FA propone modificar artículo de la Constitución "netamente discriminatorio" hacia inmigrantes

En el marco de su discusión programática, una comisión del Frente Amplio (FA) propuso modificar o derogar el artículo 37° de la Constitución, cuestionado por varios organismos estatales y la academia, por considerar que discrimina a los migrantes.

El artículo indica que "la inmigración deberá ser reglamentada por la ley, pero en ningún caso el inmigrante adolecerá de defectos físicos, mentales o morales que puedan perjudicar a la sociedad". El Observador informó este jueves que la Junta Nacional de Migración (integrada por Presidencia, Cancillería, Mides, Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo) considera que esa norma de la Constitución está perimida y que envió una notificación al Parlamento al respecto.

Mientras tanto, en el FA, la Unidad Temática Programática de Inserción Internacional y Regional redactó la versión final del documento que servirá de insumo para la redacción del programa de la coalición.

En el documento, al que accedió El Observador, se señala que el artículo 37 es "netamente discriminatorio", por lo que se propone su "estudio, modificación y/o derogación". El texto agrega que "es necesario identificar algunos blindajes normativos que no permiten una integración plena y que pueden suponer un retroceso en la materia".

El director de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH), Juan Faroppa, opinó que pese a que el artículo en cuestión "es un error gravísimo", se trata de "un ejemplo de un lenguaje y concepción de la persona que ha sido superado". Según Faroppa, eso significa que para la institución el artículo ha quedado en desuso por leyes que si bien no están dentro del texto constitucional en sí, forman parte de lo que llaman "un bloque de constitucionalidad" que "pasan a integrar el derecho positivo uruguayo" con el mismo valor que si estuvieran en la Constitución.

Por eso, para el organismo el inciso dos del artículo 37 "ha sido tácitamente modificado por normas de derechos humanos" que integran ese bloque de constitucionalidad.

Sin embargo, un decreto del Poder Ejecutivo de fines de abril de este año recuerda, nuevamente, que ese artículo existe y está vigente. La nueva normativa regula la "concesión de residencia definitiva a los ciudadanos extranjeros que se encuentren en el país en especial situación de vulnerabilidad", de acuerdo a lo establecido por una ley de 2015 sobre el tema, que facultó al Poder Ejecutivo a otorgar ese tipo de residencia, "acreditada ante el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), siempre que se respete la prohibición establecida en el inciso segundo del artículo 37 de la Constitución".

La comisión del FA pide también "poner el foco" en la integración regional, aspirando a "buscar incansablemente su profundización", entendiéndolo como "parte de un proyecto político contrahegemónico".

En contraste, plantea que "los actores conservadores y los gobiernos neoliberales de la región tienen un claro sesgo anti-integracionista que se evidencia, por ejemplo, en la abrupta suspensión de la participación de seis países de la Unasur".

Por otra parte, el documento describe a la integración "en materia educativa" como "una política fundamental para lograr la integración real de los pueblos y fortalecer así la generación de centros de investigación, creación de conocimiento, autónomos y de calidad, que contribuyan a la soberanía de nuestra región".

Para ello, continúa el texto, "resulta fundamental garantizar el reconocimiento de títulos y estudios y modalidades educativas, tanto en el marco de los bloques regionales como a nivel bilateral con países de América Latina".