En un país asiático se le devuelve a los dueños de motocicletas incautadas por ruidos molestos un cubo de chatarra. Más de un montevideano lo habrá imaginado cuando los caños de escape libre ensordecen su cuadra. Pero no le queda otra que seguir soñando (si concilia el sueño) porque Uruguay no cuenta siquiera con una ley nacional reglamentada contra la contaminación acústica ni con criterios unificados entre los departamentos.
Las motos son el principal contaminante sonoro del medio urbano sin que exista una fiscalización masiva ni conciencia de que el ruido es adictivo y dañino, y por tanto, un tema de salud pública, y vulnerador de derechos humanos. Es más, la mayoría de las motos que se venden en plaza tienen una potencia acústica superior al límite aceptado por una legislación regional a la que está suscrito Uruguay.
Disparidad de criterios
El digesto municipal de Montevideo establece como nivel máximo permitido para las motos los 88 decibeles (dB). Para la Defensoría del Vecino, que promueve una tolerancia cero contra el ruido, este nivel sonoro es permisivo y para la ingeniera Elizabeth González, jefa del Departamento de Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, está bastante desacompasado con las nuevas tecnologías.
Según la escala del ruido urbano, los 85dB, correspondientes al tráfico intenso o a un camión, marcan el límite tolerable para el oído humano. Una exposición a 95dB (correspondiente a gritos, cortacésped o motosierra) es considerada perjudicial. Una moto con silenciador emite 90dB y a escape libre emite 125dB, lo mismo que un trueno.
Los límites incluidos en el digesto municipal no son compatibles con una norma adoptada por el Mercosur. Este reglamento indica que una moto de hasta 80 centímetros cúbicos (cc) con el motor acelerado y parado no puede exceder los 75dbA. Un decibel A es la unidad en la que se mide el nivel de ruido. El límite sube a 77dbA para las cilindradas de entre 81 y 175 cc y, a partir de estos, a 80dbA.
Si estos valores fuesen respetados a rajatabla, las motos de menos de 150 cc con una potencia acústica ajustada a la norma solo podrían circular en Colonia y Tacuarembó, donde los límites aceptados son 75dB y 76dbA (difieren en la medida), respectivamente (ver mapa). La disparidad de criterios entre las intendencias llega al extremo de que, por ejemplo, del lado de Rivera se toleran 6 decibles más. La diferencia puede parecer poca pero tres decibeles más ya implican la duplicación de la energía acústica y, en consecuencia, el efecto del ruido sobre el organismo.
El primero de los problemas es que la mayoría de las motos que se venden en el país ya vienen de fábrica con una potencia acústica superior a la aceptada por la normativa del Mercosur. “Una moto de 100 o 125 cc sale a la calle haciendo un ruido de 88 o 90 decibeles”, indicó Fernando Rodríguez, defensor del vecino. Por ejemplo, el modelo CG125 de Honda, disponible en Uruguay, tiene una potencia acústica de fábrica de 89dbA, 12 decibeles más que los permitidos por el Mercosur con un efecto sobre el organismo cuatro veces superior (ver ejemplos).
González, por su parte, consideró que si se controlara la importación sería “el primer paragolpes” para combatir la contaminación sonora generada por las motos.
El problema siguiente es el tuneado. La modificación del caño de escape puede convertir a una moto ruidosa en una escandalosa.
Controles esporádicos
La División Tránsito y Transporte de la IMM incorporó sonómetros en 2011. El director de esa oficina, Hugo Bosca, dijo en una comparencia en la Junta Departamental que esta herramienta es “la respuesta al 75% de los pedidos de los vecinos que no viven tranquilos por los escapes libres”.
A lo largo de 2012 se realizaron operativos puntuales, puesto que no se tiene la capacidad logística para realizar controles masivos. Por ejemplo, una planilla del servicio de inspectores indica que los sonómetros fueron utilizados en ocho intervenciones en mayo de 2012 .
Rodríguez relató que se incautaron motos en condiciones antirreglamentarias pero no pudo precisar la cantidad. Por este concepto se multó a 10.571 motos en 2011 y hasta abril de 2012. También se procesaron 1.110 multas en 2011 y 1.301 multas en el primer cuatrimestre por escape libre ruidoso, según cifras proporcionadas por la IMM al edil Tulio Tartaglia. La infracción implica una sanción de $ 603, una cantidad que según González, no duele lo suficiente.
Los inspectores están habilitados para retirar las matrículas de las motos que producen ruido por encima de 45dB entre las 7 y las 23 horas y 39dB durante la madrugada, dos límites muy restrictivos y difíciles de cumplir (un grillo emite 45dB). Por esto se prevé una sanción de
$ 6.091 si el propietario del vehículo atronador del barrio no lo soluciona en un plazo de cinco días después de la multa. No obstante, hasta junio de 2012 no se procedió a retirar las chapas puesto que no se contaba con el decreto promulgado.
La aspiración del defensor del vecino es que este control sea incluido en la rutina diaria del inspector.
La inspección técnica vehicular que deben pasar con periodicidad los automóviles no incluye el control de ruido aunque está prevista la tecnología. Si no se exige, no se hace. Los únicos vehículos que son sometidos a esta prueba son los de transporte de carga y de pasajeros.
Adictivo
Una moto con escape libre significa dos cosas: que a su dueño le gusta llamar la atención y que tapa con ruidos su incomunicación con el mundo. Ésa es la evidencia psicológica especto al fenómeno que elevan aún más los adolescentes. La consecuencia física que le preocupa a González no es la pérdida auditiva sino el incremento de la agresividad. “El ruido es aditivo. Genera respuestas orgánicas”, explicó la ingeniera. Y agregó: “Llega un momento en el que se necesita más estímulos para conseguir mayor excitación”. En este sentido, afirmó que el ruido debería ser incluido en la lista de drogas sociales. “Puede ser la puerta a otras adicciones”, señaló.
