“Esto no es más nada que una ley, después habrá otras confrontaciones con el gobierno”, dijo Fernando Pereira, entonces presidente del PIT-CNT, consultado por El Observador sobre si el referéndum era contra la ley de urgente consideración o contra el gobierno. Lo dijo al otro día de haber entregado 800 mil firmas en la Corte Electoral. Los expertos en análisis político, sin embargo, opinan lo contrario.
El presidente, Luis Lacalle Pou, trae consigo un triunfo en las últimas elecciones nacionales que logró romper 15 años de hegemonía frentista que luego fue acentuado en las elecciones departamentales, donde el Partido Nacional logró triunfos en zonas hasta entonces marcadamente opositoras. Además, lo acompañan buenas marcas en las encuestas en comparaciones históricas y una alta aprobación de la gestión de la pandemia.
Del otro lado, la oposición logró reunir, en pandemia, 800 mil firmas para llevar a referéndum al buque insignia del gobierno cuando muchos no creían que fuera posible alcanzar la meta de las 700 mil. Además, convocaron paros que generaron movilizaciones masivas.
El escenario es de paridad y al momento los indefinidos parecen estar más volcados hacia la coalición multicolor, pero no se está ante un escenario definitorio a más de cinco meses de la convocatoria a votar, dijo Porzecanski a El Observador.
La discusión será de modelos, coincidieron los tres. “La LUC no es Uruguay”, promovieron desde el acto de lanzamiento de campaña para derogar los 135 artículos este domingo, en el que el expresidente José Mujica acusó al gobierno de hacer “terrorismo” verbal para defender la ley. Por otra parte, el presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, señaló que la ley en materia de seguridad diferencia el “modelo Bonomi” del “modelo Larrañaga”.
“Meterse en los artículos es engorroso y difícilmente despierte interés en la población”, adelantó Bottinelli. Garcé lo matizó y sostuvo que “la dinámica concreta dependerá de las estrategias de cada una de las coaliciones”.
Los desafíos son muchos para ambos. El director de Factum argumentó que la agenda económico social será la prueba de fuego para el gobierno hasta el referéndum: lograr que la recuperación que se está dando en los fríos números del Ministerio de Economía se traduzca en la vida cotidiana de la población. En ese sentido, destacó el rol del precio de los combustibles que “se ha vuelto muy sensible en los últimos tiempos” y que el gobierno ha intentado aplacar.
Además, subrayó la importancia determinante que tiene la seguridad pública, que viene mejorando en términos generales, pero debe mantenerse de esa forma para que continúe siendo un factor favorable para el gobierno.
A estas dos variables, el politólogo añade una tercera, que es la reacción de la opinión pública a los cambios que se fueron realizando a nivel educativo, cuyo impacto aún no se reflejó a nivel electoral.
En la carrera con el oficialismo, la oposición también debe sortear dificultades. Por un lado, la gran variedad de artículos. Cómo explicar y acercar a la gente a 135 artículos diversos y que abordan una amplia variedad de temas. A la vez, llevar una bandera “más global de oposición, en un plebiscito contra el gobierno”, dijo Bottinelli.
Para ganar la contienda, cada partido político y organización social deberá fidelizar a sus propios electores o adeptos. Lograr convencer a través de matices cuál es la mejor opción. Pero cuando en abril haya un ganador, la balanza política se habrá vuelto a inclinar.
Según los sociólogos, la diferencia que le saque uno al otro es la pieza fundamental para proyectar una coyuntura. Si fuera poca, no debería ser “traumático” para quien pierda, señaló Porzecanski, pero advirtió: “Una derrota contundente cambia el escenario político”.
Bottinelli sostuvo que si el resultado fuera desfavorable al oficialismo, inevitablemente habrá matices en la agenda. “En la realidad va a tener un freno. Mayor o menor, pero un freno va a tener”, vaticinó.
Para el FA, un resultado negativo sería obtener menos del 49,21% –porcentaje que alcanzó en el balotaje de 2019–. Allí debería estudiar la diferencia, la distribución geográfica y de clases sociales respecto a las últimas elecciones. Si el resultado fuera arrolladoramente favorable, habrá una sensación de recuperación izquierdista, pero eso no significa necesariamente que pueda capitalizarlo en votos para las elecciones presidenciales del 2024, indicó.
En el caso de las organizaciones sociales, el referéndum también será un termómetro para saber si deben repetir la fórmula o modificarla para obtener más respaldo.
¿Voto castigo?
Con una agenda pandémica que comienza a ceder y el protagonismo in crescendo de la clásica agenda uruguaya que ronda la seguridad y la economía, El Observador consultó a los sociólogos sobre si hay lugar para un voto castigo, característico de otros países de la región.
El director de Factum expuso que este es un tipo de instancia donde puede haber un voto castigo, pero que hoy no hay condiciones para que eso ocurra. En la actualidad, 90% de los votantes de la coalición multicolor en noviembre de 2019 apoya al gobierno, es decir, si hubiera voto castigo vendría de parte de la oposición, que nunca le confió el voto. De todas formas, advirtió, puede ser que de aquí a cuando tenga lugar el referéndum ese porcentaje se modifique.
Para el director de Opción es más que probable que los electores voten respecto a su opinión del gobierno y, si fuera negativo, inevitablemente se transformaría en un voto castigo.
Antecedentes similares
Los últimos plebiscitos y referéndums que el uruguayo tiene en su retina no llegaron a buen puerto: la campaña Vivir sin Miedo que lideró Jorge Larrañaga cuando era legislador, la baja en la edad de imputabilidad y la ley de Caducidad. Pese a que las bases electorales y los respaldos eran diferentes, todas tuvieron resultados similares cuando se dirimieron en medio de una elección nacional.
Según Porzecanski, la experiencia marca que no hay una correspondencia automática entre la preferencia a un partido y el acompañamiento con el voto a lo que esa fuerza política apoya.
Bottinelli entiende que el plebiscito de 1992 es el escenario más similar al actual, porque se trata de una instancia a mitad del período. Porzecanski destacó el plebiscito de 1996, porque el resultado fue negativo para la oposición, que luego en las elecciones de 1999 fue la que reunió más votos.
El 13 de diciembre de 1992, en la mitad del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, se derogó parcialmente la ley de las Empresas Públicas con el aval de más del 65% de los uruguayos. La legislación eliminaba monopolios y permitía a las empresas públicas asociarse con privados. En ese caso, el ala sanguinettista del Partido Colorado decidió apoyar la posición del Frente Amplio de derogar la ley.
Recién en enero de 1997 Uruguay conoció el resultado del plebiscito de diciembre del 1996 para reformar los ciclos electorales en la Constitución Nacional y se eliminó la ley de lemas para las elecciones nacionales. La balanza se inclinó por el sí a partir del recuento de los votos observados. El Frente Amplio impulsó el no y se vio perjudicado electoralmente por la reforma.
El referéndum será a principios del 2022
La Corte Electoral cuenta con 150 días para ver si se alcanza el 25% del padrón electoral al día de presentadas las firmas –el 8 de julio había 2.686.174 habilitados para votar– y luego evaluar su procedencia. Es decir, que no deban ser excluidas por algún motivo. En el lanzamiento de campaña contra la LUC este domingo, informaron que ya se analizaron 515.299 rúbricas y se validaron 474.117. Al momento se han descartado 7,9% de las firmas.
Cuando se confirme que se alcanzó el 25% del padrón con firmas aceptables, cuenta con 120 días para fijar la fecha de la consulta popular.
El sufragio será obligatorio y votarán por el sí aquellos que quieran derogar los 135 artículos de la LUC y por no quienes prefieran mantenerlos. El ministro de la Corte por el Frente Amplio José Korzeniak, estima que será agendado para principios de 2022.
