La Asociación Nacional Campesina y el coordinador Nacional Agrario de Colombia han advertido que a raíz del ultimátum dado por el gobierno para el desalojo de las tierras que unas 1.000 familias están ocupando hace varios días se podrían generar situaciones de violaciones a los derechos humanos si el estado inicia las acciones para expulsar a los ocupantes.
La situación se generó en los últimos días, cuando la expectativa sobre la promesa de reformas y redistribución de las tierras planteada por el presidente Petro generó una oleada de invasiones de tierras por familias campesinas.
Este martes, el gobierno, por boca del ministro de Defensa, Iván Velásquez, rechazó esas acciones y lanzó un virtual ultimátum manifestando que las autoridades policiales están autorizadas a proceder a la recuperación de los predios tomados “dentro de las 48 horas siguientes a la ocupación”.
El jueves, el ministro aclaró que no había ninguna indicación especial para que el Ejército o la Policía liberen las haciendas ocupadas y según indicó “hay instrucciones de privilegiar siempre el diálogo sobre las medidas de fuerza”.
No obstante, la inquietud del sector campesino quedó plasmada en un comunicado del Coordinador Nacional Agrario de Colombia en el que se expresaba que “responsabilizamos al gobierno de la brutalidad que la fuerza pública ejerza contra los pueblos, así como lo invitamos a reconsiderar y redireccionar la orden de desalojo a los despojadores históricos de la tierra”.
El comunicado le aclaraba al gobierno “no somos los invasores, estamos recuperando la tierra como parte de lo que nos han robado durante décadas los terratenientes criollos y el capital trasnacional y que ningún gobierno ha hecho gestiones para impedirlo”.
Pese a las diferencias con el gobierno en este tema específico, la entidad sigue apoyando el proyecto de reforma agraria integral y popular que permita la permanencia del campesinado en sus territorios.
Por su parte, la Coordinadora Regional Indígena del Cauca (CRIC) que representa 139 comunidades, ha expresado que “los pueblos indígenas del Cauca han realizado un ejercicio constante, reivindicativo de los derechos colectivos de la tierra que por años han manipulado, usurpado y utilizado indiscriminadamente los diferentes actores colonialistas que han considerado las tierras americanas como grandes baldíos”.
El CRIC invitó al gobierno a no deslegitimar las luchas reivindicativas y a revaluar los paradigmas modernizantes colonialistas, reconociendo la diversidad consagrada en la Constitución colombiana”.
Las tomas de tierras, que se están dando mayormente en los departamentos de Meta, César, Huila y Cauca, amenazan constituirse en el primer conflicto social grave que debe enfrentar el gobierno de Gustavo Petro, con actores sociales dispuestos a resistir medidas de coerción, tal como lo expresó uno de los líderes campesinos “si toca pelear contra el mismo gobierno que nosotros subimos, nos toca”.
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