25 de enero 2020 - 5:00hs

La ley de urgente consideración del nuevo gobierno comandado por Luis Lacalle Pou abre un debate sobre problemas centrales del país, pero también es una prueba de fuego para los dos bloques partidarios que tiene el sistema político uruguayo.

En lo primero, genera una discusión sobre seguridad pública, la reforma educativa, los planes para inserción social de marginados, la presión fiscal sobre el aparato productivo, las relaciones laborales, la reestructura del sistema jubilatorio, el funcionamiento de las empresas públicas, la estructura del gobierno central, entre otros temas.

En lo segundo, pone a prueba el funcionamiento político de la “coalición multicolor” y también permite mostrar cómo se posicionan los partidos en nuevos roles de gobierno y oposición.

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Inés Guimaraens

Desde el Frente Amplio se visualizan posturas diferentes, que marcan la cancha de lo que será la configuración de liderazgos sectoriales dentro de la izquierda.

El diputado Alejandro “Pacha” Sánchez (MPP, que ha demostrado ser uno de los mejores legisladores del Frente Amplio, reaccionó con un reflejo de lógica política, cuando dijo en Twitter:

Reconoce que no sorprende el contenido. ¿Cómo puede sorprender algo tan anunciado en discursos, en programas de gobierno, en el texto del acuerdo multipartidario? Si hasta la campaña electoral pareció en un momento que había quedado larga porque se repetían los conceptos que venían afirmándose desde antes de las internas.

Entonces golpea en el contenido, exponiendo la visión que tiene la izquierda, que es bipolar sobre el resultado de políticos: el Frente Amplio da derechos y apoya a lo público, mientras que los otros, la derecha y sus socios, “recortan” derechos y promueven lo privado.

Óscar “Boca” Andrade, senador electo por el Partido Comunista, también fue en esa línea:

El “nada nuevo” es justo.

Diferente es la reacción en la mayoría de dirigentes frenteamplistas, que se expresan con angustia, con dolor y sobre todo con sorpresa, con indignada (e inentendible) sorpresa.

El director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, es uno de los tantos que hacen ese curioso razonamiento. Y citó un tuit con lo que había dicho el 21 de noviembre: “Lacalle tiene un programa oculto, llamado ley de urgente consideración”.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo este viernes en rueda de prensa que “este era el plan de gobierno que había que presentar antes de las elecciones para saber en dónde estábamos parados".

¿Programa oculto? Si eso está dicho con picardía para transmitir la idea de algo oscuro, de hacer creer a ingenuos votantes que así fue, el razonamiento podría ser criticado por cuestiones de ética política aunque comprenderse dentro del juego partidario. Pero si tantos dirigentes frentistas o militantes calificados, incluso el presidente del Frente Amplio, creen que eso es así, que el anteproyecto de ley es una propuesta que estaba guardada en un cofre fort para que nadie lo conociera, y ahora fuera puesto a votación, si “compran” esa idea, es muy llamativo. Quiere decir que en medio de la campaña ni leían las propuestas de sus adversarios, que ni las analizaban, que no escuchaban discursos o entrevistas a los rivales electorales.

Las redes sociales mostraron esa reacción de muchas figuras de izquierda, con indignación y alarma: “Mirá lo que se traían entre manos”.

El contenido del paquete de reformas genera debate y posturas encontradas en el sistema partidario, pero más allá de diferencias, el plan de Lacalle Pou debería ser valorado positivamente por todos los sectores políticos, porque cumple los requisitos de la democracia.

Nadie puede decir que no lo anunció, que no lo propuso antes, que no lo explicó en detalle. Y ahora, lo positivo es el cumplimiento. De eso trata la democracia, de competir con ideas y propuestas, de que uno gane solo o con aliados si la aritmética de los votos así lo exige, y de que cuando llegue al poder, cumple lo prometido.

La crítica debería haber sido si Lacalle Pou no enviaba este proyecto, o si enviaba uno con medidas que no habían sido ofrecidas a los electores y debatidas con socios y adversarios. Pero es un ejercicio democrático perfecto:

  1. el candidato levantó un programa de gobierno, amplio y detallado, que no fue lista de intenciones o expresiones de voluntad,
  2. tras la interna, unificó el programa contemplando propuestas de los sectores que habían salido en segundo, tercero o cuarto lugar, para que el Partido Nacional como lema tuviera un plan de acción único,
  3. en actos de campaña mostraba su programa y los de posibles socios, con el anuncio de que sus técnicos trabajaban en coincidencias entre esos partidos para derivar a uno de consenso,
  4. así se hizo, en un texto de acuerdo entre cinco partidos, con la firma de los candidatos presidenciales y el compromiso de instrumentarlo en una ley de urgencia, que tiene plazos acotados para su tratamiento. Y ese documento tampoco era novedoso, sino que sintetizaba planteamientos que la oposición había hecho durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez,
  5. la gente votó en octubre por un cambio político, eligiendo legisladores que proponían esos temas y esas medidas (y generó una mayoría parlamentaria para apoyar esas ideas),
  6. cuando falta más de un mes para la transmisión de mando, el anteproyecto de ley se distribuye entre los miembros de la nueva coalición oficialista, pero también se hace pública para discutir antes de que llegue al Parlamento; eso habilita debate en tiempo mayor a lo que la Constitución establece para la “urgencia”,
  7. lo que se hace público es el articulado, es la formulación legislativa, pero las propuestas son las que se conocían hace meses.

Diego Battiste

No es fácil encontrar otro plan político-legislativo más transparente que este. Se podrá estar de acuerdo total o parcialmente, o rechazar con mesura o visceralmente, pero no puede sorprender a nadie.

El presidente del Frente Amplio dijo que el proyecto expresa un gobierno “conducido por conservadores, neoliberales y reaccionarios”. La mayoría del electorado (54%) votó eso, a esos conductores políticos y a ese programa (más allá del detalle, a las ideas generales que impulsaban en seguridad, educación, políticas sociales).

La pulseada política ha comenzado y el principal desafío es para la coalición multicolor, no solo para acordar el texto final previo a la transmisión de mando, sino para votar la ley en tiempo y forma, con un debate parlamentario ordenado y sin caer en provocaciones opositoras para generar alguna disidencia.

Lacalle Pou cumplió con su plan y sus promesas; ahora los focos están sobre los socios de la “coalición multicolor”. La negociación por candidatos a la Intendencia de Montevideo es la peor imagen de improvisación, pero pueden mostrar profesionalismo político con la ley de urgencia. Eso será clave para comprender cómo funcionará el nuevo gobierno.

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