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15 de enero 2023 - 5:00hs

En el breve murmullo de dos jueces que parecen ser importantes, a un preso se le va la vida. O la libertad. No solo a los ojos del preso parecen importantes, realmente lo son. Quienes tienen el poder de entregarles una libertad que en realidad no les corresponde, son dos de los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia.

Frente a ellos los presos no se presentan, desfilan. En su jerga lo llaman así. Lo hacen en la cárcel, a donde los ministros viajan especialmente a verlos. Los operadores jurídicos que intentan describírselo a alguien que jamás lo vio, usan todo tipo de ejemplos ampulosos, entre ellos el de "circo romano" y "perdón divino", pero en la letra fría de la normativa que lo autoriza, se lo considera un instituto de "clemencia soberana"

Técnicamente, la excarcelación provisional por gracia es una vía que los abogados pueden pedir cuando su cliente cumple con determinados requisitos. Se valoran los casos en los que han estado presos mucho tiempo sin acusación presentada (más de dos años). Si hay acusación, exigen que se haya cumplido al menos la mitad de la pena solicitada por el fiscal, y también se tienen en cuenta casos en los que hay sentencia pero que no esté ejecutoriada (firme) porque alguna de las partes apeló. Si alguna de estas situaciones cambia, el procesado puede volver a prisión. Además, para acceder a este beneficio, es necesario tener una muy buena conducta carcelaria. 

Una vez que estudian la ficha, ese par de ministros viajan a las cárceles de la sección del país que les tocó y conforman una mesa en la que también se sientan el juez y el actuario de la causa. En ese escenario arranca a definirse la suerte de los presos. Generalmente, el desfile se da en un salón grande donde están presentes todos los presos que van a desfilar junto a sus abogados y desde donde miran todo lo que sucede, expectantes. Al que le toca, pasa al frente y se sienta en una silla delante de la mesa. El abogado hace su breve alegato —los ministros tienen que cumplir con un tiempo pactado de presos por hora— y puede pedir la intervención del preso o de alguno de los funcionarios penitenciarios que compartió con él. Después de eso, el murmullo que fija su destino. Uno de ellos alza la voz y comunica la resolución. A lugar o denegada. Sin más. 

Pero toda esta experiencia ha caído en desuso por dos motivos. El primero, es que desde la irrupción de la pandemia en 2020, la Corte decidió comenzar a hacer los desfiles por videoconferencia. Si bien la emergencia sanitaria cesó, este 2022 también se hizo de esta forma. Ante la consulta de El Observador, desde la SCJ dijeron que eran tan pocos los presos que tenían que desfilar, que no tenía sentido hacer el viaje. El bajo número de presos que se anotaron para pedir este beneficio es el principal motivo por el que estas escenas que se repetían año a año van camino a la extinción. 

El cambio en los números es producto de un cambio de norma. En noviembre de 2017 entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal (CPP) que modificó las reglas del juego para todo el sistema penal. Uno de los numerosos cambios que introdujo fue la implementación de los acuerdos abreviados. Una vía por la que, si el acusado asume su culpabilidad, puede obtener una pena un tercio más baja de la que hubiera obtenido en un juicio. Ese acuerdo se valida ante el juez de la causa, que tiene que certificar que el imputado esté de acuerdo. Cuando eso sucede, la sentencia queda ejecutoriada (firme), razón por la que pierde el derecho a acceder a la excarcelación por gracia, según explicó a El Observador el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas, Juan Fagúndez. Entre el 85% y el 90% de las causas penales se resuelven de esta manera. 

A su vez, el porcentaje —residual— que va a juicio, se resuelve bastante más rápido que con el código anterior. El fiscal tiene un plazo de un año —con la opción de prórroga a dos— para investigar y, si bien no hay plazo para el desarrollo del juicio oral, no suele extenderse más de un año como máximo. 

Además, la "clemencia soberana" siempre tuvo sus detractores. “Uno no tiene que actuar con clemencia, sino aplicar la ley”, había dicho en 2019 el exministro de la Corte Leslie Van Rompaey al Semanario Búsqueda. “Pienso que hay que reexaminar si tiene sentido mantener ese instituto, a la luz de la evolución de la legislación. Preguntarse si tiene alguna utilidad, si contribuye a un descenso de los delitos o a la rehabilitación de las personas (...) Un instituto de ‘clemencia soberana’ es obsoleto, inadecuado para las circunstancias actuales”, opinó en ese sentido. El Observador consultó a la Suprema Corte de Justicia y si bien el instituto ha caído en desuso, no han barajado la posibilidad de eliminarlo. 

El desafío de fallar mirando a los ojos

Cuando en su cómodo despacho del Palacio Piria el entonces ministro Jorge Chediak estudiaba las fichas de los presos, escribía anotaciones en cada una. Hacía cálculos de los años que le quedaban por cumplir y ponía un símbolo. Una cruz si se inclinaba por denegarle el beneficio, un signo de interrogación si le generaba dudas o simplemente 'Sí', si se inclinaba por otorgarle la libertad. 

Cuando visitaba el inhóspito centro carcelario de turno y sentaban al protagonista de esa ficha frente a él, su valoración previa podía cambiar. Generalmente, indicó, sus dudas se transformaban en un 'sí', e incluso cruces que había inscripto en las fichas se volvían otorgamientos. "A mí me resultaba particularmente significativo mirarle los ojos —porque estábamos a un metro— a la persona sometida a este examen", contó el exministro, actual titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) a El Observador. Su compañero de visitas los últimos años fue Ricardo Pérez Manrique, ahora presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Esas breves conversaciones en las que decidían —y que a los abogados y reclusos les quita el sueño conocer su contenido—, según Chediak, eran muy básicas. Se preguntaban el uno al otro su decisión. Si coincidían, no había más vuelta que darle al asunto. Si alguno había variado su decisión inicial tras escucharlo, comentaban brevemente qué lo había hecho cambiar de opinión. Si no estaban de acuerdo, pedían que se eleve al acuerdo de ministros para que los cinco miembros de la Corte, luego, estudiando en detalle el expediente, tomaran una decisión. 

"Muchas veces era muy tocante el alegato de la propia persona privada libertad, generalmente de escasa instrucción o con un nivel intelectual medianamente inferior a la media de la población, una situación económica muchas veces marginal. También se expresaban con vocabulario limitado, pero muchas veces salía del corazón", recordó Chediak. "Podrán decir: 'Les mentían'. Probablemente sí. Pero los jueces, sobre todo cuando estábamos a cargo de la investigación, estábamos acostumbrados que durante toda nuestra carrera la gente nos mintiera y vas desarrollando una percepción de si te están diciendo la verdad o no. Si era de corazón o solo un impulso para obtener la libertad", complementó. 

En la mayoría de los casos eran delitos contra la propiedad, pero en algunos casos también contra la integridad física, como homicidios o abusos sexuales. Había un consenso de los ministros de ser muy estrictos sobre todo en este segundo tipo de delitos, pero Chediak reconoció haberla otorgado la libertad en casos puntuales: enfermedades muy graves, que deterioraban mucho a la persona —como el VIH en la época en la que el tratamiento no estaba tan desarrollado— o personas mayores que superaban los 75 años en esa época. 

"Había situaciones muy especiales y a veces se le otorgaba a homicidas. Estamos hablando de sacarle la vida a otro ser humano, muchas veces con dolo. Pero bueno... Las situaciones particulares: el muy extenso tiempo de libertad ambulatoria y poder ver el intento de redención de las personas", recordó. 

La tercera fue la vencida

"Él estaba resignado con que se la iban a negar", contó su abogado, Santiago Alonso a El Observador. Ya había ido los dos años anteriores, sin éxito. La primera vez que pidió el beneficio, ya hacía cinco años que estaba preso preventivamente por un crimen que varios años después se probó que no cometió. 

Ricardo de la Fuente fue encarcelado en 2009 por el homicidio de su novia, Laura Busquets. Los ministros de la Corte lo evaluaron en 2014 y 2015, con resultado adverso para él. La tercera vez, desfiló sin esperanza. En un muy breve alegato —se les exige que sea breve— Alonso reiteró que su cliente trabajaba, estudiaba, que tenía salidas transitorias periódicas a esos fines y tenía una excelente conducta carcelaria. También mencionó que —si se le computaba la redención por trabajo y estudio— ya había cumplido dos tercios de una pena que ni siquiera se le había impuesto. 

La respuesta fue una sorpresa. Se hacía lugar a la petición que, antes, les habían negado dos veces. "Cuando los Ministros le manifestaron que le concedían el beneficio, él se puso de pie, y me dijo que no entendía nada (…) No entendía que iba a salir después de tanta cantidad de años”, contó Alonso. 

Luego, cuando culminó el juicio en 2019, se determinó que la razón por la que estaba imputado De la Fuente estaba basada en una pericia mal hecha. Actualmente demandó al Estado por $ 85.009.716

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