Explosión en el feudo K

Fiel a sus declamaciones ingenuamente irreales, Cristina sostuvo que fue una conspirativa acción coordinada por la administración Macri y un solitario periodista que estaba investigando la situación en Río Gallegos. Ni se dio por enterada de que la invasión a la residencia fue la explosión de gente enardecida por las privaciones. Desde que el fallecido Néstor Kirchner ganó la gobernación en la década de 1990 y se apoderó para siempre de la provincia, el 30% de los algo más de 300 mil habitantes se convirtieron en empleados públicos. Pero hace más de dos meses que no cobran sueldos o los perciben en pequeñas cuotas atrasadas.

El resultado es que miles de jubilados pasan el día, a veces con temperaturas bajo cero, para comer en ollas populares. No hay clases en lo que va del año porque los docentes están en huelga reclamando el pago de sus salarios. Lo mismo ocurre con los judiciales. La Corte Suprema y todos los juzgados están ocupados desde hace más de un mes, por lo que no existe administración alguna de justicia. También está ocupado el Ministerio de Economía y los hospitales funcionan a los tumbos, por paros y sin insumos. La desastrosa situación es producto directo de la forma en que los Kirchner manejaron los cuantiosos recursos de la provincia. Y no pueden apelar a la herencia recibida, porque ellos mismos la generaron y se la legaron a Alicia Kirchner.

A poco de asumir la gobernación, Néstor Kirchner privatizó las concesiones petroleras, otorgándoselas nada menos que a Lázaro Báez, el exempleado municipal convertido en poderoso testaferro y encargado del desvío de miles de millones de dólares del dinero K, y a José López, el exsecretario de Transporte de Fernández y recordado protagonista de las bolsas del convento con millones de dólares. Ambos están encarcelados, aunque por ahora escapa a igual suerte la expresidenta y varios laderos principales. Su futuro, sin embargo, es más que oscuro. La Justicia federal indaga a Fernández y a su exministro de Planificación, Julio de Vido, por el desvío ilícito de US$ 3.000 millones que Báez mandó a Suiza y otros países.

Esto se agrega a cuatro juicios que enfrenta la expresidenta por sobornos, lavado de activos, fraudes y otros delitos. La monstruosa red de corrupción que el matrimonio Kirchner organizó en Santa Cruz y luego extendió a todo el país desde la presidencia acumula cada vez pruebas más contundentes, que han sido resaltadas por el desastre que vive la población de Santa Cruz. Presumiblemente al final pagarán sus culpas los responsables de haber desvalijado a Argentina y empobrecido a decenas de millones de personas, precipitando a un país rico a una pavorosa crisis económica de la cual la administración Macri trata trabajosamente de sacarlo.