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13 de febrero 2013 - 20:25hs

La Unidad de Bioética de la Facultad de Medicina analizó el alcance de la objeción de conciencia, su aplicación en el ámbito de la salud y en concreto en lo referido a la interrupción voluntaria del embarazo. El documento que surgió de ese análisis (ver nota aparte) será valorado en el Consejo de la facultad en sus próximas sesiones.

La posibilidad de obligar a los ginecólogos a fundamentar su rechazo a realizar abortos –una iniciativa de las autoridades sanitarias– no forma parte del informe. Pese a que la idea ha generado polémica y actualmente se sigue debatiendo, el titular de la unidad, Hugo Rodríguez Almada, reconoció a El Observador que “ni siquiera estuvo en discusión”.

Rodríguez Almada, referente nacional en medicina legal, no cree que la objeción de conciencia deba justificarse. “No estoy de acuerdo. ¿Qué es fundamentar? ¿Escribir un ensayo moral de por qué hacen esto y no lo otro? No creo. Lo que sí me parece que tienen que decir es qué es lo que no van a hacer, y que eso quede escrito confidencialmente para la institución en la que trabajan. Digo confidencial porque no me gusta que haya listas de médicos aborteros y médicos objetores”, argumentó.

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El Ministerio de Salud Pública (MSP) convocó a la Unidad de Bioética, al Colegio Médico y a la Facultad de Derecho a una jornada académica para discutir posibles modificaciones a la normativa acerca de la objeción de conciencia. El taller se realizará el 15 de marzo. Leonel Briozzo, subsecretario de Salud, dijo días atrás a El Observador que “no descarta” modificar el decreto reglamentario de la ley si en ese ámbito se concluye la necesidad de hacerlo.

Hace semanas que en el MSP se maneja la idea de regular la objeción e introducir la obligatoriedad de justificarla. Las autoridades confían que de ese modo podrán evitar las que han dado por llamar “objeciones no reales” o “por convenciencia”, es decir, que no se basan en motivos filosóficos o religiosos. Aunque los ginecólogos objetores son, según datos oficiales, solo el 30 % del total, en algunos departamentos sucedió que todos o casi todos los especialistas se acogieron a esa posibilidad y no hacen abortos, lo cual complica la implementación de la ley.

Sin embargo, dos de los tres actores que el MSP consultará para decidir eventuales modificaciones a priori no están afines a esa iniciativa. A la postura de Rodríguez Almada se agrega la del presidente del Colegio Médico, Jorge Torres, que días atrás reveló su opinión personal a El Observador: “Creo que alcanza con que la persona diga que objeta el hecho. Las razones siempre son éticas, religiosas o filosóficas. Pero no creo que tenga que hacer una fundamentación muy particular sobre eso. Podría entrarse en un interrogatorio sobre aspectos que pueden ser muy íntimos en la decisión de alguien. Creo que no agregaría”.

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