En un clima de tensión retornaron las protestas contra Boluarte en la Tercera Toma de Lima

El reinicio de las protestas, que entre diciembre y marzo pasados dejaron un saldo de 49 civiles muertos por la represión de la Policía y las Fuerzas Militares, se dio en medio de un clima de creciente tensión, que alcanzó su punto máximo cuando los uniformados dispersaron con gases lacrimógenos y balas de goma a los manifestantes que intentaron llegar hasta la sede del Legislativo.

La Tercera Toma de Lima, convocada por diversos espacios sociales y políticos de la oposición, buscaba concentrar en la capital peruana a manifestantes de diversos puntos del país. Sin embargo, según los medios locales, la llegada no fue tan masiva como esperaban los organizadores, que además de la dimisión de Boluarte exigen justicia para los muertos que dejó la represión en los primeros meses de este año.

Por su parte, el gobierno, criticado tanto a nivel local como internacional por excederse en el uso de la fuerza para responder a las protestas, dispuso durante la jornada previa retenes en las principales rutas de acceso a Lima y en el sur andino, en donde se ubican los mayores focos de la oposición, en especial desde que Pedro Castillo fue destituido de la presidencia el 7 de diciembre del año pasado.

Según los observadores locales, el clima de tensión se vio alimentado en la previa de la protesta por el anuncio del alcalde de Lima, el ultraconservador Rafael López Aliaga, uno de los principales aliados de Boluarte, quien declaró ilegales las movilizaciones en el centro de la ciudad y en los distritos residenciales, además de advertir que usará las cámaras de seguridad desplegadas en la ciudad para identificar a los participantes de las protestas.

Durante la marcha se vieron carteles y banderas con consignas como “Nuevas elecciones”, “Yo quiero nueva constitución”, “Cierre del Congreso” y “¡Fuera Dina, asesina!”, en referencia a la presidenta que lleva poco más de siete meses en el poder. Tampoco faltaron carteles pidiendo la liberación y restitución del destituido expresidente de izquierda Castillo, quien cumple 36 meses de prisión preventiva por los que sus opositores definen como un “fallido autogolpe”.

Pedimos “adelanto de elecciones; ni Boluarte ni el Congreso deben seguir, su permanencia agrava la crisis. Es lamentable que el Ejecutivo y Legislativo actúen como si no hubiera pasado nada y piensen quedarse hasta el 2026”, le dijo al diario peruano La República Lucio Castro, secretario general del SUTEP, el mayor sindicato de maestros del Perú.

“Estamos en una situación en que un grupo de manifestantes de varias regiones del país salieron a expresar lo que es conveniente a sus intereses políticos”, afirmó el jefe de gabinete Alberto Otárola en el marco de una jornada en la que también hubo movilizaciones en nueve de las 25 regiones de Perú, entre ellas Arequipa, Cusco, Puno, Huancavelica, Lambayeque, Tacna, Junín, Cajamarca y Piura.

Las manifestaciones, que se extendieron durante tres meses para exigir la renuncia de Boluarte, se dispararon el mismo 7 de diciembre cuando la hasta entonces vicepresidenta asumió el Ejecutivo e hizo pública su intención de quedarse en el poder hasta 2026, y completar así el período presidencial de Castillo, que había sido destituido por el Congreso.

El Legislativo, controlado por la derecha, rechazó a principios del año dos proyectos de Boluarte para llamar a elecciones generales en 2024, iniciativas que implicaban la disolución del Congreso, tras lo cual hubo un acuerdo tácito entre los partidos con representación parlamentaria para permanecer en sus cargos hasta el fin de sus mandatos, en julio de 2026.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una veintena de los 49 muertos que dejó la represión de principios de año fallecieron por impactos de bala. Algunos foros de Derechos Humanos denuncian incluso “ejecuciones extrajudiciales”, luego que diversas investigaciones dieran cuenta mediante registros de video de uniformados disparando a quemarropa sobre quienes se manifestaban sin hacer uso de violencia.

En enero, la Fiscalía abrió una investigación contra Boluarte por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Sin embargo, la mandataria tiene inmunidad hasta el fin de su mandato y, ahora, la oposición busca reactivar las movilizaciones cuando los sondeos reflejan que más del 80% los encuestados rechazan al Ejecutivo, al Gobierno y exigen elecciones anticipadas.

(Con información de agencias)