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6 de marzo 2023 - 17:54hs

Según el último informe del Relator especial de la ONU para Afganistán, Richard Bennett, 700.000 personas han perdido sus empleos desde que los talibanes tomaron el poder en Afganistán, siendo los sectores de la agricultura, la administración pública y la construcción los más gravemente afectados.

El informe abarca el período comprendido entre julio y diciembre de 2022, y establece que alrededor de dos tercios de los hogares han reconocido enfrentar dificultades para satisfacer las necesidades alimentarias y no alimentarias básicas.

El empeoramiento del declive económico de Afganistán, según se informa de alrededor del 35% el año pasado, ha amplificado aún más la crisis humanitaria. “Esta crisis se ha visto exacerbada por las consecuencias no deseadas de la cautela política y el cumplimiento excesivo de las sanciones impuestas por Estados Unidos, a pesar de las exenciones humanitarias otorgadas por el Consejo de Seguridad”, dice el informe de 20 páginas que se presentó a la ONU.

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El informe agrega que “se estima que 18,9 millones de personas están experimentando una inseguridad alimentaria aguda, un número que se espera que aumente a 20 millones, y más del 90% de los afganos sufren algún tipo de inseguridad alimentaria, y los hogares monoparentales encabezados por mujeres y los niños se ven afectados de manera desproporcionada”.

El 19 de diciembre de 2022, varios residentes de la provincia de Sar-e-Pol en el norte de Afganistán se manifestaron contra los desalojos forzosos y la incautación de 6000 jerib (alrededor 1.200 hectáreas) de tierra en ocho aldeas por parte de los talibanes.

Los residentes, la mayoría de etnia uzbeka y tayika, se quejaron de que se enfrentaron a amenazas de los talibanes por no seguir las órdenes. Incidentes similares de desalojo —en las provincias de Parwan, Jowzjan, Badakhshan, Ghazni, Maidan Wardak y Daikundi— siguen en tensión, especialmente después de que los talibanes permitieron que los kuchi y otros grupos poderosos se apoderaran de tierras en la región.

El informe del relator especial estima que “alrededor de 1000 familias han sido desalojadas por la fuerza de sus tierras y desplazadas de varias aldeas en la provincia de Daikundi desde septiembre de 2021… Al menos 2800 residentes hazara fueron desplazados por la fuerza de 15 aldeas en las provincias de Daikundi y Uruzgan solo en septiembre de 2021”.

Si bien los funcionarios talibanes han argumentado que han estado protegiendo a la población y sus propiedades, el informe dice que “escuelas, lugares de culto y otros lugares civiles han seguido siendo objeto de ataques”.

“La respuesta de los talibanes a la resistencia armada del Frente de Resistencia Nacional en la provincia de Panjshir y otras provincias continúa afectando negativamente a los civiles en materia de violación de las leyes humanitarias y de derechos humanos internacionales”, agrega el informe.

El informe reconoce, sin embargo, que desde que los talibanes asumieron el poder, el porcentaje total de desplazados internos ha disminuido significativamente. Señala que hubo menos de 25.000 movimientos registrados entre agosto y diciembre de 2021 y 7.400 a junio de 2022.

Aunque, en términos generales, el estado de derecho y la intensidad de los incidentes violentos han permanecido bajo control bajo el régimen talibán, el informe reitera cómo las autoridades de facto han impuesto restricciones a mujeres y niñas que, agravadas por la crisis económica y humanitaria, han resultado en hechos negativos como suicidios, violaciones y matrimonios forzados e infantiles. El informe señala al respecto que “se cometieron 1.855 violaciones graves contra niños entre enero y septiembre de 2022”.

Además de dar recomendaciones políticas, el informe también plantea serias preocupaciones sobre el aumento de los asesinatos selectivos de miembros de las antiguas Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad Afganas, presuntamente a manos de los talibanes. Hay temores también sobre la posibilidad de que los talibanes hayan obtenido acceso a los datos biométricos de personas que trabajaron para Estados Unidos y estén siendo utilizados para rastrearlas y atacarlas.

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