Munyo: “El salario real tuvo un ajuste pero no es que se ha hundido”

Es también un crecimiento cuestionado por una parte de los analistas y el sistema político que dicen que no derrama. ¿Cómo ve eso?
Nosotros consultamos permanentemente distintas empresas de consumo que hacen sus propios microdatos de todos los rubros. Es verdad que hay registros complicados en algunos sectores, o sea que hay caídas de consumo, pero en otros no. Hoy no puedo concluir de forma contundente que el crecimiento macro no está derramando en la micro. Hay que esperar. En el pasado hemos hecho números de multiplicador de impacto sectorial. Cuando uno ve a través de la matriz de insumo-producto cuáles son los sectores que más multiplican a través de la cadena de suministros, de proveedores, de los distintos sectores productivos que están atados a la producción, los que están creciendo ahora, fundamentalmente la construcción, pero también el sector industrial agroexportador como frigoríficos y lácteos, tienen multiplicadores altos. Por eso hay que darle tiempo también para ver si ese ‘derrame’ que se dice por parte de algunos que no llega puede llegar o no. No tengo todavía una conclusión contundente.

Hay un cambio de escenario atado a la guerra en Ucrania, a la desaceleración de China y a la suba de tasas en EEUU. ¿Da para preocuparse pensando en 2023 y 2024?
Hay que tener claro que el crecimiento de 2022 viene de la mano con un contexto externo muy favorable de precios internacionales y tasas todavía en niveles históricamente bajas. El problema que uno ve hacia adelante  es que estas subas nadie puede asegurar hoy que sean suficientes para contener un fenómeno inflacionario global que se ha desbocado. Hay una frase muy buena del legendario presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker que decía: ‘El gran problema de la inflación es que cuando uno se descuida agarra vida propia’. Y está agarrando vida propia en EEUU. La inercia inflacionaria se hace cada vez más difícil de parar con las herramientas que tienen los bancos centrales. Tanto para la Reserva Federal (Fed) como para el Banco Central Europeo se está pidiendo una misión imposible que es frenar la inflación, pero al mismo tiempo no  generar recesión y evitar fluctuaciones muy bruscas del sector financiero. Nadie puede saber si el año que viene no puede haber una sobrerreacción de tasas de interés y en ese sentido afectar negativamente. La tasa de interés global condiciona el crédito de todos los mercados y haría más exigente al inversor internacional que viene al país, porque encuentra otro retorno libre de riesgo con un aumento de las tasas de interés en los países avanzados.

Esta semana expresó optimismo respecto a que Uruguay pueda avanzar en la firma de acuerdos comerciales ¿En qué se basa?
La guerra desde el punto de vista económico trae buenas noticias para nuestro país y para América Latina. Ha cambiado un poco el chip europeo. Europa Occidental fundamentalmente desde que empezó la guerra se ha dado cuenta que tenía una inseguridad alimenticia y energética más grande de lo que pensaba. Lo que te dicen cuando uno viaja y está en contacto con gente en Europa, es que más allá que la guerra termine mañana esto tiene consecuencias de 20 años en la posición de Europa para mirar a América. Esto fue en mayo. Y ahora en estos días ha salido un poquito al vuelo el famoso y postergado acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Ahora resucitó y es esperable que en 2023, cuando España asuma la presidencia del Consejo Europeo, se pueda finalmente ratificar. Eso sería una buena noticia porque hay mucho más para poder comerciar con Europa incluyendo también al Reino Unido. La guerra también trae consecuencias desde  el punto de vista de la estrategia de Uruguay para poner más foco en Estados Unidos e incluso en México. Y tenemos la posibilidad de profundizar la relación comercial con Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Ahí hay mucho por hacer y para ganar porque es un mercado que crece y crece.  Es totalmente complementario con nosotros, no sólo para vender alimentos de alta calidad que los van a seguir demandando y pagando cada vez mejor, sino también para inversores que vengan de esa zona para Uruguay. También hay un potencial importante en Japón que está en un cambio estratégico de mayor apertura.

¿Cómo define la situación fiscal?
La situación fiscal está muy condicionada por una reforma que Uruguay tiene pendiente que es la de la seguridad social.  Siempre hay que tener claro que es complejísima de implementar porque es una reforma muy impopular. El Poder Ejecutivo tiene hoy un gran trabajo del equipo que trabajó en la reforma. Ahora tiene que tomar la decisión de mandarlo al Parlamento, el presidente (Luis Lacalle Pou) ha anunciado que lo va a hacer. Y en la medida que el presidente pase el problema al Parlamento se va a empezar a hacer el cálculo del impacto negativo político que puede tener. Para mí no es obvio que sea una receta para que el gobierno de turno pierda una elección porque podría en todo caso también, si se aprobara, gatillar otros gastos y liberar recursos al asegurarse la sostenibilidad de largo plazo con la reforma.   Uruguay debería gastar más en inversión pública, en programas específicos de transferencias en primera infancia y en transferencias a personas  que están en proceso de reconversión laboral.

¿Y para esta Rendición de Cuentas  la recuperación de la economía habilita espacio para aumento de gasto como están demandando distintos actores,  o como es algo cíclico no hay lugar?
Hay que ser responsables con las calificadoras porque la nota de grado inversor importa. No es que hay un margen gigantesco para gastar mucho más. Sí, se  va a hacer un gasto extra, pero siempre teniendo en cuenta que hay una guillotina que está ahí que es  la seguridad social. Lo que puede realmente liberar la cincha es la reforma. Más allá de las voluntades y la justicia que se quiera poder hacer hay que ser conscientes que los recursos son escasos siempre.

Ha mencionado que  la inflación es una gran preocupación, dado que hay un sistema de negociación salarial “rígido” y “centralizado” que no fue modificado, y que induce al “espiral inflacionario” de precios a salarios. ¿Estuvo mal el diseño de la pauta con que se negoció en 2021?
Unos 600 mil trabajadores privados firmaron acuerdos con una inflación esperada mucho menor a lo que pasó. Hoy es mucho más grande y no hay una perspectiva, por lo menos en los próximos meses, de que baje demasiado. Hay una parte que adelanta el correctivo (por inflación), una parte que no acepta adelantar y otra ya lo tiene acordado de antes. Por más que no lo quieras adelantar, en 2023 el ajuste ese va a aparecer. Es una realidad  que al adelantar la suba de salario se genera la necesidad que muchas empresas lo traspasen a precios y, entonces, sube la inflación. Y eso va a generar que cuando vayan a ajustar los de 2023 también tengan que ajustarlo por una inflación mayor. Uno diría que es justo ajustar para mantener el poder de compra. No estoy cuestionando la justicia de esto, ni tampoco la necesidad de las personas que tienen un salario bajo y no llegan a fin de mes porque los precios han subido. Lo que digo es que estamos con un sistema que no se ha revisado. No solo en la pautas, sino en cómo se agrupan las empresas, en cómo se redacta un convenio de trabajo. Hay toda una estructura asociada a la negociación colectiva. No cuestiono la negociación colectiva, cuestiono cómo se implementa.

¿Cómo  se podía hacer para pensar en  desindexar si se tiene una larga historia de incumplimiento de metas de inflación?
Hay  una caída de poder de compra comparado  a la prepandemia (2019) de 4% en términos generales. Sin embargo, el nivel actual del salario real es 3,3% más alto que en 2014 con Uruguay en el mejor momento de la historia del mercado de trabajo, con niveles mínimos de desempleo y niveles máximos de empleo. No es que se ha hundido el salario real a niveles dramáticos del pasado. Tuvo un ajuste, pero todavía sigue en un nivel comparativo muy cerca de los picos históricos. Hay que poner en perspectiva la discusión  sobre dónde estamos parados con la pérdida de salario real, y no condicionar y meter un espiral  de precios y salarios que ahora estás obligado a hacerlo porque hay acuerdos que se firmaron en 2021. ¿Quién dijo sagradamente que hay que volver al nivel de 2019 en promedio de la economía, cuando hay realidades totalmente distintas en todos los sectores? Ese es el problema de no tener, por lo menos, un régimen que tenga en cuenta los aspectos individuales de algunas empresas.

El BCU sube las tasas para tratar de anclar las expectativas de inflación y al mismo tiempo el gobierno sugiere adelantar ajustes. ¿No son mensajes contradictorios?
En teoría luce como una contradicción;  la realidad es superadora de la teoría. Hay un condicionamiento de la situación. Se toma la decisión dada las condiciones que hay acordadas y firmadas, y las necesidades de las personas más afectadas por esta inflación, que son las que gastan mayoritariamente sus  ingresos en alimentos y no llegan a fin de mes, y se tiene que atender.

¿Cómo lee la situación del mercado de trabajo?
Veo buenos números con niveles bastante mejores que la prepapandemia en tasa de empleo y desempleo, pero subyacentemente veo una debilidad grande en las personas que están ocupando puestos de trabajo. Previo a la pandemia analizamos a fondo la vulnerabilidad laboral de las personas, aplicamos metodologías que se desarrollaron tanto en Europa como Estados Unidos. Los datos indicaban que 310 mil personas que estaban estadísticamente definidas como pobres, y 210 mil que no lo eran pero que tenían ingresos cercanos  a línea de pobreza se encontraban todos en las mismas condiciones de vulnerabilidad de desarrollo laboral. Encontramos 520 mil personas cumpliendo tareas rutinarias, extremadamente automatizables que rápidamente iban a tender a ir desapareciendo, y sin formación para cumplir otra. No hay que encandilarse con los números del mercado de trabajo. La tecnología sigue avanzando, las empresas buscan cosas y las capacidades que tienen muchos de los que están empleados son muy limitadas. Ahí es donde aparece el gran desafío de las políticas públicas y entra la educación.

En su última conferencia señaló que hay avances en esa área.
Se están procesando las primeras etapas de un cambio de ADN en la educación, el famoso cambio que en el gobierno anterior duró seis meses. El intento ya está aprobado por mayoría simple en el Codicen. Se aprobó un cambio de todos los programas de enseñanza primaria y media, adaptándolo a competencias, no tanto a materias. Se cambia lo que se enseña. Hay una propuesta sobre la mesa que se tiene que empezar a implementar el año que viene. Ya hay primeros indicios de una movilización contraria por parte del sector docente que pone  resistencia a este cambio. Es una buena noticia que se avance con esto, ojalá se pueda concretar. Es central que la población esté al tanto de esto. Los padres  tienen que saber que hay  una reforma importante y positiva para darles a sus hijos una mejor educación y mejores herramientas para insertarse en el mercado de trabajo. Si no saben qué es y ni se enteran esto se va a paralizar y va a quedar como la nada.

¿Cómo evalúa el mecanismo de PPI para fijar precios de combustibles? ¿Esperaba más cambios a esta altura?
Hicimos una radiografía completa con el 100% de los legisladores, hicimos una serie de 40 preguntas sobre todos los temas relevantes del país. Una de las preguntas era su visión de las empresas públicas, y la visión de si las tarifas públicas más allá de los costos operativos deberían incorporar políticas sociales, subsidios y transferencias. Cuando uno ve que más de la mitad de la mayoría actual gobernante en el Parlamento no tiene en sí mismo una coherencia de hacia dónde deben ir y cuál es el rol de las empresas públicas es imposible esperar cambios importantes en la materia. No esperamos que pase nada en materia de empresas públicas más allá de esfuerzos puntuales dentro de cada empresa para hacer mejoras marginales en la gestión. No vemos cambios relevantes y tampoco creemos que esto que se hizo del PPI sea un gran avance.