El oficialismo responde que "no tenemos otra forma de encarar la gestión que con la eficiencia en el gasto"

Así lo sostuvo este lunes la diputada frenteamplista Bettiana Díaz (MPP) al resumir el centro del mensaje de la oposición sobre la Rendición de Cuentas, que comenzó a discutirse en la cámara baja. 

“En vez de camisetear sobre el ahorro de US$ 600 millones, el presidente debería pedir disculpas” pidió la legisladora, en referencia a Luis Lacalle Pou y la cifra que, según el mandatario, se logró ahorrar en pandemia. “Sobre todo, porque muchos de los 100.000 que cayeron y están cayendo en la pobreza son niños”. También por haber sido el año en que “reaparecieron” las ollas populares. 

Díaz cuestionó en ese sentido el “relato” expresado por el gobierno en el mensaje presupuestal, cuando a juicio de la oposición el gasto para contener los efectos de la pandemia estuvo lejos de ser suficiente, mientras que el gobierno seguía “al pie de la letra el ajuste fiscal planificado” aún en el contexto de crisis. 

Prueba de eso, dijo Díaz, es que la mayoría de los entes autónomos y servicios descentralizados fueron al Parlamento a solicitar más recursos que los que les otorgó el Poder Ejecutivo. “Vinieron a pedir más plata porque no les alcanzó y tuvieron que dejar de hacer cosas que eran muy importantes”, remarcó. 

El Frente Amplio, que en paralelo a la discusión en la Cámara de Diputados presentó públicamente en la plaza 1º de mayo su propia “rendición de cuentas” estimó en US$ 309 millones el recorte de gasto presupuestal el año pasado, que tuvo su incidencia más significativa en la caída en los salarios públicos y las pasividades. 

“Suben las tarifas, suben los sueldos de los cargos de confianza, sube todo menos los salarios”, ironizó. 

En una etapa en la que el Poder Ejecutivo ya habla de “pospandemia”, Díaz cuestionó que el Poder Ejecutivo no dé ninguna pista en la Rendición de Cuentas sobre eventuales medidas para “el día después”. 

La diputada del MPP afirmó además que en el texto no existe una sola medida para crear empleo. En cambio, sostuvo, hay una “transferencia permanente” de responsabilidad al sector privado, al que se le dan estímulos a través de exoneraciones “por si se le antoja contratar a alguien”. 

El proyecto, que será aprobado en tres sesiones hasta este miércoles con los votos del oficialismo, recibió modificaciones luego de que los partidos de la coalición de gobierno llegaran a un consenso para destrabar la discusión sobre artículos que generaban discrepancias, como los referidos a datos de autocultivo, clubes cannábicos, zonas francas y primera infancia. El Frente Amplio (FA), por su parte, anunció que no votará la propuesta en general.

Desde el Partido Nacional, el diputado Álvaro Viviano (PLP) defendió que el proyecto "refleja un estilo de gobierno, una firma de hacer las cosas", que va en consonancia con lo que ha sido la ley de Urgente y Consideración y el Presupuesto. "Es una comunidad en sí misma, que recoge varios pilares que debemos reafirmar, y que son los principios de nuestra gestión". 

"No tenemos otra forma de encarar la gestión que con la eficiencia en el gasto", subrayó. "Es una cuestión de principios. no había otra forma de gobiernar. Estamos comprometidos con el buen manejo de las cuntas públicas". 

Los informes

El informe en mayoría estuvo a cargo del diputado nacionalista Sebastián Andújar, que defendió una serie de acciones promovidas por el gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19 y se basó en que el trabajo tuvo como eje "una política económica dinámica". "La optimización de nuestras políticas públicas es una tarea permanente en la que debemos seguir avanzando. (…) La recuperación económica basada en el incremento de la inversión y la recuperación de los puestos de trabajo es uno de los desafíos que tenemos hacia adelante", precisó.

El legislador, que en su discurso citó los apoyos en las prórrogas de los seguros de desempleo y los subsidios a raíz del virus, recalcó que el gobierno invirtió más en comparación con otros países de América Latina y aludió esa estrategia a un aspecto clave para "la dinamización" y "la reactivación del empleo".

"El gobierno invitó a trabajar la libertad en todos los sentidos", dijo y señaló que la pobreza, a la que ilustró en la cara de un niño, invita ahora a "sentar bases para alcanzar círculos virtuosos de crecimiento económico y desarrollo social", con la Rendición como eje, en vez de "mirar para el costado".

En contraposición, el frenteamplista Gustavo Olmos, con el informe en minoría respondió que la "eficiencia" que ejecutó el gobierno estuvo "muy bien", pero, opinó, hubo "recortes de US$ 309 millones".

"Hay que poner foco en los resultados y no en el gasto, la ministra de Economía lo planteaba en la interpelación. Y el problema justamente son los resultados: tenemos 100 mil nuevos pobres, (…) los apoyos que el gobierno debería haber hecho para evitar que la población cayera en esa situación no fueron cero, pero tampoco fueron todo lo que se necesitaba. Desde abril de 2020 ya teníamos el informe del Instituto de Economía que decía que si no se tomaban determinadas medidas, algunos sectores de la población iban a caer en situaciones de pobreza", sentenció.

Detalló: "US$ 86 millones se recortan en salarios, hay casi US$ 100 millones (recortados) en funcionamiento de escuelas, hospitales, centros CAIF y otros gastos sociales, y hay otros US$ 124 millones que se recortan en inversiones. Todas las políticas y todos los organismos sufrieron recortes, la única excepción fue el Ministerio de Salud Pública".

Olmos resumió que en el FA entienden que no se debe culpar al gobierno por las consecuencias de la pandemia, por ser un hecho mundial, sino que se debe cuestionar la "gestión deficitaria de la economía" y la "muy deficiente contención de las consecuencias sociales".

"El gobierno optó por aplicar un ajuste fiscal, recortando salarios, pasividades y políticas publicas en una crisis económica que no tiene antecedentes. Hacia adelante no vemos un modelo de desarrollo que incluya a la mayoría de la población —sostuvo—. La única política que aparece clara es el recorte a costa de un deterioro en algunos servicios públicos y prestaciones en los salarios y las pasividades de los uruguayos. No hay medidas de reactivación económica; las políticas de empleo brillan por su ausencia".

El diputado citó una nota de un escritor brasileño llamada La versión de los ahogados, donde argumenta sobre el mito de que los delfines "salvan gente" y explicó que, en realidad, es una versión simplificada de quienes se salvaron y llegan a la orilla.

"Solo los que llegan a la orilla son los que pueden dar testimonio de lo que hacen los delfines y construyen el mito de que los delfines salvan gente. Pero los que fueron empujados hacia el fondo del mar no tienen voz, no son oídos, no son capaces de dar testimonio. Eso pasa con muchas políticas de este gobierno: escucha a los que llegaron a la orilla, pero se olvida de los que son empujados al fondo del mar", remató Olmos.

Jorge Alvear, del Partido Colorado, leyó en su pantalla una serie de acciones que el gobierno implementó y pretende abordar próximamente, como la segunda planta de UPM en Pueblo Centenario, Durazno, aclaró que la Rendición dio lugar a que los diputados manifestaran sus inquietudes en relación a la propuesta inicial que presentó el Ejecutivo y subrayó que la iniciativa llegó con una perspectiva que "dista mucho de la filosofía de los que creen que si capto, no hay éxito".

"Lo importante es dejar sentado es que el proyecto (...) está alineado con aquello que dijimos en la campaña y por lo cual la población nos trajo a estas bancas que ocupamos con honor: (...) vinimos a poner la casa en orden y este es un ejemplo", fundamentó.

Con la mirada puesta en la intención detrás del proyecto, Sebastián Valdomir, del FA, contradijo a su antecesor y señaló que la Rendición pretende que sigan "cerrando las cuentas desde el punto de vista fiscal", tal y como, dijo, afirmó la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en la reciente interpelación que la convocó al Parlamento.

"Esta Rendición de Cuentas no fue nada de lo que debió ser; no es la de la reactivación ni la de generación de empleos. No es la de la inversión ni la de la renovación", dijo y afirmó que el aumento de la pobreza, así como la caída masiva de los ingresos en los hogares o el aumento de las personas en seguro de desempleo, dejan sobre la mesa inquietudes sociales sin resolver en lo que definió como una "oportunidad perdida".

"Nos queda claro que es una continuidad, junto con la Ley de Urgente Consideración y la Ley de Presupuesto, y que viene implícita una línea económica y política que apunta al recorte y al achicamiento del Estado en la economía y de allanarle el papel a algunos sectores muy particulares", matizó.

En lugar de un "fuerte apoyo a la infancia", es un instrumento que deja "muy poco" apoyo margen para atender la pobreza infantil, con "puja entre organismos (públicos) para apropiarse de una mayor cantidad de recursos públicos", le contestó a Andújar.

"Se nos vino aquí y se nos dijo que US$ 50 millones iban a estar destinados directamente a la atención en primera infancia y terminamos el último día en comisión viendo cómo se repartían esos rubros porque no había un plan acordado políticamente. Terminamos con lo que se nos transmitió en una conferencia: de los US$ 50 millones a un bono de $ 2.500 a las familias que tienen chiquilines de 0 a 3 años todos los meses. Ese es el instrumento para atender la pobreza infantil en esta situación, no es reforzando el ingreso de los hogares mediante empleo genuino, asistencia directa a los ingresos de las familias, sino que son bonos directamente colocados en aquellas familias que tienen vulnerabilidades sociales y chiquilines entre 0 a 3 años, sin otro aditamento aprobado en esta Rendición de Cuentas", agregó sobre el acuerdo al que llegaron blancos y colorados el pasado miércoles cuando concretaron la forma en la que se van a distribuir los US$ 50 millones que el Poder Ejecutivo destinará a políticas para la primera infancia.