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Exobreros de Salto Grande piden ley reparatoria y lograron reunión con Lacalle Pou
"Todos unidos por una ley reparatoria”. Es el lema que el pasado miércoles llevaron adelante un grupo de exobreros que participaron en la construcción de la Represa de Salto Grande, al llegar frente a la Torre Ejecutiva con un reclamo que está a punto de cumplir medio siglo.
El grupo logró acceder al piso 10 de la sede gubernamental, ser recibidos y entregar una carta con su reclamo. También obtuvieron una conquista que consideran histórica: que el propio presidente Luis Lacalle Pou acceda a una entrevista personal. Será a mediados de octubre. Del encuentro participará también el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que en un contacto previo se había comprometido a instalar un equipo técnico y, según los reclamantes, “meter cabeza” para dar con una solución.
Lo que buscan es que, con “voluntad política”, el gobierno de Lacalle Pou acceda a beneficiarlos con una ley reparatoria que debería reconocer los haberes laborales que, afirman, nunca les fueron honrados.
Los exobreros argumentan que la empresa que en su momento fue contratada para las obras en la represa, una multinacional italiana, dejó al retirarse el dinero para honrar todos los compromisos. Sin embargo, aseguran, el gobierno militar terminó licuando esos fondos en Rentas Generales sin saldar la deuda.
Todo sucedió en 1978, cuando un decreto de la dictadura determinó el “final de las obras” en Salto Grande, que realmente culminaron en 1983. Por la misma vía, dicen, el régimen dejó sin efecto el pago a los obreros uruguayos, determinando que no les correspondía el despido. No fue el caso de los extranjeros, que cobraron en tiempo y forma.
El reclamo es apoyado, entre otros legisladores, por el diputado Rodrigo Albernaz (Cabildo Abierto), que por lo pronto, celebró un avance significativo. Por primera vez desde el retorno a la democracia, un presidente accedió a recibirlos personalmente. En diálogo con El Observador, Albernaz dijo que el grupo irá allí con una premisa: que 2022 sea “el año de los obreros de Salto Grande”. Así, como “oficialista”, el diputado cabildante le pide al presidente que “dé una solución” y y defina un pago de manera “simbólica”.
Deberá ser así ya que, desde el propio grupo , se reconoce que sería imposible reclamar la deuda desde el punto de vista legal. Según sus estimaciones, si la deuda se asumiera en su totalidad, significaría unos US$ 20 millones. Allí incluyen el pago de despidos, francos compensatorios y horas extra que, afirman, no les fueron liquidados hace casi 43 años.
A los efectos es que Albernaz presentó ante el Parlamento un proyecto que pide expresamente un ley de reparación al Poder Ejecutivo que, constitucionalmente, es el que tiene la iniciativa privativa en ese aspecto. Allí se sugiere una alternativa. Para el diputado cabildante, dato que Salto Grande “puede manejar a discrecionalidad” grandes cifra de dinero producto de obra en la que los exobreros fueron “parte de su esencia”, sería una fuente importante para saldar esa deuda.
Otra de las sugerencias del grupo pasa por financiar la demanda a través de lo producido por un peaje a cobrarse a los vehículos livianos que circulan sobre el puente internacional de Salto Grande. En 2013 comenzó a aplicarse una fórmula similar pero para vehículos pesados, pero la recaudación terminó siendo derivada por la Comisión Técnico Mixta de la represa a clubes deportivos y sociales de la zona.
Un tema habitual
La eventual ley reparatoria contemplaría la situación de unas 1.500 personas. La mitad de ellos ya fallecidos, por lo que la compensación iría para viudas o hijos. Entre los que sobreviven, el promedio de edad es de 74 años. El reclamo de los exobreros ha llegado a convertirse en un tema habitual a resolver en cada período parlamentario. En las últimas cuatro legislaturas hubo proyectos proponiendo la reparación. Todos tuvieron el mismo destino: el archivo.
A juzgar por lo que ha sido hasta ahora la única puntualización del actual gobierno sobre el tema, los reclamantes carecerían de suficientes elementos para mantener el optimismo. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, tuvo que ir el último día de agosto de este año a una comisión parlamentaria para expresarse sobre el tema.
“Todos los que hacemos política desde hace bastante tiempo hemos tenido contacto con este reclamo desde hace décadas”, recordó. “Hubo gobiernos de todos los partidos y el resultado siempre fue el mismo: no hubo respuesta”.
Ante los legisladores, Mieres sostuvo que el reclamo de los extrabajadores carece de todo respaldo jurídico. Además, agregó, padece de una apreciable “vaguedad”.
Para el ministro sería imposible tomar ahora una decisión que cambie lo que ha sido una constante en 37 años de gobiernos democráticos. “Tomar una decisión política sin fundamento jurídico para otorgar beneficios a un colectivo que no tiene pruebas fehacientes de su reclamo es abrir una puerta que no es propia de un Estado de derecho”, concluyó.
