El nudo gordiano de España

La sangre llegó al río cuando el 1° de octubre de 2017 la Generalitat de Cataluña, tensando irresponsablemente la cuerda a un punto de no retorno, decidió celebrar un referéndum por la independencia, el famoso 1-O de Cataluña, que acabó con la represión ordenada por el gobierno de Mariano Rajoy y la mayoría de los líderes independentistas presos, acusados de unos exagerados delitos de “rebelión y sedición”, jamás cometidos. Hasta el entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, debió escapar y asilarse en Bélgica, de donde aún no ha regresado y continúa batallando en los estrados judiciales europeos el pedido de extradición cursado por el Supremo Tribunal de España.

A su tiempo, el episodio se ha convertido en la peor mancha en el admirado proceso democrático  de España y su estado de derecho, consagrado en el paradigmático Pacto de la Moncloa. 
Nadie hubiera pensado entonces que el Estado español acabaría declarando ilegal un referéndum, reprimiendo a los votantes y encarcelando a sus organizadores, que, a la sazón, eran nada menos que las autoridades de la comunidad autónoma en cuestión. 

La sombra de aquel lance funesto continúa persiguiendo al sistema político español, que aún no logra recuperarse y sigue arrastrando la precariedad de gobierno tras gobierno sin solución de continuidad. Ahora le tocó el turno a Pedro Sánchez, quien tras no alcanzar un acuerdo con Cataluña, perdió el apoyo de los legisladores independentistas que sostenían el frágil gobierno que había formado tras la moción de censura que desbancó a Rajoy, y debió convocar a elecciones. Tanto más sencillo hubiera sido permitir que aquel referéndum se desarrollara por cauces normales, esperar el resultado y que fuera lo que fuera. Como había hecho tres años antes el gobierno del Reino Unido para el caso de Escocia. Con Cataluña fuera o dentro de España, no tendrían hoy estos problemas de gobernabilidad.

Huelga decir que, por otra parte, haber prolongado este estado de cosas y persistir en la criminalización del independentismo catalán solo exacerba los odios y las divisiones de un lado y del otro. Como se ve ahora en el “juicio al procés”, que se lleva a cabo en Madrid contra los líderes independentistas, donde los fiscales insisten en condenarlos por rebelión y que de prosperar la causa, podrían pasar hasta 20 años más en prisión. Un despropósito. 

Ver a los fiscales españoles tratando de demostrar que hubo violencia donde no la hubo parece un exceso injustificable; y para muchos catalanes, una humillación de la que difícilmente se vuelva, como no sea en forma de búmeran.  

Por el lado del independentismo las cosas no han sido menos intransigentes. Por años renegaron de todo lo español, impusieron el catalán a expensas del castellano en toda la comunidad, muchas veces de un modo bastante arbitrario; y cuando la crisis de 2008 les empezó a granjear cada vez más gente descontenta con España, decidieron emprender rápidamente el camino de la ruptura.

No escucharon a los sectores dentro de la propia Cataluña que querían seguir perteneciendo al reino, descalificándolos como vulgares “traidores”, o “botifler”, el término con que motejaban en el siglo XVIII a los colaboracionistas catalanes durante la ocupación de las tropas borbónicas. No escucharon siquiera a los catalanistas más moderados, que les pedían cautela y buscar una salida de consenso con Madrid. Irse sí, pero en buenos términos, sin dar el portazo, reclamaban estos sectores no tan alejados de sus propias ideas e intenciones ulteriores. Pero tampoco escucharon. Estos no eran traidores, pero sí “vendidos”.

Todo aquel que no abrazara la causa de la independencia a como diera lugar como la única salida, era tachado de traidor o vendido. Y el Estado español, de autoritario y franquista.

Acallados los disensos internos a fuerza de estigmatización y mayorías en las urnas, prosiguieron con la aventura separatista. Subestimaron a España y a los españoles, asumiendo que toda Europa los iba a apoyar y podrían irse sin necesidad de negociar con Madrid.

En ese juego de suma cero, nadie saldría ganando; perdería Cataluña y perdería España. Si la intolerancia española alimentaba el independentismo en Cataluña, tal como en épocas de Unamuno, la intolerancia de los independentistas catalanes alimentaba el nacionalismo español. De hecho fue el principal fermento para el ascenso de Vox, el partido nacionalista español que hoy crece en toda España. 

Así las cosas, España continúa hoy paseando por Europa su ingobernabilidad, celebrando el mes que viene las terceras elecciones generales en poco más de tres años y exhibiendo la ineficacia y torpeza de sus líderes políticos. Y Cataluña, hundida en la incertidumbre, los rencores, las divisiones y la humillación. El “juicio al procés”, que ahora mismo se ve en la tele, con sus desmesuras y ridículas pretensiones punitivas, aparece como las borrosas imágenes de un sueño malogrado de aquella España democrática que todos admiramos y que, en su día, tanto supo inspirar al proceso de democratización latinoamericano. 

El llamado de Macron