conferencia de prensa que no hay forma de que las escuchas se realicen sin que haya una autorización judicial. "No se puede interceptar si no hay una firma del juez. No es que sea indebido. No se puede. La firma es la llave de la interceptación", explicó. 

Chediak, en tanto, afirmó que los técnicos judiciales nunca pudieron constatar de "primera mano" que operativamente no sea posible hacer una intervención sin la autorización de un juez. "Lo que nos dicen nuestros técnicos es que no hemos podido ver en funcionamiento a El Guardián", manifestó. "El supuesto en el que nos basamos es que no y que cada uno de los que interviene necesita una firma electrónica", apuntó.

Sin embargo, el informe de la Auditoría Interna de la Nación, concluyó que "todos los teléfonos interceptados a solicitud del Ministerio del Interior, cuentan con una orden judicial originada a partir de alguna investigación policial". Según las conclusiones del informe de la AIN que el Ministerio del Interior entregó a El Observador los resultados de la auditoría se entregaron al Juzgado Letrado Penal Especializado en Crimen Organizado 1° Turno, al ministro del Interior y a la Dirección General de Secretaría del Ministerio del Interior.

La auditoría se realizó justamente para comprobar que existiera orden judicial en cada interceptación, a pedido de ese juzgado de Crimen Organizado.

El contenido del reporte
El protocolo de actuación para interceptaciones legales firmado por la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio del Interior el 1° de diciembre de 2015 señala que trimestralmente se debe enviar a la SCJ un reporte "con el formato que oportunamente se acordará entre las partes". "En este reporte se detallarán cuantitativamente las solicitudes de interceptación legal de comunicaciones ingresadas, y las aprobaciones y rechazo por cada juez penal, así como los tipos y cantidades de medidas dispuestas, discriminadas por operadora telefónica. 
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