El voto consular no se justifica

La aplicación de la lógica pesa más que los argumentos que esgrime el Frente Amplio en su nueva ofensiva para que puedan votar los ciudadanos residentes en el exterior. La razón principal, como ya hemos señalado, es que esas personas están sujetas a las leyes del país donde viven pero no a las de Uruguay ni a las decisiones de los gobernantes que ayudarían a elegir. Su voto reflejaría solamente simpatías por un partido o candidato, sin consecuencias prácticas para ellos mismos. El sufragio de los residentes, en cambio, incide directamente en sus condiciones de vida según acierten o se equivoquen en su elección de candidatos.

La pertinencia de esta diferencia se refleja en los reiterados fracasos de la alianza de izquierda, desde que llegó al poder, en modificar el sistema electoral para habilitar el voto consular o epistolar. En 2009 apenas el 37% del electorado votó a favor de reformar la Constitución para permitir el voto por correo, lejos de la mayoría que se requería. Y en 2013 naufragó una iniciativa para habilitar el voto consular. Nada indica que haya cambiado la opinión de los uruguayos residentes, aunque el diputado socialista Roberto Chiazzaro, integrante de la comisión frenteamplista que procura revivir la iniciativa, asegura que contactos con los partidos opositores indican mejor ambiente en todo el sistema político para concretar el cambio.

El artículo 77 de la Constitución establece que "todo ciudadano... es elector" pero no le asigna ese derecho de manera específica "independientemente de que residan o no en el país", como argumentó Chiazzaro en declaraciones a El Observador. El sentido común indica, al contrario, que al vivir en otro país un uruguayo no debe intervenir en decisiones electorales que no lo afectan pero que inciden en los ciudadanos residentes, como establece sabiamente nuestro sistema electoral. Lo que sí es aconsejable es eliminar la actual disposición de que todo ciudadano que no vote en dos elecciones consecutivas queda inhabilitado para hacerlo después. El derecho al voto no puede perderse, sino que solo debe suspenderse en el caso de ciudadanos que viven fuera de fronteras, recuperándolo cuando regresen al país.

Chiazzaro señala que Uruguay y Surinam son los únicos países sudamericanos que no permiten el voto a ciudadanos en el exterior, permitido también en varias naciones en otras partes del mundo. Pero nada justifica seguir ejemplos ajenos cuando son equivocados. Hay cientos de miles de uruguayos viviendo en el exterior, mayoritariamente en Argentina. En la defensa u oposición a que se les permitiera votar ha influido la presunción de que gran parte de esa población en el extranjero es o era simpatizante con la alianza de izquierda. Que esa tendencia subsista o haya cambiado es un factor irrelevante ante la inconveniencia práctica de habilitar el voto consular. Quienes deben votar son las personas que vivirán bajo las leyes y decisiones dictadas por el gobierno y los parlamentarios que escojan. No les corresponde igual facultad a quienes no estarán sujetos a esas disposiciones por vivir en otros países y bajo otras normas, recuperándola recién cuando cambien su condición de uruguayos expatriados a la de ciudadanos residentes en el territorio nacional.