Desde que la líder política Aung San Suu Kyi fue detenida el 1 de febrero y se consumó el golpe de Estado en Birmania, el ejército ha ordenado cinco cortes temporales de internet. Con el bloqueo, además, de algunas redes sociales y la presentación de una ley sobre ciberseguridad, la estrategia de la junta militar parece ser aislar a los birmanos del mundo exterior.
Este miércoles por la mañana, la ONG NetBlocks que vigila los cortes de internet en el mundo denunció que el país asiático sufrió un "corte casi total de internet por tercera noche consecutiva", dejándola en una oscuridad informativa. La conectividad de internet estaba al 20% de su nivel normal.
Varias redes sociales como Facebook o Twitter están actualmente inaccesibles, coincidiendo con el crecimiento de una campaña en línea contra el golpe de Estado.
Para Myo Naing, de 46 años, este apagón reaviva los recuerdos dolorosos de la vida bajo la junta militar antes de internet. "La gente tenía que encontrarse en las calles para compartir informaciones", cuenta a la AFP este empleado de una agencia de alquiler de coches.
Hubo que esperar hasta 2013 para que Birmania se pudiera beneficiar de un buen acceso a internet, gracias a la llegada de grandes operadores extranjeros.
La respuesta no está clara. Una de las explicaciones posibles sería que el régimen analiza los datos para realizar detenciones, dice a la AFP el experto en ciberseguridad Damien Manuel, de la universidad australiana Deakin.
Pero su colega Matt Warren de la RMIT University de Melbourne cree que la junta podría querer inspirarse de la "Gran muralla informática" que ha levantado China para crear su propio sistema de control de la información.
"El modelo chino es un ejemplo de la forma en que un gobierno puede controlar a su población desde un punto de vista digital", dice a la AFP, al recordar que Arabia Saudita, Turquía o Vietnam también tienen mecanismos similares, aunque menos sofisticados.
Independientemente de las razones, la irregularidad de los cortes hace pensar que la junta está tanteando. "Reaccionan ante la situación", quiere creer Warren. "No tenían un plan concreto para controlar internet al comienzo del golpe".
Esta estrategia ha generado un clima de miedo entre la población. "Pueden hacer lo que quieran durante los cortes, por eso nosotros debemos proteger las calles", dice Win Tun, un habitante de Rangún de 44 años.
En lo que respecta al corte de internet, la eficacia ha sido relativa ya que los internautas utilizan los VPN.
El sitio Top10VPN, con sede en Gran Bretaña, ha registrado un aumento del 7.200% de la demanda de VPN tras la prohibición de Facebook en Birmania el 4 de febrero. "Como los VPN permiten a los habitantes eludir las restricciones, las autoridades se esfuerzan generalmente en restringir su eficacia", explica a la AFP Samuel Woodhams, de Top10VPN.
Algunas informaciones hablan de servicios de VPN bloqueados en Birmania, pero se ignora cuántos se han visto afectados, agrega.
La junta también ha reforzado el arsenal represivo con la presentación de un proyecto de ley sobre ciberseguridad que muchos consideran que cercena las libertades.
Esta ley dará a las autoridades amplios poderes para bloquear páginas, decidir cortes de internet y luchar contra la propagación de información que consideran falsas. Asimismo ha pedido a los proveedores de acceso a internet que conserven durante tres años los metadatos de los usuarios, y ponerlos a disposición de las autoridades "en nombre de la seguridad nacional".
El grupo de telecomunicaciones noruego Telenor, uno de los principales operadores en Birmania, estaba preocupado por el alcance de esta ley. Obligado por las autoridades locales a realizar restricciones en las telecomunicaciones en Birmania después del golpe, el operador había jugado inicialmente la carta de la transparencia y colgado en su página un diario detallando las diferentes directivas que tenía que cumplir.
Pero el lunes alegó la seguridad de sus empleados para explicar la razón de haber dejado de comunicar sobre el estado de sus servicios en Birmania.
El proyecto de ley no solo preocupa por el respeto de los derechos humanos. Algunos temen que pueda repercutir en la capacidad de las empresas para operar en el país. Este testo es "el sueño de todos los déspotas", anunció Linda Lakhdhir, de Human Rights Watch.
"Va a reforzar la capacidad de la junta para imponer una vigilancia generalizada, reducir la libertad de expresión en línea y cortar el acceso a los servicios esenciales".
AFP
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