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FA dice que el intendente García suprimió 120 puestos de trabajo para "financiar cargos políticos"
El edil del Frente Amplio de Lavalleja Mauro Álvarez afirmó que el intendente Mario García suprimió 120 puestos de trabajo en la comuna para financiar "cargos políticos". La denuncia fue realizada durante la interpelación al jerarca en la Junta Departamental. En respuesta, García indicó que había pedido opinión a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) en los días previos y se defendió mencionando que está tranquilo por su accionar. Para respaldar su actuación presentó un informe del jurista Carlos Delpiazzo que concluyó que el jerarca actuó dentro de la legalidad.
Aunque la interpelación coincidió con el partido de la selección uruguaya, convocó a decenas de personas que, entre tapabocas, termos, mates y una pantalla gigante, siguieron algunos minutos de la sesión aglomerados sobre las afueras de la Casa de la Cultura de Minas.
Parte de la discusión giró en torno a la aprobación del presupuesto quinquenal y a la demora de la intendencia en responder el pedido de informes solicitado por el edil Álvarez en febrero. De la respuesta a ese pedido se conocieron los contratos de Andrea Aviaga –hermana de la excandidata a intendenta Carol Aviaga–, quien ingresó como peona a principios de diciembre y ahora oficia como coordinadora de campings, Ariel García –hermano del intendente–, que pasó de peón a desempeñar tareas en la Dirección de Descentralización, Danielo Acosta –dirigente de la lista 58 del Partido Nacional y exalcalde de Varela–, que entró como peón y a los pocos días fue asignado como capataz general con una diferencia salarial y una compensación de $13.500, Manuel Tejera –expresidente de la Junta Electoral de Lavalleja, de la lista 58– que ingresó como peón y recibió una compensación de $ 18.850 mensuales para una nueva función, entre otros.
"Todos estos cargos de particular confianza ingresaron como peones y con compensaciones. Nadie sabía nada de esto porque las resoluciones no las había visto nadie y después que se homologó el presupuesto quinquenal ahí recién aparecieron. Esto es una maniobra política. (La interpelación) fue solamente para justificar por qué las resoluciones se mandaron después de votado el presupuesto", dijo Álvarez a El Observador.
El descontento de la oposición contrasta con la recepción de quienes apoyan a García, que mediante un grupo de WhatsApp lo felicitaron asegurando que estaba "despegado" -en referencia a lo que, consideraron, fue una actuación destacada.
Álvarez agregó que el 70% de sus consultas no fueron contestadas, lo que, a su parecer, denota un grado de "secretismo importante", y señaló que si bien no está en contra de que un intendente tenga a su cargo a personas de "particular confianza", discrepa con la forma en la que obró García, que aumentó de 15 a 26 los nuevos jerarcas en comparación a la administración anterior.
"Los cargos de confianza van a insumir US$ 1 millón extra de lo que se estaba gastando. Es mentira que no se haya incrementado el rubro cero. El problema es que se disminuyó la cantidad de obreros, asistentes sociales, técnicos y otros oficios en el presupuesto y la plata de eso que se disminuyó se volcó a los cargos políticos de particular confianza. Se suprimieron 120 cargos en la intendencia que eran de obreros, asistentes sociales, entre otros, para poder financiar los cargos políticos", precisó. "Yo no puedo creer que el Partido Nacional, casi que por aclamación -porque a algunos ediles les faltó pararse y aplaudir al intendente- digan que eso está bien. El Partido Nacional dejó regalado al sistema político ayer en Lavalleja. La Junta Departamental termina homologando este despilfarro de dinero para beneficiar a amigos y familiares", insistió.
"Vamos a acatar a la Jutep"
Por su parte, García, quien compareció junto a la directora de Jurídica del gobierno departamental, Laura Nahabetian, dijo que aguarda por la respuesta del organismo. "Vamos a acatar lo que determine la Jutep. Es el organismo del Estado que analiza cuestiones éticas. La Jutep nos indicará qué debemos hacer”, sostuvo.
En diálogo con El Observador, el intendente manifestó que contestó "absolutamente todo". "Estamos tranquilos que actuamos diciendo lo que íbamos a hacer y nuestro accionar no está pensando en las elecciones, sino en hacer las cosas que nos comprometimos. (...) Dando cumplimiento a nuestra promesa electoral, creamos aquellos cargos de confianza, como Descentralización y Medio Ambiente, que no estaban creados. Y vamos a respetar estrictamente lo que diga la Jutep (sobre el caso de Ariel García). El rubro compensaciones en el mes de setiembre de 2020 es el mismo que en 2021 ($ 5 millones)", manifestó.
El informe de Delpiazzo que presentó en la Junta sostiene que la contratación de su hermano ocurrió antes de que asumiera y que la ley 19.823 establece que la autoridad competente “dispondrá los traslados necesarios sin que se perjudique la categoría del funcionario”. Además, el informe señala que el Tribunal de Cuentas observó todas las resoluciones de la intendenta Adriana Peña que disponen compensaciones, por lo que “la actual administración resolvió comenzar a encausar la situación, limitando su discrecionalidad” a funcionarios que “obtengan resultados que determinen el logro de los objetivos fijados”.
Mientras comparecía en la Junta, aparecieron pancartas enfrente a la casa de la madre de García con las frases "colorados contra blancos pillos" y "corrupción multicolor". Molesto con lo sucedido, calificó el hecho como un acto de cobardía: "A mi madre, que es una mujer de 86 años que vive sola, le pusieron pancartas en la puerta a las 10 u 11 de la noche y yo hace 20 años que no vivo ahí. Esto se volvió un ataque político y personal de grupos políticos que, escudados en el anonimato y en las redes sociales, se salen de control. Yo voy a dar las explicaciones sí, pero no se pueden meter con mi vieja. Es de cobarde", lamentó.
La oposición, por su lado, pidió remover a los cargos de confianza que estaban recibiendo compensaciones, pero no obtuvo el apoyo de la coalición, así como tampoco lo consiguió al intentar crear una auditoría externa que trate el caso.
En respuesta a los siete meses de demora sobre el pedido de informes, el oficialismo se excusó en que la intendencia estuvo cerrada desde diciembre a junio, por lo que la atención estuvo centrada en otros asuntos, como la contención de la pandemia.
Quienes respaldan al jerarca entienden que su actuación en el tribunal fue óptima y asumen que, como planteó el jefe comunal, la situación económica, heredada del gobierno anterior, es "compleja". En ese sentido, el intendente dijo hace unos meses haber asumido con un déficit de US$ 3 millones que le había dejado su compañera de partido, Adriana Peña.
