Escandalosas intrusiones telefónicas en España e Israel por el uso indebido de un software telefónico

Pero en España e Israel se pasaron de la raya. El gobierno español denunció que los teléfonos del presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, así como de sus ministros de Interior y Defensa fueron intrusados por el software espía.

En Israel, el diario de mayor circulación del país, Yedioth Ahronoth, denunció acceso masivo a teléfonos con tanto con el software Pegasus como con otro similar, el Saifan, obligando a la fiscal general de Estado a ordenar una investigación para saber el uso que se le está dando a los spyware ideados por la compañía israelí NSO Group.

El juez español José Luis Calama, que investiga el espionaje al Presidente y a varios miembros del gobierno llamó a declarar como testigos a los ministros de Defensa e Interior, en el marco de las indagaciones que está realizando por este caso de vigilancia con Pegasus.

En un comunicado recogido por la agencia de noticias AFP, la Corte  informó que Calama, juez de la Audiencia Nacional, una alta jurisdicción en Madrid, convocó a los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y de Defensa, Margarita Robles", para que declaren como testigos y damnificados.

El magistrado ya tomó declaración al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, muy próximo al jefe del Gobierno Pedro Sánchez y solicitó viajar a Israel para interrogar al director ejecutivo de la compañía NSO Group, creadora de Pegasus.

La petición debe ser aprobada por las autoridades israelíes y aún está pendiente de respuesta. Algo similar ocurre con una corte parisina, donde también se denunció el funcionamiento de Pegasus como una violación a derechos individuales.

El juez abrió su investigación tras la denuncia formulada por el Gobierno español en mayo, por el espionaje con Pegasus. El Ejecutivo aseguró que se trataba de un "ataque externo", pero que no sabía quién estaba detrás.

Varios medios españoles señalaron entonces a Marruecos, que atravesaba una compleja crisis diplomática con España cuando se produjeron los hechos.

Adicionalmente, el juez Calama pidió al Gobierno "desclasificar los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos, declarados secretos o reservados y que pudieran verse afectados" por los testimonios que darán los ministros de Defensa e Interior, agregó el comunicado.

El escándalo explotó el 18 de abril cuando Citizen Lab, un proyecto de ciberseguridad de la Universidad de Toronto, publicó un informe que identificaba a más de 60 independentistas catalanes cuyos teléfonos móviles habrían sido atacados entre 2017 y 2020 con el software israelí.

Poco después, el Gobierno español admitió que había sido espiado en mayo y junio de 2021 con este programa. Los servicios secretos españoles reconocieron haber vigilado con autorización judicial sólo a 18 de los 60 independentistas catalanes.

El tema de los "excesos" en el uso del programa, cuya venta sólo se ofrece a servicios de seguridad estatales y cuyo uso debe ser autorizado por un juez, quedó en el centro de la investigación en Israel.

Un panel de especialistas convocados especialmente aseguró que su investigación no reveló violaciones sistemáticas a las leyes del país, aunque reconoció casos en los que hubo "excesos", según las primeras conclusiones presentadas este jueves a la fiscal general, Gali Baharav-Miara.

El diario Yedioth Ahronoth había denunciado intrusiones masivas en los teléfonos móviles de la población mediante los programas Pegasus y Saifán.

Aunque el informe lo descarta, admite que la Policía "excedió "las autorizaciones dadas por los tribunales en algunos pocos casos”.

Tras seis meses de pesquisas, el panel determinó que las acciones llevadas a cabo por la Policía se enmarcaron en sus competencias y resaltaron que la Policía no tuvo acceso a las bases de datos internas de NSO, por lo que no pudo manipular o cambiar datos.

Según las informaciones recogidas por el diario Haaretz, el informe recoge además algunos casos en los que la Policía rebasó las restricciones impuestas en las órdenes judiciales, incluida la extracción de información adicional no incluida en las mismas o usar el 'spyware' después de que la orden hubiera expirado.

La Asociación para los Derechos Civiles en Israel reiteró que "el uso por parte de la Policía es ilegal, ya sea con orden judicial o sin ella".

"El pecado original es el acto de comprar y usar 'spyware' que es capaz de llevar a cabo un abanico tan amplio de acciones generales. La fiscal general debe seguir prohibiendo su uso", añadió la organización citada por la agencia de noticias Europa Press.

El ministro de Justicia de Israel, Gideon Saar, dijo en febrero que las informaciones sobre el supuesto espionaje de la Policía eran "incorrectas", después de que su cartera afirmara que "no hay indicaciones" sobre la existencia de este espionaje.

Medios de comunicación y activistas había denunciado que los hackeos afectaron a líderes de movimientos sociales, periodistas del portal de noticias Walla, empresarios, alcaldes y varios altos cargos de diversos ministerios. Entre ellos citó a los asesores de medios del ex primer ministro Benjamin Netanyahu, Topaz Luk y Yonatan Urich.