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El plan piloto de los médicos de las cárceles para evitar el tráfico de fármacos y otras dificultades que hay para atender presos
La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) tiene a su cargo la atención sanitaria del 70% de la población carcelaria del país. Sin embargo, sus ambulancias no entran a las cárceles. La medida se debe a una decisión sindical, vigente desde hace más una década.
Eso provoca que, cada vez que hay que trasladar a un preso a un hospital, se lo debe llevar a la puerta del establecimiento. A raíz de esta situación, además, la propia ASSE debe invertir cerca de $ 7 millones y contratar un servicio tercerizado que lleve a los reclusos a atenderse.
Así lo explicó en el Parlamento una delegación del Sistema de Atención Integral para Personas Privadas de Libertad (SAI-PPL). Una entidad que tiene a su cargo, justamente, la atención en salud en algunas cárceles del país y que depende del organismo sanitario estatal. Fue en el marco de una serie de contactos que la Comisión Especial de Seguimiento Carcelario de la Asamblea General viene realizando con todos los actores relacionados con el sistema. La inquietud de los legisladores era conocer los enfoques que se están aplicando y las herramientas con las que cuenta esa oficina para la asistencia de los presos.
El problema de los traslados no se termina allí. Según explicó Wilfredo Recalde, uno de los integrantes de la dirección de la SAI, muchas veces las consultas externas de sus pacientes se ven impedidas porque la Policía no puede proveer la custodia necesaria para el viaje. Además, solo se cuenta con dos móviles para esos traslados.
Para la directora del SAI, Teresa Sanabria, se trata de un problema que "preocupa mucho", por el cual "nos gustaría, si se puede, reunirnos cara a cara" con el Ministerio del Interior. Solo en el pasado mes de junio, aseguró, hubo 39 traslados que no pudieron salir de la Cárcel de Mujeres por la falta de custodia. El problema se agrava, agregó, debido a que los hospitales en donde se había conseguido turno después no les quieren dar una nueva fecha.
El SAI está lejos de atender todo el sistema de prisiones del país. Solo lo hace en los centros ubicados en el área metropolitana y en la cárcel de Cerro Carancho, en Rivera. El resto depende de la Dirección Nacional de Sanidad Policial del Ministerio del Interior. El modelo asistencial que aplican es el mismo que el de cualquier Red de Atención Primaria (RAP) de ASSE. Se trata de un centro, un espacio físico y una puerta de emergencia en la que, eventualmente, se estabiliza a los pacientes críticos.
"Nuestra población es bastante compleja, porque existe una dinámica violenta dentro de la convivencia", señaló Recalde. Una población que, apuntó, habitualmente llega herida por arma blanca o por otras situaciones que se dan dentro de los módulos. Y una de las debilidades que existen es, justamente, lograr derivar a los pacientes graves hacia hospitales externos de segundo o tercer nivel de atención. La medida sindical aplicada en ASSE deriva en que las ambulancias del organismo solo den cobertura en la Unidad 9, y exclusivamente a los niños que viven allí con sus madres presas.
El centro más grande con el que cuenta el sistema es la Unidad 4, en Santiago Vázquez, la cárcel con mayor población del país. Allí se atiende de lunes a lunes y, según Recalde, "la mayoría de los días" dispone de dos médicos y dos enfermeros debido a la cantidad de episodios violentos que allí se generan.
Una de las grandes carencias detectadas allí es la atención directa en los módulos. Allí fueron creadas "policlínicas" que, al ubicarse dentro de la prisión, tuvieron que ser "negociadas" con el Ministerio del Interior. Esos lugares, contó Recalde, también debieron ser acondicionados con fondos del SAI. Desde la conexión de agua y luz hasta la pintura y el mobiliario.
Medicación en boca
La estrategia es realizar estudios a modo de pesquisa y detección. El problema, indicó Recalde, es la escasez de recursos. "Nos encantaría hacer controles cada seis meses, pero eso implica demasiado gasto", informó.
El sistema cuenta también con un "equipo fuerte" de psicólogos y pisquiatras para la atención en salud mental de estos pacientes, integrantes de una población de complejo seguimiento y en donde existe una proliferación de consumo de drogas que, remarcó Recalde, viene de antes de la prisión. Una atención que, además, se ve interrumpida cuando el preso es liberado o trasladado a otras cárceles que no dependen del SAI. En este caso, además, es donde más se nota la escasez de recursos. "No damos abasto con la gran cantidad que podemos identificar con este tipo de problemas", señaló.
Según explicó a los legisladores el adjunto a la Gerencia General del SAI, Tomás Baladán, el sistema necesitaría $ 3 millones mensuales para invertir en medicación para los reclusos. Solo recibe $ 950 mil, con los que debe atender a casi 10 mil presos. De esa cifra, $ 600 mil se van en quietapina, un fármaco antipsicótico utilizado principalmente para tratar la esquizofrenia y diversos trastornos mentales y depresivos.
El resto se destina a clonazepam y medicación crónica. En Santiago Vázquez se está aplicando un "plan piloto", por el que la medicación se entrega "en boca", para evitar que se use para traficar o como moneda de cambio. A los encargados de entregar los medicamentos por esta vía se los denomina "caniqueros".
En todas las unidades bajo el sistema se brinda además atención en odontología. "Muchos nunca tuvieron contacto con un servicio odontológico", señaló. "Desconocen lo que es la salud o la higiene dental", señaló.
Colostomías: varios años
Por la condición de su población la atención en la Unidad 9, destinada a mujeres con hijos, tiene características particulares. Allí existe la figura del "médico de familia" que, entre otros aspectos, realiza los controles de embarazo. También se siguen programas de salud sexual y reproductiva. Es que, según Recalde, allí se habían detectado carencias en la cobertura de asistencias en la realización de papanicolau y mamografías.
Junto con otras dependencias estatales, el SAI procura establecer un programa que acompañe las actualizaciones mundiales para el diagnóstico y la captación precoz de portadores de tuberculosis en las cárceles. Muchos pacientes, apuntó Recalde, provienen de varios contextos comunes: vivieron en la calle o en ambientes cerrados y son los que tienen mayor predisposición a este tipo de enfermedad.
A cada interno que llega al Centro de Ingreso, Derivación y Diagnóstico ubicado en Punta de Rieles se la hace toma de expectoración. También un test rápido para detectar, eventualmente, casos de HIV y sífilis. Con respecto a este último tipo de infección la directora del SAI, Teresa Sanabria, señaló que, si bien en términos generales puedan resultar pocos, para el sistema carcelario los casos detectados resultan "muchísimos".
Al respecto, indicó que lo que se intenta lograr es que, si antes de que un preso sale en libertad o es trasladado, pueda continuar su tratamiento en forma correcta. Al igual que con la tuberculosis, dijo, muchas veces ese tratamiento es interrumpido con lo que el germen se hace cada vez más resistente.
El adjunto a la Gerencia General del SAI, Tomás Baladán, advirtió otra debilidad en este sentido. Aunque costoso, explicó, podrían efectuarse exámenes de sangre para detectar estas enfermedades. El problema es que los centros de referencia de ASSE no les aceptan más de 90 muestras semanales.
Por otro lado, al inicio de la gestión fueron detectados muchos presos que hacía varios años estaban con una colostomía, la interrupción del tránsito intestinal a partir de una patología crónica o por alguna herida de arma blanca. En coordinación con los hospitales Maciel y Pasteur, se logró programas el "cierre" de 27 casos, de los cuales se han concretado al menos dos.
La Rendición de Cuentas aprobada este jueves en la Cámara de Diputados le transfiere a ASSE $ 17 millones desde el Ministerio del Interior, para que a partir del año que viene que se haga cargo de la atención en las cárceles de Canelones y Las Rosas. En esos dos centros están ingresados hoy poco más de 2.100 presos. Con esa población, serían menos de $ 700 mensuales para la salud de cada interno.
Según dijeron en el Parlamento los delegados del SAI-PPL, cárceles como Canelones, Las Rosas, Río Negro o Paysandú, que dependen del ministerio, carecen hoy de auxiliares de servicio, emergencia móvil, registros médicos, auxiliares de farmacia o enfermería en policlínica.
