Espirómetro para la corrupción

El escándalo y la tensión que generó en el Frente Amplio el caso Raúl Sendic llevó los reflectores al Partido Nacional, donde tres dirigentes con altos cargos políticos tienen cuestiones pendientes con la Justicia.

En primer lugar, las citaciones a los juzgados sirven como arma de destrucción masiva en las internas partidarias, más letales que las luchas entre distintos partidos.

Ahora, la senadora nacionalista Verónica Alonso, que enfrenta un litigio judicial con una agrupación de su sector por el pago de una deuda a una imprenta durante la campaña electoral, tiró una bomba al exigir el pedido de licencia del intendente de Soriano, Agustín Bascou.

El jefe comunal es investigado por libramiento de cheques sin fondos en el marco de su actividad comercial privada. Ese asunto es complejo y el juez determinará – después de indagar el caso– qué pasó. Pero lo que realmente lo complica es la denuncia frenteamplista en cuanto a que Bascou presuntamente figuraba como dueño de una estación de servicio incluida en el registro de proveedores de la comuna. De ser así lo colocaría durante un tiempo de los dos lados del mostrador, algo prohibido por la ley.

Para peor el diputado blanco Wilson Ezquerra embistió y lesionó en forma grave a una mujer al manejar alcoholizado. Eso para él es más grave que para el resto de los ciudadanos ya que integra el cuerpo legislativo que hace todas las leyes y, en particular, aprobó la de alcohol cero.

El líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, defendió o tuvo palabras de consideración hacia los dos integrantes de su sector. A la vez se enfrentó a Alonso –que se asoma como rival en la competencia por la candidatura presidencial de 2019– a raíz de su pedido de licencia para Bascou. En el sector de Luis Lacalle Pou tampoco fue bien recibida la posición de Alonso.

Hasta ahora los blancos venían manejando bien sus diferencias internas, pero esta semana volvió aquel reflejo peleador de los años 1990.

La cuestión de los delitos o las desviaciones de conducta ética han sido manejadas en forma diferente en cada partido. El Frente Amplio expulsó al exdirector de los casinos municipales Juan Carlos Bengoa y cuestionó severamente a Sendic, quien se sintió obligado a renunciar.

Sin embargo, ese organismo no citó al exministro de Economía, Fernando Lorenzo y al expresidente del BROU, Fernando Calloia, ambos procesados por abuso de funciones a raíz del remate de los aviones de Pluna.

El Partido Nacional –cuya comisión de ética recibirá al intendente y al diputado cuestionados– ha expulsado a todos los gobernantes vinculados a delitos contra la administración pública luego de un dictamen judicial. Los colorados nunca se plantearon sanción alguna contra dirigentes y hasta algún ministro procesado.

Eso hasta la irrupción de Pedro Bordaberry en la conducción partidaria. Con su liderazgo se votó el desafuero y suspensión partidaria para el ex intendente de Artigas, Alberto Signorelli, y años más adelante se expulsó al dueño del Cambio Nelson de Maldonado, Francisco Sanabria.

Frente a las denuncias, a veces motivadas por razones políticas, los máximos dirigentes partidarios han reaccionado en defensa de los acusados, por convicción de honestidad en algunos casos y por conveniencia en otros. Es humano y tienen derecho a ello.

Pero la más efectiva defensa es la de los abogados ante el juez. En la forma que sea, el mejor mensaje partidario es el de cero gramo de tolerancia a la corruptela, sea chiquita o grande.