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El oficialismo chileno acordó que hará modificaciones en la Constitución si gana el Apruebo
Los partidos políticos oficialistas de Chile acordaron realizar cambios al nuevo texto constitucional en caso de que gane el Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre.
Las principales modificaciones son el fin de la reelección presidencial, y precisiones sobre los nuevos derechos de los pueblos originarios, en especial alcances de la justicia indígena, consentimiento indígena y especificación sobre las autonomías territoriales de dichos pueblos.
Otras modificaciones refieren a como se articularán los derechos a la salud, a la educación y a las “pensiones dignas”, donde se permitirá desde el texto constitucional la enseñanza privada subvencionada, la continuidad de la medicina privada dentro del nuevo sistema público y salud, y el componente mixto en las jubilaciones.
El acuerdo fue firmado el jueves por los presidentes de los diez partidos que respaldan al presidente Gabriel Boric y en momentos en que la opción Rechazo al nuevo texto lleva ventaja en las encuestas.
Si gana el Apruebo, la nueva Constitución reemplazará de inmediato a la vieja carta magna dictada por Augusto Pinochet en 1980; de los contrario quedará en pie la que está en vigor desde hace más de cuatro décadas.
Los cambios comprometidos, según el acta firmada, buscan “mejorar el texto” elaborado por la Constituyente y dar “certezas acerca de las mejoras y aclaraciones” sobre cómo se implementarán.
La nueva propuesta constitucional asigna atribuciones a los pueblos originarios, elimina el Senado, consagra el derecho al aborto, así como da garantías de derechos sociales hasta ahora ausentes en la constitución de Pinochet, entre otros el derecho al agua, a pensiones, a la salud y la educación.
En torno a los nuevos derechos de los pueblos originarios, el compromiso establece que el mecanismo de consulta indígena se aplique “solo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas” y que el consentimiento previo de las comunidades, establecido en la propuesta de Constitución, “no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”.
Sobre las autonomías territoriales, el acuerdo contempla que seguirán “los principios de unidad e indivisibilidad del Estado de Chile y de las libertades reconocidas y protegidas para todas las personas”, para lo cual se establecerá “expresamente” que sus atribuciones deben ser “coherentes con el carácter único e indivisible del territorio de Chile”.
Finalmente, en cuanto a los sistemas de justicia indígena, el oficialismo reafirmó la “igualdad ante la ley como principio rector” y que “la justicia indígena solo se aplicará a miembros del mismo pueblo, será voluntaria y no tendrá competencia respecto de delitos penales”.
El nuevo documento constitucional describe a Chile como "Estado social y democrático de derecho" que debe proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de las personas.
El derecho a una pensión digna será en base a un “nuevo modelo mixto, donde seguirá existiendo un componente de capitalización individual, en los mismos términos que en la actualidad”.
También el documento especificó que “se asegura explícitamente que la propiedad de las viviendas, indistintamente del tipo de propietario, se protegerá bajo toda circunstancia”.
Por otro lado, el oficialismo abordó el nuevo Sistema Nacional de Salud “no limita la posibilidad de que participen los privados como prestadores” sino que “asegurará un sistema integrado con participación pública y privada, donde siguen existiendo clínicas, hospitales y centros médicos privados”.
El derecho a la educación “respetará la existencia y desarrollo de la educación particular subvencionada, siempre con pleno reconocimiento del Estado dentro del Sistema Nacional de Educación”, dice el acuerdo.
Finalmente, en materia de seguridad los partidos oficialistas se comprometieron a “establecer en la Constitución el Estado de Emergencia por grave alteración de la seguridad pública, autorizando que las Fuerzas Armadas puedan colaborar, a requerimiento de la autoridad civil y en las condiciones calificadas que establezca la ley, en tareas de resguardo del orden constitucional y del Estado de derecho”.
(Con información de prensa chilena, agencias y BBC Mundo)
