Temen que medidas desestimulen llegada de inmigrantes más vulnerables.

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Excepciones de seguro médico para extranjeros: la "falsa solución" y el posible impacto en la atención a inmigrantes

Advierten que la normativa vigente podría satura a la Comisión de Refugiados y al Mides
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02 de marzo de 2023 a las 05:04

El Poder Ejecutivo decretó este lunes dos excepciones para remendar un “error” en un decreto aprobado diez días antes. Ocurre que el 16 de febrero se había resuelto que los extranjeros que pretendan ingresar al país debían contar con seguro o cobertura de salud. Ahora, con las nuevas modificaciones, se exceptúa a los solicitantes de refugio o bien a las reunificaciones familiares.

Pero las instituciones que trabajan con los inmigrantes recientes —sobre todo en situación de vulnerabilidad— advierten que se trata de una “falsa solución” que podría “saturar la vía de acceso al refugio” y, por consiguiente, “retrasar los trámites de quienes sí están siendo perseguidos y necesitan la protección estatal”, al tiempo que “se esquiva el derecho constitucional de que los inmigrantes gocen de los mismos derechos fundamentales que sus pares nacionales, como es el caso de la salud”.

Así lo entiende la enfermera Katia Marina, presidenta de la ONG Idas y Vueltas. “Cada restricción de ingreso de los inmigrantes, como es la necesidad de contar con seguro médico o que las solicitudes de residencias pasen a tener un costo, genera trabas administrativas y económicas que acaban restringiendo derechos”, dice la activista.

Refiere a que desde febrero la Dirección Nacional de Migración pasó a concentrar todas las solicitudes de residencia, como ocurría antes de 2014, pero se incluyó un costo por el trámite que solo podría ser exonerado si se justificaba ante el Ministerio de Desarrollo Social. Otra vez: “se burocratiza aún más el sistema y se hace más difícil la concreción de un derecho que debería ser cada vez más simple”, advirtió la también activista de la Red de Migrantes Rinche Roodenburg. Porque, agrega, “$ 3.134 por dar inicio al trámite y otros $ 314 por el certificado migratorio es bastante plata para un inmigrante que viene con una mano delante y otra atrás”.

En esa misma línea se expresó una fuente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, quien prefirió no revelar su identidad “porque la Institución inició una investigación y está a la espera de que se expidan los organismos (públicos) involucrados”.

La derivación al Mides de quienes no pueden costear la solicitud de residencia y a la Comisión de Refugiados de quienes no pueden pagar el seguro de salud siguen la misma lógica que ocurre con aquellos inmigrantes a los que se exige visa de ingreso —como los cubanos y dominicanos— que, pese a no estar necesariamente en una situación de persecución tiene que acudir al refugio para inmigrar por la vía regular.

Desde hace casi una década se extendió entre muchos cubanos una aventura migratoria que empieza en Guyana (al norte de Sudamérica y donde no se exige visa de ingreso), continúa por Brasil en los pocos días de gracia que otorga de movilidad interna ese gobierno, y acaba en la solicitud de refugio en la frontera seca de Uruguay.

El año pasado, a su vez, se batió el récord de llegada de venezolanos, una población que podría solicitar el refugio, pero que, gracias al acuerdo de Mercosur, consigue el trámite de residencia. El problema es que muchos de los recién llegado tuvieron historias de fracaso en terceros países de la región y llegan sin ingresos y sin empleo.

“La mayoría de inmigrantes que entran por vía terrestre están en tan malas condiciones  que el costeo de la residencia o acceder a un seguro médico incluso cuando muchos lo precisan de urgencia es extremadamente inaccesible y se contradice con la política de puertas abiertas de Uruguay”, dice Marina.

El ministro de Salud, Daniel Salinas, había justificado que la solicitud de seguro médico suele ser habitual en la mayoría de países y que es “preferible” que todo extranjero cuente con él al ingreso a Uruguay. Por eso se quiso mantener una política que había iniciado en el marco de la emergencia sanitaria del covid-19.

Como justificación de que “Uruguay no cierra las puertas”, dijo una fuente de Salud Pública, “en la pandemia se respetó el acceso a la salud de todos los recién llegados”.

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