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Conocé los detalles del proyecto de ley de urgente consideración

La seguridad es uno de los puntos centrales de la iniciativa promovida por el gobierno electo

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22 de enero de 2020 a las 19:38

Con la seguridad pública como su primer capítulo y el más extenso (94 artículos), el gobierno electo publicó este miércoles el proyecto de ley de urgente consideración con el que Luis Lacalle Pou buscará poner en marcha la próxima administración. La iniciativa fue presentada durante la mañana a los líderes de todos los partidos que integran la coalición del futuro gobierno y a legisladores nacionalistas.

En total, el texto tiene 10 secciones: seguridad pública; secretaría de inteligencia estratégica del Estado; educación; economía y empresas públicas; eficiencia del Estado; sector agropecuario; relaciones laborales y seguridad social; desarrollo social y salud; normativa sobre la emergencia en vivienda; y por último un capítulo sobre “otras disposiciones”.

Una de las novedades que presenta en materia de seguridad es que extiende la presunción de legítima defensa a todo el predio de una vivienda y de un establecimiento rural.

Se podrá considerar que actuó en legítima defensa quién emplea violencia para defender todas las dependencias de una casa, lo que comprende balcones, terrazas, azoteas, barbacoas, jardines y garajes o similares, y en el caso del campo se incluyen los galpones y otras instalaciones que forman parte del establecimiento.

También se considerará que ejercen la legítima defensa quien repele una agresión física contra él o un tercero, si se trata de funcionarios policiales, de la Prefectura de la Armada, o del Ministerio de Defensa, incluyendo a quienes protegen la seguridad de las fronteras en el marco de la ley aprobada en 2019.

Queda comprendido además quien salga en defensa del cónyuge, de los padres o hijos, y todo el que actúe en defensa de un extraño, siempre "que no actúe impulsado por venganza, resentimiento u otro motivo ilegítimo".

En seguridad el anteproyecto de ley promueve el aumento de penas para delitos gravísimos como abuso sexual, así como mantener los antecedentes de los menores infractores, también en casos de delitos gravísimos. En el plano económico, el borrador del texto promueve la desregulación de la importación de los combustibles y la creación de una regla fiscal.

Además el gobierno de coalición impulsará cambio en la gobernanza del sistema educativa, bajo el que los órganos desconcentrados como los consejos de Secundaria y de Primaria van a ser direcciones generales. También la creación de un consejo de expertos para analizar cambios en la seguridad social.

Seguridad

Legítima defensa. Extensión de la presunción de legítima defensa en establecimientos rurales y personal que trabaja en comercios.

El proyecto extiende la legítima defensa a quien emplea violencia para defender todas las dependencias de una casa (los balcones, terrazas, azoteas, barbacoas, jardines y garajes o similares) o de un campo (se incluyen los galpones o instalaciones que forman parte del establecimiento).

También se considerará que ejercen la legítima defensa quien repele una agresión física contra él o un tercero, los funcionarios policiales, de la prefectura, o del Ministerio de Defensa, incluyendo quienes protegen las fronteras en el marco de la ley aprobada en 2019.

Se incluye a quien salga en defensa del cónyuge, de los padres o hijos, y todo el que actúe en defensa de una persona

Aumento de penas. Se incluye a los cómplices de los delitos de drogas en el artículo 89 del Código Penal que podrán ser penalizados por la misma pena que los autores. Se considerará circunstancia agravante el encubrimiento en los delitos vinculados al narcotráfico, así como en los casos de rapiña, copamiento, secuestro.

Se propone incrementar la pena de 4 a 16 años (hoy tiene pena de 2 a 12 años) y suman como parte del delito el abuso de las relaciones domésticas. En el caso del abuso sexual elevan la pena de 4 a 16 años de penitenciaría.

Se agrega en el delito de desacato a quien se resiste a ser detenido por la policía o a quién ataca a un policía. Con la misma pena será castigado el que intentará impedir la detención de otra persona, oponiendo resistencia física, obstruyendo la acción de la autoridad, o facilitara su fuga.

Las bocas de pasta base se suman a los delitos de narcotráfico que se penan con penitenciaría de 4 a 15 años.

Los delitos de narcotráfico pasan a ser inexcarcelables.

Robo de armas a policías. Al delito de receptación se le agrega que “cuando el objeto del delito de receptación sea un arma de fuego, la pena mínima será de dos años de penitenciaría. Si el arma proviniera de la Policía o de las Fuerzas Armadas, el mínimo será de tres años”.

Cambios al CPP. En el articulado se proponen varios cambios al Código de Proceso Penal vigente desde noviembre de 2017 entre lo que se plantea darle potestades a la policía de interrogar a los detenidos antes de pasarlo al fiscal. Amplía de dos a cuatro horas el plazo de detención de personas en averiguaciones en casos de registros en busca de pruebas de delitos. La policia podrá registrar a las personas y vechículos y luego comunicarlo a los fiscales. El proceso abreviado por el cual el delincuente puede acordar una pena menor con el fiscal solo se aplicará a a delitos con una pena máxima de tres años de penitenciaría o de una pena no privativa de libertad.

Tobilleras. El retiro no autorizado o la destrucción intencional, se castigará con penas de diez meses a 18 meses de prisión y con 20 UR (veinte unidades reajustables) a 900 UR (Unidades Reaustables) de multa.

Tarea policial. Amplía a cuatro horas el plazo para la comunicación inmediata al fiscal de la actuación policial.Se establece la potestad de pedir la cédula, la obligatoriedad de entregarla y la detención a quien se niegue.

Ley orgánica policial. El director de la Policía Nacional será secundado por un subdirector del Área Metropolitana, con competencia en los departamentos de Montevideo, Canelones y San José, y por un subdirector del Interior, con competencia en el resto del territorio nacional; y se crea la Dirección Nacional de la Seguridad Rural cuyos cometidos son el diseño, la coordinación, la ejecución, y la evaluación de las políticas de seguridad en el medio rural.

Porte de armas a personal retirado. El personal policial en situación de retiro tendrá el derecho de portar arma, y podrá actuar en caso de delitos de flagrancia, dando cuenta de inmediato a la autoridad policial con jurisdicción en el lugar de la ocurrencia del hecho.

222. Se extiende de 50 a 100 horas el límite de horas de vigilancia que pueden ejercer los policías pero el algo que ya fue acordado en setiembre pasado entre policias y Ministerio de Trabajo. Además, se faculta al Ministerio del Interior a ampliar dicho tope hasta en 20 horas mensuales e individuales.

Menores. Mantener antecedentes a menores en casos de delitos gravísimos. Si volvieran a cometer un delito siendo mayores de edad, no podrán ser considerados primarios (art. 222 del Código de la Niñez y la Adolescencia).

Se duplica de 5 a 10 años el lapso máximo de privación de libertad para los menores autores de infracciones gravísimas a la ley penal, toda vez que sean mayores de quince años y menores de dieciocho.

Las medidas privativas de libertad para delitos gravisimos tendrán una duración no inferior a los dos años.

Economìa

Se prevé la creación de una regla fiscal cuyo ámbito de aplicación abarcará a la administración central y a las entidades estatales comprendidas en el artículo 220 de la Constitución.

El Poder Ejecutivo determinará, en el marco del proyecto de ley de Presupuesto Nacional, los lineamientos de la política fiscal que se aplicarán durante su administración, los que incluirán una meta indicativa de resultado fiscal estructural de las entidades estatales comprendidas en el ámbito de aplicación, dice el proyecto

La regla fiscal será complementada con un tope de incremento anual de gasto real vinculado al crecimiento potencial de la economía.

Además, el Poder Ejecutivo, a iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), podrá crear un Comité de Expertos cuya función principal será proveer los insumos para realizar los cálculos del balance estructural. También podrá crear un Consejo Fiscal Asesor a los efectos de asesorar al MEF.

Por otro lado, en el caso de existir excedentes fiscales, dichos recursos podrán afectarse a un fondo con el objetivo de financiar políticas fiscales en fases recesivas del ciclo económico.

En otro orden, la inclusión financiera se renombra como libertad financiera. Mientras que la ley aprobada en 2014 estipulaba que el pago de los sueldos debían ser por medios electrónicos, el artículo plantea que los sueldos “podrán” efectuarse por esa vía, “sin perjuicio de la modalidad en efectivo”.

Según el proyecto de ley, “la modalidad de pago será acordada entre el trabajador y el empleador al momento del inicio de la relación laboral y tendrá vigencia por el término de un año”, prorrogándose “por igual período” en caso de que no se acuerde una nueva modalidad antes.

La ley actual dispone que el trabajador tiene derecho a elegir la institución de intermediación financiera en la que desea percibir el sueldo. El proyecto de ley establece ese derecho “en caso de que el pago sea acordado” por medios electrónicos.

No hay ninguna referencia a mecanismos para laudar ante situaciones en las que no se acuerde. La reglamentación de la ley definirá los plazos y modalidades para los vínculos laborales ya existentes.

El documento también plantea la desmonopolización de combustible con la derogación del monopolio de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y derivados del mismo establecidos a favor del Estado y gestionados por Ancap.

Vivienda

El proyecto de ley dispone regímenes de arrendamiento sin garantía para hogares de vivienda. De todos modos, aclara que “no se considerará desvío del destino casa habitación la instalación en la finca arrendada de una pequeña industria doméstica o artesanal, en ambos casos con no más de dos trabajadores dependientes, así como el ejercicio de una profesión universitaria o similar”.

“En todos los casos indicados siempre que el arrendatario habite la finca y aquellas actividades no representen inconvenientes para el vecindario por emanaciones, vibraciones, ruidos molestos, ni cause deterioros a la finca, y cumpla con las disposiciones municipales respectivas. Haya ausencia de garantías de cualquier naturaleza a favor del arrendador. El contrato se extienda por escrito. En el contrato se consigne expresamente el plazo y precio del arriendo”, agrega.

En cuanto a los asentamientos, busca “facilitar el otorgamiento de los títulos de propiedad de la vivienda y el terreno a los residentes de los asentamientos irregulares, en las condiciones que la reglamentación establezca” y ejecutar políticas para que no se sigan formando asentamientos irregulares.

Trabajo

En el capítulo sobre relaciones laborales el proyecto de ley plantea que toda modalidad de huelga deberá ejercerse de manera pacífica y asegurando la libertad de trabajo de los no huelguistas y el derecho de la dirección de la empresa a ingresar en los locales de la compañía. Agrega que el Poder Ejecutivo podrá imponer restricciones a estas medidas cuando no reúnan las condiciones establecidas.

El presidente electo Lacalle Pou ya había adelantado que derogaría el decreto 165 sobre las ocupaciones de los lugares de trabajo de 2006.

Seguridad social

Se crea un grupo de expertos que debe ser aprobado por la Asamblea General y se comprometen ante ella. Tendrá como cometido analizar fortalezas y debilidades de los diversos regímenes previsionales que conforman el sistema para efectuar un diagnóstico de la situación actual y perspectivas de corto, mediano y largo plazo.

Además, plantea la posibilidad de poder realizar una consulta para ver por qué sistema conviene jubilarse.

Ministerio de Desarrollo (Mides)

El proyecto de ley promueve una “adecuación de cargos” en el Ministerio de Desarrollo Social, acorde a una “nueva estructura organizativa”. “Las modificaciones de las estructuras escalafonarias de puestos de trabajo no podrán causar lesión de derechos funcionales”, agrega el artículo 373.

El nuevo gobierno señala que se conformará en la órbita del Mides un “registro único de los destinatarios de los programas sociales”. También, que los convenios de esa cartera con instituciones públicas y privadas incluyan una “definición clara de los objetivos a lograr, forma de evaluación y monitoreo de resultados”.

El Instituto Nacional de las Mujeres promoverá “medidas preventivas y la obtención de los recursos requeridos, para minimizar el riesgo de las víctimas potenciales de la violencia de género”.

Educación

El proyecto de ley redefine los cometidos del Ministerio de Educación y Cultura y dispone, por ejemplo, que elabore “el Compromiso de Política Educativa Nacional que acompañará la solicitud de venias para designar a los tres miembros del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública propuestos por el Poder Ejecutivo”.

También modifica los órganos de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) que pasarán de ser consejos a ser direcciones, a excepción de dos de sus órganos. Por ende, los nuevos organismos se denominarán,: Consejo Directivo Central, Dirección General de Educación Inicial y Primaria, Dirección General de Educación Secundaria, Dirección General de Educación Técnico Profesional, y Consejo de Formación Docente.

El documento plantea que el Consejo Directivo Central de la ANEP esté integrado por cinco miembros, los que deberán “poseer condiciones personales relevantes, reconocida solvencia y méritos acreditados en temas de educación”.

El Consejo Directivo Central tendrá, entre otros cometidos, designar a los directores generales, por mayoría de integrantes del cuerpo, a los subdirectores y a los integrantes del Consejo de Formación Docente, así como aprobar los planes de estudio aprobados por las direcciones generales y el Consejo de Formación Docente. En tanto, “los directores generales y el presidente del Consejo de Formación Docente participarán regularmente de las sesiones del Consejo Directivo Central, con voz y sin voto, excepto en el tratamiento de recursos jerárquicos”, indica el documento.

También “podrá establecer mecanismos que permitan optimizar el uso de los espacios educativos disponibles con el fin de ampliar el tiempo pedagógico, pudiendo combinar modalidades y niveles educativos de los diferentes subsistemas”.

Portabilidad numérica

Se declara que la “portabilidad numérica” es un derecho de los usuarios de los servicios de telefonía móvil.

Los operadores de servicios de telefonía móvil que tengan derecho a asignación directa de numeración se obligan a prestar el servicio de portabilidad numérica, entendida como la posibilidad del usuario de conservar su número telefónico sin deterioro de la calidad y confiabilidad, en el evento de que cambie de operador. La Ursec será la encargada de elaborar un cronograma para la implementación, a través de un Comité de Portabilidad Numérica que se creará dentro de los sesenta días de promulgada la ley.

Eficiencia del Estado

El proyecto crea la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas que dependerá de Presidencia. Será presidida por el prosecretario de la Presidencia e integrada por el Ministro de Economía y Finanzas, el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Director Ejecutivo de la Agencia. Tendrá un Director Ejecutivo y un Subdirector, que serán designados por el presidente.

También instaura a la Agencia Reguladora de Compras Estatales, depende de la Prosecretaría de la Presidencia.Puede supervisar la correcta ejecución de los contratos que se celebren en el ámbito de la Administración central. Tendrá un director y un dubdirector. Se eliminan la Unidad Central de Adquisiciones y la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado.

El artículo 301 permite al Poder Ejecutivo aprobar reestructuras en todos los ministerios. Podrán crear, suprimir, transformar y fusionar unidades ejecutoras, así como modificar sus denominaciones. En ningún caso las reestructuras organizativas podrán afectar o lesionar los derechos de los funcionarios públicos. Las reestructuras serán enviadas a la Asamblea General, debiendo la misma expedirse dentro de un plazo de cuarenta y cinco días vencido el cual, sin opinión en contrario, se entenderán aprobadas.

Conocé el proyecto de ley completo.

 

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