La Unión Europea (UE) pasó a la ofensiva contra los abusos de los gigantes de internet con su ambiciosa Ley de Servicios Digitales (LSD) que obliga desde hoy a las grandes plataformas, como Google, Facebook, X (ex-Twitter), TikTok y Amazon, entre otras, a hacer más eficaz la lucha contra los contenidos ilícitos, bajo pena de fuertes sanciones.
Bajo el principio “lo que es ilegal fuera de línea también debe serlo en línea”, el nuevo reglamento, que según los expertos no será sencillo de aplicar, busca establecer un principio de equilibrio entre la libertad de expresión y la lucha contra los abusos que amenazan los derechos fundamentales de las personas y las instituciones de la democracia.
La normativa, que pone en la mira las interferencias en las elecciones, las operaciones de desinformación y la protección de menores, establece un conjunto de obligaciones, que no sólo alcanzan a las redes sociales, sino también a los sitios de comercio en línea y a los motores de búsqueda.
Aunque las plataformas no son jurídicamente responsables de los contenidos que albergan ni están obligadas a cambiarlos previamente, los legisladores y los entes reguladores esperan obligarlas a instalar un sistema eficaz de control que permita señalizar los posibles contenidos "ilícitos", según están definidos por las legislaciones nacionales y otros textos, para que sean luego retirados por las compañías.
Entre otras cuestiones, el nuevo marco legal, que se alcanzó en el Parlamento Europeo luego de las largas y complejas discusiones, establece que los sitios comerciales deberán seguir el rastro de los vendedores para reducir los fraudes. Además, sus algoritmos estarán bajo vigilancia y las plataformas deberán explicar el funcionamiento de sus sistemas de recomendación y proponer alternativas sin personalización.
La legislación también avanza en lo que concierne a la publicidad. La ley prohíbe tener como objetivo a los menores y también los anuncios basados en datos sensibles referidos a religión y a orientación sexual, entre otros temas.
Según lo estipulado, el respeto a las nuevas reglas será controlado por los entes reguladores nacionales y los organismos específicos de la UE, control que se complementará con auditorías independientes, pero siempre la bajo vigilancia de las autoridades comunitarias.
El plexo legal, además, señala que cualquier infracción puede llevar a la imposición de multas de hasta el 6% del volumen mundial de los negocios de la empresa infractora y, como amenaza última, la posibilidad de prohibir a la compañía en caso de reincidir en las faltas.
No caer en excesos
"La mecánica para alertar a los internautas y el recurso de insertar en los sitios indicadores de confianza para catalogar los contenidos cambian el panorama. También el hecho de instaurar auditorías de terceros controladas por la Unión Europea", comenta Eric Le Quellenec, abogado del estudios jurídico Simmons y Simmons, con sede en Londres.
Ese control será supervisado por un organismo colegiado de los 27 miembros de la UE, "para evitar que los países apliquen una definición muy amplia de los contenidos ilícitos, o muy estricta si se quiere, como viene ocurriendo en los casos de Polonia y Hungría", agrega Le Quellenec.
Según los promotores de la legislación, lectura que coincide con la opinión de los expertos en tecnología, las nuevas normas harán retroceder parcialmente el anonimato en línea, debido a que se va a seguir el rastro de los vendedores y de quienes publican masivamente contenidos calificados como ilícitos.
"¿La LSD será eficaz? Es un sistema innovador pues instaura un diálogo permanente entre actores, reguladores y usuarios. Y tendrá efectos más allá de la Unión Europea", subraya Marc Mossé, abogado del gabinete jurídico August Debouzy, quien no descarta que el nuevo marco legal sea adaptado y adoptado fuera del territorio de la UE.
Para que las nuevas normas puedan aplicarse será fundamental que la Comisión Europea (CE), el brazo ejecutivo de la UE, otorgue a los entes reguladores los medios adecuados. “Habrá seguramente batallas legales y los gigantes tecnológicos cuentan con enormes recursos para contratar servicios jurídicos”, advierte la economista Joëlle Toledano.
"Hasta 2017, se pensaba que las ventajas que aportaban, en particular en términos de innovación, eran superiores a los daños que ocasionaban, pero el viento sopla ahora en otra dirección”, explica Toledano, que además de economistas es doctora en matemáticas e integra el Consejo Nacional Digital de Francia.
Velar por las libertades fundamentales
Con la entrada en vigencia del nuevo marco legal, los expertos recordaron las declaraciones del Comisario europeo de Mercado Interior y Servicios, Thierry Breton, quien a inicios de julio último, tras la ola de disturbios que sacudió a Francia, afirmó que la LSD facilitaría la suspensión de las redes sociales que no suprimieron en forma inmediata los "llamados a la rebelión".
Tres semanas más tarde, tras una carta abierta de 65 organizaciones de defensa de la libertad de expresión, Breton modificó su declaración y señaló que sólo un juez podría tomar una medida de esa naturaleza. "Hay que corregir los excesos, pero sin caer en excesos contrarios", matizó el funcionario.
Por lo pronto, en las últimas semanas, la mayoría de las grandes plataformas afirmaron que harán esfuerzos para respetar las reglas y ayudar así a las autoridades nacionales y comunitarias a luchar contra los contenidos ilícitos.
Meta, la compañía de Mark Zuckerberg, anunció que contrató para ello a 1.000 personas y afirmó que considera que la LSD como "algo importante para todas las empresas tecnológicas que operan en la UE” y que “tendrá un impacto significativo para la experiencia de los europeos". TikTok, en tanto, publicó las medidas que adoptó, Apple señaló que está en proceso de aplicar las nuevas reglas y Elon Musk prometió que X respetaría la LSD.
Amazon, por su parte, presentó un recurso de amparo ante la justicia alegando que la compañía no debería figurar en la lista de tecnológicas que deben cumplir con el marco regulatorio ya vigente, aunque aclaró que invertirá para señalizar los contenidos ilícitos y que aceptará las reglas si su recurso es aceptado rechazado.
"No es la panacea, pero sin duda la nueva legislación significa el inicio de una nueva etapa, el fin de la era en la que las grandes plataformas digitales decidían por ellas mismas y su poder era tan grande que no les preocupaban los efectos nocivos que pudieran tener sus desarrollos tecnológicos y sus estrategias comerciales para la sociedad”, dice Toledano.
(Con información de la agencia de noticias AFP)
