Los empresarios de la bebida solicitaron al Poder Ejecutivo una prorroga de 24 horas para elaborar una contrapropuesta de ajuste salarial para llevar al Consejo Superior Tripartito, luego que el gobierno manifestara su disconformidad con el convenio bipartito que acordó la patronal con la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB). En tanto, el Consejo de Ministros fue crítico ayer con los empresarios y el sindicato del sector por la fórmula negociada, que no considera los lineamientos sugeridos por el Poder Ejecutivo.
El vicepresidente, Danilo Astori, advirtió que aceptar una inflación por encima de la meta oficial le quita “credibilidad” a la administración de gobierno, relataron participantes del cónclave. En principio, estaba previsto que los negociadores iniciaran hoy una ronda de contactos, pero una de las partes solicitó un día más para revistar su postura, por tanto, la instancia se aplazo para mañana.
Una fuente del Ejecutivo dijo anoche a El Observador que la postergación está dentro de los plazos legales. “Pensábamos que el acuerdo estaba bastante maduro, pero se ve que algunos se dieron cuenta hay que negociar. Este es el precio que se paga por negociar sin el gobierno”, criticó.
Dentro del gobierno hay molestia porque la negociación de tres meses entre los empresarios y la FOEB –donde definieron un ajuste real para los próximos tres años de 10,16% con una inflación proyectada de 7%– no consideró la meta de variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) anual de 5%.
“El Ejecutivo tiene derecho a opinar. Este episodio deja una enseñanza muy clara de la importancia que tiene que tener al Estado como garante de la negociación”, afirmó la fuente.
Por otro lado, desde el gobierno también se criticó el discurso de la Cámara de Industrias (CIU) que reclama ajustes de salarios “más moderados”, cuando sus propios afiliados (por el sector de la bebida) terminó acordando incrementos por encima de los lineamientos que marcó el Ejecutivo.
Ayer en el Consejo de Ministros hubo apoyo unánime a la postura de los Ministerios de Economía y de Trabajo, en cuanto al rechazo al convenio de la bebida. Según comentaron las fuentes, todos estuvieron de acuerdo en que el gobierno no puede negociar que se tome otro valor que la media de la banda de inflación proyectada del BCU (5%).
Precisamente, Astori, jefe del grupo político al que adhiere el presidente de la FOEB, Richard Read, dijo que no se puede tolerar que se tome una inflación por encima del rango, porque quita “credibilidad” a la administración.
También se ratificó que cualquier clase de negociación debe incluir a texto expreso en el convenio que no se trasladarán a precios los aumentos. En ese sentido, según explicó el subsecretario de Trabajo a El Observador, Nelson Loustaunau, el Ejecutivo no pretende “congelar” los precios, sino que si la bebida accede a un ajuste por fuera de los lineamientos del Ejecutivo, esa suba extra “no se traslade” sobre los precios al consumidor.
El gobierno ya amenazó que si no se corrige la pauta de ajuste salarial para la bebida, está dispuesto a revisar la política de subsidios para la producción de nacional de agua, juegos y cerveza. En el caso de la cerveza, el subsidio es de $3,10 por cada litro en envase retornable. Por su parte, el subsecretario de Economía, Luis Porto, recordó que la bebida ha registrado valores negativos en cuanto a su productividad en los últimos meses.
Paro y movilización
El Ministerio de Trabajo convocó para el próximo jueves al subgrupo 13 de transporte de bebidas para oficializar su rechazo al incremento salarial de 10,16% que alcanzó el gremio al igual que el grupo 1 de la elaboración de bebidas. Por ese motivo, la FOEB realizará una paro total en el interior y parcial en Montevideo con una movilización que culminará con una asamblea el próximo viernes, informó Read.
En tanto, el vicepresidente de la FOEB, Luis Noria, recordó que el gremio mantiene para la negociación la contrapropuesta que presentó el pasado viernes al presidente, José Mujica.
Es decir, el sindicato acepta tomar una inflación de 5% para los próximos tres años en lugar de 7% y mantiene el 10,16% de ajuste real. Pero como contrapartida, pide tres pagos fijos anuales de $ 8.000, $ 9.000 y $ 10.000 para los años 2013, 2014 y 2015, respectivamente, por trabajador.
La primera partida, sería donada por los obreros en su totalidad para el Plan Juntos y el INAU. “La pelota está en la cancha del gobierno. Nos rechazaron la propuesta consensuada con los empresarios”, culminó Noria.
