El jueves 26, el mismo día que el gobierno de Nicolás Maduro reconoció la primera muerte en Venezuela de un enfermo de Covid-19 y de que hubo una alerta sobre el peligro que representa un país en crisis humanitaria para la propagación del nuevo coronavirus en la región, Estados Unidos (EEUU) inculpó al presidente chavista por “narcoterrorismo”, y ofreció hasta US$ 15 millones de dólares por información que permita su arresto.
Con el tiempo se sabrá si la pandemia y la ofensiva del gobierno estadounidense de Donald Trump por sacar del poder a quien considera un dictador son una coincidencia o no.
Pero lo cierto es que el covid-19 ejerce una enorme presión a la crisis de Venezuela y representa un reto para buena parte de la comunidad internacional que no le confiere legitimidad a Maduro y apoya al presidente encargado, Juan Guaidó, titular de la Asamblea Nacional.
Con el respaldo de EEUU y casi 60 países, Guaidó está tratando de afirmar su autoridad durante el brote de coronavirus, pero no tiene poder real para importar alimentos y medicamentos o tomar medidas para salvaguardar la economía o convocar a manifestaciones en medio de esfuerzos para que se cumpla la medida de distanciamiento social.
Analistas desestiman o ponen en duda que la ofensiva estadounidense esté asociada a la irrupción de la pandemia. La evidencia contra Maduro fue recopilada durante varios años por investigadores en Miami, Nueva York, Houston y Washington.
Pero en la conferencia de prensa virtual del jueves 26, donde se anunció la apertura coordinada de acusaciones contra 14 funcionarios y personas relacionadas con el gobierno, y recompensas que suman unos $ 55 millones para lograr la captura de Maduro y de otros cuatro altos funcionarios, el fiscal general William Barr dijo a los periodistas que “la mejor manera de apoyar al pueblo venezolano durante este período es hacer todo lo posible para librar al país de esta camarilla corrupta”.
El gobierno de Trump inculpó a Maduro ante la Justicia por “narcoterrorismo”, y ofreció hasta US$ 15 millones por información que permita su arresto.
El Departamento de Justicia también presentó cargos contra otros altos funcionarios de Venezuela: el vicepresidente encargado de Economía, Tareck El Aissami; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno, y el número dos del oficialismo venezolano, Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente.
Según surge de escritos formalizados en tribunales de Florida y de Nueva York, Maduro y 14 funcionarios y exfuncionarios, así como un empresario venezolano y dos exjefes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Iván Márquez y Jesús Santrich, utilizaban la cocaína “como un arma” contra EEUU en las últimas dos décadas, ganando cientos de millones de dólares.
El Departamento de Justicia señaló a Maduro de liderar el grupo narcotraficante Cartel de los Soles y de trabajar junto con las FARC, considerada una “organización terrorista” por Washington.
El Cartel de los Soles y la entonces guerrilla de las FARC enviaron cocaína procesada desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y países centroamericanos, como Honduras, según las denuncias judiciales.
“Durante más de 20 años, Maduro y varios colegas de alto rango supuestamente conspiraron con las FARC, provocando el ingreso de toneladas de cocaína y devastando las comunidades estadounidenses”, dijo Barr.
El Departamento de Estado estimó que 250 o más toneladas de cocaína transitaban por Venezuela por año.
Por su parte, el jefe interino de la DEA,Uttam Dhillon, dijo que “las acciones de hoy envían un mensaje claro a los funcionarios corruptos en todas partes de que nadie está por encima de la ley o más allá del alcance de la ley estadounidense”.
De ser juzgado y condenado, Maduro se enfrenta a cadena perpetua. Pero no está claro cómo el gobierno de Trump prevé llevarlo ante un juez.
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