La Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (Crece) suspendió momentáneamente la recolección de firmas en contra de la inclusión financiera y dan “crédito” al gobierno electo para que muestre las reformas que pretenden realizar a la ley, según dijo a El Observador el dirigente de la Cámara Empresarial de Rocha, Martín Rodríguez.
El tema casi ni se mencionó en la reunión que el presidente electo, Luis Lacalle Pou, mantuvo este martes con el movimiento Un Solo Uruguay a pesar de que era una de las reivindicaciones de la organización, que también apoyó la recolección de firmas. “Los temas eran muchos y el tiempo era poco”, dijo a El Observador Álvaro Rivas, uno de los dirigentes del movimiento. De todas formas, Rivas aclaró que por lo mencionado en campaña y el compromiso firmado por la coalición que asumirá a partir del 1° de marzo no será necesario continuar con la campaña de recolección de firmas.
Sin embargo, los empresarios del este, impulsores iniciales de la campaña, son más cautos. “Vamos a esperar y a analizar. Nuestra propuesta inicial era más integral que lo que plantea ahora la coalición”, dijo Rodríguez. Los empresarios tienen cerca de 270 mil firmas recolectadas de las casi 300 mil que estiman que precisan para que se habilite el plebiscito en las próximas elecciones departamentales, contando un 10% que calculan que serán anuladas. Las firmas recolectadas están guardadas en Maldonado y no caducan por lo que pueden ser utilizadas en cualquier momento.
Rodríguez explicó que le pidieron al gobierno electo que los haga “partícipes” del proceso de redacción del proyecto que modifique la ley y que los mantenga al tanto. Hasta ahora no han tenido novedades.
El compromiso acordado por los cinco partidos que integran la coalición de gobierno plantea modificar la Ley de Inclusión Financiera. “La promoción de la inclusión no debe incluir la obligación de cobrar salarios o pasividades, a través del sistema de intermediación financiera. La elección debe ser del usuario”, dice el documento firmado. Para Un Solo Uruguay esto es suficiente para frenar definitivamente la campaña de recolección de firmas pero los empresarios del este todavía no quieren fijar una posición.
El presidente electo ya había adelantado que las modificaciones a la inclusión financiera irían dentro de la ley de urgente consideración que presentará apenas asuma el gobierno. El futuro prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, fue el encargado de presentar el boceto del proyecto y aseguró que no se pretende derogar la ley sino quitar la obligatoriedad.
Sin embargo, la propuesta de los empresarios va un poco más allá. Crece plantea reformar cuatro artículos de la Constitución (24,36, 53 y 85). Entre los principales puntos se establece que nadie podrá ser obligado a celebrar un contrato en contra de su voluntad ni podrá ser sancionado por no hacerlo, y que el uso de mecanismos de dinero electrónico o de cualquier otro instrumento financiero será opcional para los contratantes.
Además, la propuesta establece que el empleo de dinero electrónico o de mecanismos de inclusión u otros relacionados con el sistema financiero, que podrá habilitar la ley, “no obstará (impedirá) al derecho de los interesados, de cancelar sus adeudos o percibir sus haberes mediante el pago en moneda efectiva corriente, en instrumentos físicos que emitirá la autoridad monetaria”.
El ahora excandidato a la Presidencia, Gustavo Salle, también impulsó una campaña de recolección de firmas pero no llegó a la meta dentro de los plazos que él mismo se había impuesto y desistió. “Los uruguayos se acostumbraron a la bancarización obligatoria”, lamentó en diálogo con El Observador.
El primer objetivo del excandidato del Partido Verde Animalista era llegar a plebiscitar este tema en las elecciones nacionales de octubre pasado pero no llegó a la cantidad de firmas necesarias (unas 260 mil firmas, el 10% del padrón electoral) dentro de los plazos establecidos. Sin embargo, decidió continuar con la recolección de firmas un mes más con el objetivo de llegar para las elecciones departamentales de mayo de 2020 pero tampoco lo consiguió. Según las estimaciones de Salle les faltaron cerca de 60 mil firmas.
De todas formas, el partido decidió, contra la voluntad de Salle, guardar las firmas por las dudas. El abogado entiende que si el problema no se soluciona en los próximos cinco años es porque la gente ya se acostumbró y no tiene sentido volver a cuestionar este tema en las próximas elecciones.
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