23 de enero 2021 - 5:00hs

No importa qué tan fuerte haya sido la recesión del 2020, ni qué tan amenazante sea la inflación ni la posible devaluación. En un año de elecciones, un gobierno peronista siempre siente que tiene una ventaja frente a la oposición: la voluntad de forzar la economía para mejorar el consumo y, sobre todo, la posibilidad de usar las principales “cajas de recaudación” para apoyar los fines políticos.

Es lo que se está viendo ya en ese arranque del año, en el que, contrariando todas las señales “market friendly” que se habían enviado a fin de año, Cristina dio la orden de reordenar las prioridades de la economía. Es así que de una política de ajuste fiscal se pasó a una consigna de “alinear salarios, tarifas y precios”.

El objetivo es que el rebote tras la recesión del 2020, en la proyección oficial la economía crecerá un 5,5,  no quede apenas en la faz de la inversión y las exportaciones sino que, sobre todo, se sientan en el consumo.

El plan ya empezó con una postergación de aumentos en telecomunicaciones y en cobertura de salud, y a un nuevo las tarifas de servicios públicos -algo que llevó incluso a que los dueños de empresas eléctricas decidieran vender sus activos. Ahora, el otro objetivo es un intento de intervención en el sector del agro para “desacoplar” los precios internos de los del mercado internacional.

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Pero la parte más polémica recién está llegando. Porque el kirchnerismo se fijó como objetivo la recuperación de la gestión de YPF, la petrolera más grande del país, todo un emblema nacional que Cristina reestatizó parcialmente en 2012.

Todavía hay un 49% de las acciones de la petrolera que cotizan en el mercado bursátil, y todas las especulaciones apuntan a que el gobierno quiere aprovechar el momento de bajos precios de esas acciones para hacerse con el control total de la empresa.

YPF no solamente es la empresa más grande del país, con una facturación que hasta la irrupción de la pandemia estaba en torno de 15.000 millones de dólares anuales. Es también una de las grandes “cajas” codiciadas por los políticos y tiene la rara cualidad de contar con crédito internacional incluso en los años en los que la Argentina estuvo radiada de los mercados por haber caído en default.

Sucesivamente ha sido símbolo del Estado empresario y desarrollista, durante años fue caja para tapar el agujero fiscal, luego fue estrella de la fase de las privatizaciones y ahora, con los Kirchner, todo indica que será la gran protagonista del discurso de “Estado presente”.

La nafta y el gasoil, alineados con el proyecto K

Esta es, al menos, la interpretación política que se está haciendo en el mercado luego del enroque de nombres que implicó la salida de Guillermo Nielsen -visto como un típico ejecutivo pro-mercado- que será reemplazado por Pablo González -un político del riñón del kirchnerismo-.

El mercado interpretó este cambio como el inicio de una fase en que la compañía empiece a ser manejada con un criterio predominantemente político que pueda dañar su negocio a largo plazo. Más concretamente, a juzgar por lo que dice la oposición política, que YPF pueda convertirse en la caja que financie la campaña presidencial de Máximo Kirchner, a quien su madre Cristina quiere impulsar para los comicios de 2023.

El mercado dio su opinión inapelable al respecto. Mientras las acciones de todas las petroleras del mundo subían -alentadas por los anuncios de economía expansiva de Joe Biden- las acciones de YPF alcanzaban mínimos históricos.

Por lo pronto, Wall Street recibió la noticia con una caída en la acción -la ADR, en la jerga bursátil- de 2,3%. Y no se trata de una acción que pudiera considerarse sobrevaluada. Más bien al contrario, acumula una caída de 17% en el año, luego de haber sufrido un desplome de 60% durante 2020.

Lo cierto es que YPF, cuya acción había alcanzado en 2005 un récord de  US$ 69, viene en un imparable sendero descendente. Durante el macrismo, tras las recomposiciones tarifarias y las reformas en el sector, había subido hasta  US$ 18, y cuando Nielsen asumió la presidencia de la compañía ya estaba en 10 dólares. Hoy está debajo de los 4, luego de haber tocado un mínimo de US$ 2,25 en el peor momento de la pandemia.

La tentadora joya de la corona populista

Desde el kirchnerismo se celebró esta noticia como la conquista de un nuevo terreno fundamental para el “proyecto popular”. Se considera que YPF, que en las últimas semanas había subido los combustibles tres veces, estaba “desalineada” de la consigna marcada por Cristina Fernández.

De manera que la expectativa es que se sume a la nueva política de aumento indirecto de salarios. Todo lo cual preocupa a los expertos, sobre todo si se tiene en cuenta que el rubro energético implicó en 2020 el pago de subsidios estatales por 5.950 millones de dólares -según estima el Instituto Mosconi-, con una tendencia al crecimiento. Y, para colmo, una dependencia cada vez mayor de la importación de gas boliviano, que no por cercano y amigo resulta barato, sino que tuvo un aumento de 30%.

La realidad es que hoy YPF, según su último balance, pierde plata a un ritmo de 1.382 millones de dólares. Y eso no es lo peor, porque dentro de todo se lo puede atribuir al gran bajón petrolero causado por la pandemia.

Diferente, en cambio, es la cuestión de la deuda. YPF debe 6.200 millones de dólares y acaba de hacer una oferta de canje con el objetivo de patear todos sus pagos hasta el 2023 -o sea, hasta después de la próxima elección- en una oferta que los acreedores consideraron hostil.

Lo más raro de todo el tema es que YPF tiene hoy un valor por capitalización bursátil de US$ 1.550 millones. Impresiona recordar que cuando el kirchnerismo realizó la “gesta épica” de la reestatización, Axel Kicillof compensó a Repsol, por el 51% de las acciones con el pago de bonos que en ese entonces cotizaban a US$ 5.000 millones (y podrían subir a US$ 9.000 millones si se cuenta el flujo de esos títulos).

Un precio que ya parecía caro en ese momento y que hoy luce difícil de creer dada la actualidad de YPF.

Sin embargo, no debe olvidarse que la reestatización no sólo fue votada con amplia mayoría del Congreso sino que llegó a gozar del 80% de la aceptación popular en las encuestas. Y ahí reside una de las claves del asunto: en un país de nacionalismo arraigado, siempre es buen negocio reestatizar una empresa histórica.

Es por eso que muchos desde el kirchnerismo están presionando en que este es el mejor momento para aprovechar la baja valuación de la acción de YPF y recomprar el 49% que flota en el mercado bursátil.

No es una operación fácil, porque la petrolera todavía tiene pendiente juicios millonarios en Nueva York y además no terminó de convencer a sus acreedores de que aceptaran su propuesta de canje.

Lo cierto es que en este 2021 que ya arrancó con clima electoral, quedó en claro que el kirchnerismo sacará el máximo provecho de las grandes “cajas” estatales y que YPF será la más importante de todas.

Máximo, mal en las encuestas, pero con presupuesto

Mientras tanto, el kirchnerismo ya piensa en clave electoral, y la estrategia es que Máximo Kirchner pise fuerte en el principal territorio en el que residen los votantes peronistas: el conurbano bonaerense.
Por eso es que se inició la campaña para que el actual diputado Máximo Kirchner sea el presidente del PJ a nivel provincial. Eso lo pone en carrera no sólo para ocupar el primer lugar en la candidatura de este año y protagonizar la campaña, sino para quedar en carrera hacia 2023.
Hay algunos escollos por vencer: no todos los intendentes del conurbano -los llamados “mini gobernadores” por las grandes masas de población y territorio que deben administrar- se muestran entusiasmados.
Para empezar, desconfían de cualquier dirigente que provenga de La Cámpora, la agrupación de apoyo juvenil del kirchnerismo, con una marcada impronta porteña y un discurso de izquierda.
Y, para colmo, las encuestas no ayudan. Pese a los elogios recibidos de los principales dirigentes peronistas -incluyendo al propio presidente Alberto Fernández- Máximo no repunta, con apenas un 38% de opiniones a favor, en una provincia donde el peronismo se impuso hace un año y medio con 52% de los votos.
En cambio, Máximo sufre una imagen negativa de 54%, algo que los analistas atribuyen a una antipatía por vía indirecta hacia su madre Cristina.
Pero la ex mandataria, que en 2017 había perdido la elección y luego se recuperó, no es de las que se amilanan por las encuestas negativas. Por lo pronto, lo envió a su hijo a recorrer la provincia, con la excusa de supervisar la campaña de vacunación contra el covid.
Y para el resto, está el aparato estatal, que en breve quedará mejor lubricado gracias al aporte de la caja de YPF.
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