La frase iba en línea con el argumento político que el gobierno argentino ha puesto de manifiesto desde que estalló la pandemia: que cuando las cosas se ponen feas, es el Estado el que resuelve los problemas y no el sector privado.
Obviamente se generó una inmediata polémica política. Para empezar, el hecho de confundir los términos “gobierno” y “Estado” ya provocó la irritación de los opositores, que acusaban a Alberto Fernández de confusión sobre de quién eran los recursos utilizados para financiar la emergencia. Pero, sobre todo, la controversia radicaba en si era el Estado quien debía tener el reconocimiento por “salvar” a las empresas privadas o si era el victimario por su presión tributaria y su regulación restrictiva.
JUAN MABROMATA / AFP
Porque al mismo tiempo que el gobierno se jactaba de estar pagando salarios privados, todas las agremiaciones de industriales, comerciantes y prestadores de servicios ruegan por un régimen de cuarentena flexible que permita la vuelta al trabajo, como se ha hecho en muchos otros países.
Pero Alberto Fernández prefiere la línea sanitarista estricta. Y ahora, que los contagios subieron por encima del nivel de 1.000 nuevos casos diarios, todo apunta a que las restricciones se harán todavía más duras.
La situación es que la actividad continúa desplomándose y se teme una verdadera ola de quiebras. Una encuesta de la Unión Industrial Argentina cerrada el 10 de junio reveló que un 21% de los negocios continúa totalmente inactivo mientras un 43% produce menos de la mitad respecto del nivel pre-cuarentena.
Para colmo, muchas están endeudadas. La situación ya era complicada por la recesión de los últimos dos años, a lo que se sumó la ruptura de la cadena de pagos durante la cuarentena. Según la encuesta, el 41% de las empresas adeuda impuestos, otro 29% compromisos financieros, 27% a sus proveedores y otro 18% no paga las tarifas de los servicios públicos.
No era el mejor momento como para escuchar que el gobierno disminuirá su colaboración. Pero es exactamente lo que ocurrió.
Un repentino giro ortodoxo
La asistencia salarial, que empezó cubriendo a 250 mil empresas, ahora cubre a 180 mil, y se acaba de anunciar otro drástico achique en la nómina. Porque ahora se empezará a discriminar por tamaño, de manera que todas las compañías con más de 800 empleados quedarán excluidas del programa.
La idea es solamente cubrir a las pequeñas empresas a las cuales les resulta prácticamente imposible contar con crédito bancario para pagar salarios, mientras que el mensaje para el resto fue que tomaran las líneas subsidiadas a una tasa menor a la inflación proyectada.
En el fondo de esta situación, naturalmente, está la preocupación por el acelerado deterioro de la situación fiscal. Los economistas proyectan que el déficit primario -o sea, sin considerar los pagos de intereses de deuda- será de 7% del Producto Bruto Interno.
Y, sobre todo, se puso bajo la lupa el desplome en la recaudación tributaria. En mayo, lo recaudado fue, en términos reales, un 22% menos que respecto del mismo mes del año pasado. Y los primeros indicios apuntan a que en junio la situación será peor. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) señala que en las primeras dos semanas de este mes la caída llegó al 25%, con una merma de 17% en el IVA y una de 34% en Ganancias –es decir, cae incluso en términos nominales-.
En ese contexto de ingresos decrecientes y sin acceso al crédito internacional, al gobierno argentino no le quedó más opción que recurrir a la emisión monetaria pura. Es así que el Banco Central transfirió al Tesoro $430.000 millones para poder cubrir los costos de la asistencia en la cuarentena.
Las consultoras económicas ya estiman que, dada la extensión de la cuarentena, sería necesaria una emisión monetaria adicional de 1,5 billón hasta fin de año. Algo que ha encendido las alarmas sobre una posible “bomba inflacionaria”.
Aunque el peronismo rechaza el argumento de los economistas ortodoxos, que vinculan la emisión monetaria con la inflación, lo cierto es que se empiezan a ver señales de que no se quiere pasar determinado límite.
Por un lado, ya hay ciertas señales de disciplina monetaria, porque el Central, después de darle dinero al gobierno, toma medidas para reabsorber los pesos “sobrantes” y evitar así que puedan ir a presionar a la cotización del dólar o que puedan trasladarse a los precios.
De hecho, en lo que va de junio, se absorbieron $323.000 millones en apenas 10 días, todo una pauta del cambio de actitud. Sobre todo si se tiene en cuenta que hay una marcada tendencia a la suba de tasas de interés, que es justamente la política que aplicaba el Banco Central durante la gestión macrista y que fue objeto de crítica durante la campaña electoral.
Los jubilados, variable de ajuste
Pero hay un costado todavía más ingrato para el gobierno de Alberto Fernández. Porque la emergencia fiscal hace que el ajuste no solamente llegue a la asistencia a empresas, sino que también abarque al pago de las jubilaciones y de los salarios estatales.
En términos formales, no hay recortes, pero en un país con una inflación proyectada para este año de 43%, congelar los sueldos equivale a un fuerte ajuste en términos reales. Y eso es exactamente lo que se está haciendo.
En una reunión con líderes sindicales estatales, el gobierno oficializó su decisión de postergar sin plazo la paritaria estatal, así como la prometida revisión sobre la pérdida del salario real ocurrida durante 2019.
A pesar de que argumentan que en los últimos cuatro años los salarios estatales perdieron más de un 35% del poder adquisitivo real, los dirigentes sindicales han preferido mantenerse en una actitud cautelosa. Y, por lo bajo, admiten que no tienen margen de protesta cuando los empleados públicos siguen cobrando el 100% del sueldo en medio del desplome de la actividad económica.
Además, se comunicó que habrá un fraccionamiento en el cobro del aguinaldo, de manera que se pondrá un tope en 40.000 pesos, y todos los que cobren por encima de ese nivel recibirán el haber en cuatro cuotas.
Pero el tema más conflictivo es el de las jubilaciones. Por decreto, el gobierno suspendió la aplicación de la fórmula por la cual se ajustan las pasividades –un mix de inflación y nivel salarial general-. Y se pasó a un criterio discrecional en el cual los niveles altos reciben aumentos proporcionalmente menores a la inflación, para beneficiar a los niveles más bajos, que tienen una recuperación.
En términos reales es un subsidio cruzado, que fue denunciado por inconstitucional. Y que, además, le genera al gobierno un problema político porque termina afectando a los jubilados de clase media, donde está gran parte de la base electoral del peronismo.
Además, los sindicatos y partidos de izquierda lo acusan de tomar estas medidas como forma de dar mensajes “market friendly” de austeridad fiscal, dirigidos al Fondo Monetario Internacional y a los acreedores que negocian el canje de la deuda.
Alberto Fernández tiene en claro el costo político, naturalmente, pero la situación de emergencia lo lleva a esas medidas ingratas. Para colmo, sigue con muchos frentes abiertos, empezando por el de la deuda externa, donde sigue vivo el fantasma del default.
