El proyecto de ley que rechazan los supermercados y que apoyan los pequeños comercios

Uno de los puntos planteados dice que ninguna persona, empresa, conjunto económico o grupo de sociedades podrán ser titulares, ya sea como propietarios, arrendatarios, usufructuarios, franquiciados o similares, de más de 20 establecimientos comerciales por departamento y 50 en total a nivel nacional.

Otro punto establece como “práctica prohibida” establecer en la compraventa comercial  de mercadería un plazo de pago distinto al de 30 días corridos contados desde la recepción, esto conforme de la guía de despacho o el comprobante de entrega de la mercadería.

La semana pasada la comisión parlamentaria recibió a la Asociación de Supermercados del Uruguay (ASU),  que rechazó los cambios planteados y calificó el proyecto como “improductivo”. La gremial consideró que  “limita” derechos de trabajo, industria, comercio y propiedad, que están  constitucionalmente protegidos.

El gerente general de ASU, Daniel Menéndez, afirmó que hay una ley de grandes superficies “que protege al pequeño y mediano establecimiento”, en la medida en que no permite más grandes cadenas o grandes superficies, excepto dentro de un shopping center o algún emprendimiento similar. El ejecutivo insistió en que el sector sigue teniendo alrededor de 35% de participación de mercado “contrariamente” a lo que pasa en el resto del mundo.

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“No somos los dueños del mercado. Sí se ha visto concentración en proveedores, no en supermercados. Quizás hoy la dificultad más grande que puedan tener los comercios más chicos está por el lado de la concentración de los proveedores, porque son los que tienen el poder en la negociación. Nosotros no somos un perjuicio para ellos, sino que por el contrario, al lado de un gran establecimiento generalmente se instalan otros pequeños comercios, que se benefician con el flujo de gente que acude a los supermercados”, dijo el ejecutivo según la versión taquigráfica de la reunión realizada el 18 de mayo.

Menéndez añadió que limitar la cantidad de locales sería “muy inconveniente” para las inversiones en Uruguay. “Debemos pensar que un local de 500 metros cuadrados de área comercial, que no es de los más grandes, requiere, como mínimo, 120 funcionarios. La estadística dice que el 65 % de los que trabajan en supermercados son mujeres; muchas son solteras, jóvenes y jefas de hogar. Además, los requisitos de ingreso son muy básicos. Por lo tanto, es una puerta de entrada al mercado laboral para mucha gente, que después utiliza esa experiencia para ir a trabajar en un lugar quizás mejor. Todo eso se vería restringido y se verían perjudicados los empleados”, afirmó.

En relación al plazo propuesto de 30 días para el pago a proveedores, ASU señaló que la norma vulnera un principio fundamental de la contratación comercial, como la autonomía de la voluntad contractual, al tiempo que “desconoce” y “entorpece” la dinámica del mercado.

Menéndez consideró que extraer esta sola variable “complica la ecuación comercial” porque habitualmente forma parte de una negociación que implica precio, plazo, lugar de entrega, promoción  y volumen.

La gremial apuntó que no todos los proveedores cobran a 90 o 100 días “como se dice por ahí”, y que hay casos en donde se cobra a la semana. “Depende del producto y de su rotación, porque para un producto que rota en cuarenta y cinco o sesenta días, el pago a treinta días es complicado. En cambio, para un producto que rota todas las semanas, muchas veces se pacta un pago mucho más corto”, explicó Menéndez.  

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Apoyo y propuesta de Cambadu

Una semana antes, Cambadu apoyó en la comisión los cambios planteados que definió como “muy atinados”.  El gerente general de la gremial, Adrián Cabrera, afirmó que las grandes cadenas están adquiriendo o tomando bajo contrato de usufructo locales chicos en las zonas barriales.

“Entonces ¿sigue siendo de 33% y 66% la participación de mercado? Sí, es verdad. Pero ahora en el 66% están ellos también, porque han invertido en el formato chico. De manera que cada vez más la participación de mercado se concentra en pocos oferentes”, dijo.

En otra parte de la reunión el ejecutivo señaló que cuando las grandes superficies son abastecidas por proveedores, en muchas ocasiones “les imponen condiciones” como, por ejemplo, determinado dinero, tener algún retorno o plazos de pago.

“Estos tienen que seguir operando en el mercado y buscando la rentabilidad. ¿Y dónde van a buscarla? Donde no les imponen esas condiciones. Todo lo que tienen que otorgar los proveedores, importadores, fabricantes y distribuidores a las grandes superficies sale del comercio de cercanía, porque es ahí donde el proveedor necesariamente, y no los culpo, va a buscar la rentabilidad”, dijo Cabrera.

Cabrera agregó que el proveedor que se ve enfrentado a determinadas condiciones, “no puede denunciar abiertamente ese tipo de situaciones abusivas  porque al día siguiente ya no vende más en las grandes superficies”.

En ese sentido, el representante de Cambadu propuso que el proyecto de ley  incorpore que los proveedores estén obligados bajo declaración jurada, a transparentar cuáles son los retornos, las devoluciones y todo lo que termina incidiendo en el precio del producto. Esto a partir de una denuncia o a instancias de una actuación de oficio de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia.

“Un mismo producto no puede, salvo razones muy fundadas, llegar con distintos precios a distintos locales; eso es así. Hoy está muy disfrazado cuál es el precio final del producto que paga una gran superficie, porque tiene retornos anuales, devoluciones. (…) Si hay una diferencia de precios tiene que estar claramente argumentado”, reclamó Cabrera.