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El militar venezolano torturado y enterrado sin el consentimiento de su familia

Acosta Arévalo fue torturado hasta la muerte y la última vez que se le vio con vida no podía mantenerse en pie o hablar

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11 de julio de 2019 a las 05:03

Al capitán de la Armada venezolana, Rafael Acosta Arévalo, lo detuvieron, lo torturaron hasta la muerte y lo enterraron sin el consentimiento de su familia. Todo eso lo hicieron las fuerzas de seguridad leales al presidente Nicolás Maduro, según la acusación de la familia del muerto que ni siquiera pudo despedirse del militar en paz. 

El hombre de 50 años estaba bajo custodia de las autoridades venezolanas por su supuesta participación en una conspiración contra el mandatario del país caribeño. El 29 de junio, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, confirmó la muerte del capitán de corbeta.

Una semana antes de su muerte, la esposa del militar, Waleswka Pérez, denunció que el hombre había sido detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y los responsabilizó por su integridad física.Según su defensa y voceros de la oposición, Acosta Arévalo fue torturado hasta la muerte y la última vez que lo vieron con vida, cuando se presentó ante un tribunal militar, no pudo mantenerse en pie o hablar.

Según TVVenezuela Noticias, el cadáver de Acosta Arévalo,  se encontraba en la morgue de Bello Monte desde el día de su muerte a donde llegó luego que le practicaran una autopsia a la que la familia no pudo acceder.  Este miércoles, después de 12 días, el cuerpo fue trasladado al cementerio del Este, donde lo enterraron. Según el abogado del militar, Alonso Medina Roa, el Ministerio Público no permitió que los familiares del difunto tuvieran acceso a la sede de la Fiscalía 34 para solicitar la entrega del cuerpo. Además, el abogado dijo que la "orden de enterrarlo en el Cementerio del Este fue del estado, así como (la responsabilidad de) la muerte".

Pérez denunció a través de un video en su cuenta de Twitter "el procedimiento de la morgue" y subrayó que ella no había solicitado ningún servicio fúnebre.

En tanto, el gobierno le solicitó al fiscal general, Tarek William Saab, "una completa y exhaustiva investigación para esclarecer este lamentable suceso", al conocerse la muerte del militar. Algunas horas antes del pedido, el líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, había denunciado la muerte de Acosta Arévalo.

"Habíamos denunciado el día martes su desaparición junto a otros seis oficiales, y hoy se confirma su asesinato luego de haber sido torturado brutal y salvajemente", dijo en una declaración transmitida en sus redes sociales.

El 1° de julio la Justicia venezolana anunció la detención de dos militares por su presunta responsabilidad en la muerte de Acosta Arévalo y ordenó prisión preventiva. Los detenidos son el suboficial Estiben José Zárate Zoto, de 22 años, y el sargento segundo Ascanio Antonio Tarascio Mejía, de 23 años. Ambos pertenecen a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada).

Un informe demoledor

La muerte de este preso se da en el contexto de un nuevo informe condenatorio del régimen de Nicolás Maduro que señala delitos de lesa humanidad. En este caso se trató del informe redactado por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien visitó el país caribeño entre el 19 y el 21 de junio y donde constató cómo la situación humanitaria “se deterioró de forma extraordinaria”.

A lo largo de 83 artículos Bachelet plasmó la grave situación económica, política y social en la que se encuentra el país y denunció la proporción "sorprendentemente elevada" de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad venezolanas. "Los grupos armados civiles progubernamentales conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones", dijo.

Bachelet pide la disolución de las Fuerzas Especiales (FAES), a las que achaca en particular la mayor parte de las 5.287 muertes extrajudiciales, supuestamente por "resistencia a la autoridad", durante operaciones policiales en 2018.

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