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Exfuncionarios de Casa de Galicia: prestadores están "desbordados" pero siguen sin incorporar trabajadores
El 1º de abril Casa de Galicia cerró sus puertas. Ese mismo día se firmaba un acuerdo en el Ministerio de Trabajo que establecía una fórmula para distribuir a sus funcionarios entre los cinco prestadores que recibirían a los poco más de 37 mil socios de la quebrada institución. Cada una tomaría un trabajador por cada 1.000 afiliados absorbidos. La masa social fue derivada a los nuevos prestadores, que, sin embargo, siguen sin proceder a la incorporación acordada de personal ni han realizado ningún tipo de convocatoria.
La situación fue planteada la semana pasada en la Comisión de Seguimiento que funciona con todas las partes involucradas, según declaró a El Observador Alexandra Vera, dirigente de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia (Afuncag). Vera dijo que la única que ha hecho algún tipo de llamado fue Crami, la mutualista de Las Piedras, pero sin cumplir con los criterios que habían sido definidos: la prioridad la tendrían los que dependían de Casa de Galicia como único ingreso, que fueran jefes de hogar y con hijos a cargo. Sin embargo, según Vera, ese prestador está llamando a licenciados, o a gente que tenía dos empleos.
La realidad fue confirmada por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que sostuvo que se está trabajando en el proceso. "Va a llevar su tiempo", adelantó.
Los trabajadores optaron por pedir la intervención del Parlamento. "Hay mucha angustia", dijo Vera al presentarse este martes ante la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. "No sabemos qué va a pasar y nadie nos dice nada". Su colega Ruben González apuntó a la responsabilidad de las instituciones. "Nosotros no desconfiamos del gobierno, sí de los empresarios", afirmó. Según su versión, cuando ya se había firmado el acuerdo, los prestadores aparecieron "con un as debajo de la manga" al anunciar que no iban a reconocer cargos ni actividad. "Están recibiendo las cápitas de cada socio y todavía no han absorbido a un solo funcionario", advirtió.
Según González, con su actitud los empresarios están recargando a sus propios trabajadores. El dirigente dijo haber tenido conversaciones con funcionarios del Círculo Católico, una de las instituciones que recibió socios de Casa de Galicia. "Empezaron a dar horas extras porque están desbordados", aseguró. "El mismo que despacha el medicamento te da la orden para el médico y le saca sangre al socio —dijo—. Me pasó a mí".
El dirigente remarcó que las empresas tienen hasta 60 días para empezar a convocar a los funcionarios. Si lo hacen el último día, reparó, habrán recibido por 59 días las cápitas sin haber tomado a ningún trabajador.
Los trabajadores afirman que tampoco percibieron la indemnización al ser despedidos de Casa de Galicia. Como fecha probable, se les anunció el 13 de mayo. Y, como todavía no se activó el seguro de paro especial que había sido acordado, los funcionarios fueron dados de baja del Banco de Previsión Social (BPS) y, por lo tanto, quedaron sin cobertura mutual, de acuerdo a lo denunciado ante el Parlamento. Así fue pese a que, según remarcó Vera, se les había dicho que la cobertura iba a estar asegurada desde el 1º de abril.
El acuerdo preveía que los que tuvieran un solo trabajo cobrarían el 70%. Los que además tuvieran hijos a cargo percibirían un plus del 20% sobre ese 70%. Los trabajadores con dos empleos también iban a ser contemplados en ese seguro de paro especial, cobrando el 50% del sueldo que tenían.
No alcanza la plata
A la comisión también fue el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), para plantear una situación similar con respecto a los 710 colegas que trabajan en Casa de Galicia. El acuerdo firmado también preveía un orden de prelación para la absorción de los profesionales, por un total de $ 19 millones mensuales. La prioridad, también en este caso, será para los médicos con un único empleo. Como se trata de los sueldos más altos, el monto de dinero definido alcanzaría solo a 250 médicos, según dijo la presidenta del sindicato, Zaida Arteta.
El SMU había coincidido con el gobierno en una disminución de horas trabajadas para permitir el ingreso de más profesionales, con un tope salarial nominal de $ 184 mil.
La comisión citó para la semana próxima a los responsables de las cinco mutualistas involucradas: el Círculo Católico, el Hospital Evangélico, Cudam, Universal y Crami.
