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El motivo del grupo Enjoy para presentar el recurso y el malestar en el grupo Cipriani
En octubre de 1992, la Intendencia de Maldonado y la Administración de Ferrocarriles del Estado realizaron una licitación pública internacional para buscar una inversión para el predio ubicado en la zona denominada “La Pastora”, en la parada tres de la playa Mansa en Punta del Este. El objetivo era la construcción y explotación de un Hotel “categoría 5 estrellas, un centro de convenciones y exposiciones, un casino y servicios anexos”. Para aquella licitación se presentaron Baluma S.A. de Uruguay y la Companhia Brasilera Projeto e Obras de Brasil.
Baluma S.A., que finalmente ganó aquella licitación, condicionó su oferta a que el gobierno “haga constar” en el contrato a firmar con la empresa, que para autorizar “el funcionamiento de cualquier otro casino total o parcialmente privado en el área” se le exigirá al nuevo inversor la construcción de un “hotel de lujo” (mínimo de cuatro estrellas) y una “inversión mínima en moneda constante” equivalente a la que realizó Baluma S.A. en aquel momento. Además, quedó establecido que al futuro posible inversor “se le exigirá pagar también un canon anual equivalente al que pagará” Baluma S.A. durante la vigencia de la concesión.
El Estado, al mismo tiempo, ponía como condición que Conrad International Hotels Corporation se transforme en accionista de Baluma S.A. Cumplida todas las partes, la inversión se concretó y cuatro años después, en 1996, el Hotel Conrad pasaba a ser parte del paisaje de Punta del Este. Aquel contrato firmado entre Baluma y el Estado fue modificado en varias oportunidades, pero siempre mantuvo esa cláusula de exclusividad. Desde entonces, solo se ha instalado, con esas características, el Sofitel Montevideo Carrasco Hotel.
El recurso
Y es esa cláusula a la que hoy se agarra Baluma S.A., ahora con el grupo Enjoy como accionista, para presentar un recurso suspensivo contra el proceso que comenzó el Estado para la apertura de un nuevo casino, y su correspondiente hotel de lujo, a iniciativa del grupo Cipriani (Fosara S.A.).
El Estado tiene dos caminos para llamar a una licitación: por iniciativa propia o por iniciativa privada. Este último es el caso de la licitación que se abrió para la construcción y gestión del casino en la parada 11 de la Playa Brava de Punta del Este. La iniciativa es de Fosara S.A.
Esta empresa, como promotora de la iniciativa privada, tiene derecho a beneficiarse con un porcentaje del 5% sobre el valor ofertado. Y lo que cuestiona Baluma S.A. es que no está claro si ese 5% cuenta a la hora de comparar la inversión con la que realizó en la década del 90 y respecto al pago del canon anual. En un comunicado difundido el lunes, Enjoy aseguró que presentaron el recurso “con el único objetivo de salvaguardar sus derechos”.
Según explicaron a El Observador fuentes al tanto del recurso, el grupo Enjoy quiere estar seguro de que se respeten todos los términos del contrato y saber si las “ventajas” que da las licitaciones a partir de iniciativa privada cuentan para comparar la inversión nueva con la que realizó Conrad en su momento.
De todas formas, las mismas fuentes aseguran que el llamado realizado por el Estado está “muy bien redactado” y que en varios pasajes se menciona la exclusividad adquirida por Baluma S.A.
En las bases del llamado se establece que el monto a invertir en la construcción y alojamiento del nuevo hotel de lujo deberá ser igual o superior a US$ 160 millones, ello sin considerar el valor de la tierra donde se asiente la infraestructura.
Además, como contraprestación, el oferente se deberá comprometer a abonar al Estado en caso de que resulte adjudicatario un canon anual, que consistirá en un porcentaje de los ingresos brutos del casino y con un monto mínimo anual. Desde el primer año de la concesión hasta 2026 el canon será equivalente a 7,2% de los ingresos brutos, y de 7,95% a partir de 2027 y hasta el final de la concesión.
El monto mínimo anual a pagar será de US$ 7,8 millones el primer año, con un incremento anual de US$ 100 mil hasta 2026 inclusive. Luego de esa fecha el piso anual será un valor fijo que deberá proponer el oferente en su propuesta económica y que deberá ser equivalente o superior a US$ 8,4 millones. La concesión para explotar la licencia de casino se otorgará por un plazo de 20 años contados a partir de finalizadas las obras y puesta en marcha del hotel y del casino.
El hotel Enjoy, en tanto, paga como canon hasta 2026 el 7% de los ingresos brutos del casino con un mínimo anual de US$ 7,3 millones. A partir de 2027 y hasta 2036 ese monto sube al 7,75% de los ingresos con un mínimo de US$ 8 millones.
La propuesta económica del nuevo emprendimiento también deberá incluir en detalle la inversión que se volcará a la construcción del hotel de lujo, alojamiento del establecimiento, centro de reuniones y exposiciones, servicios conexos si existieren y casino; junto con las fuentes previstas de financiamiento.
Con una inversión total de cerca de US$ 450 millones, Forasa S.A. pretende construir un complejo que incluirá 150 habitaciones de resort (del exhotel San Rafael), un casino, 78 cuartos más de hotel que serán emplazados encima de este y dos torres de ocho pisos cada una con 186 apartamentos residenciales.
La molestia de Cipriani
El recurso presentado por el grupo Enjoy cayó mal en el grupo Cipriani y esperan que el tema se resuelva cuanto antes. “Cae mal como cualquier retraso en una inversión grande”, dijo a El Observador el abogado de Forasa S.A., Pablo Monsuárez y agregó que no ve “mucho justificativo” para presentar un recurso como este.
Ahora el proceso depende del Ministerio de Economía y del Ministerio de Turismo ya que el recurso es contra el proceso y no hay plazos a cumplir. Monsuárez aseguró que se trata de una “inversión que se está aprontando” y que ya “insumió mucho dinero”.
Luego de la demolición del Hotel San Rafael, no se han realizado más movimientos en el predio de la parada 11 de la playa Brava de Punta del Este donde se pretende construir el Cipriani Ocean Resort an Club Residences Punta del Este.
