22 de noviembre de 2012 23:07 hs

Argentina finalmente se quedó sin margen de maniobra en un conflicto multimillonario relacionado con una deuda extranjera que no ha pagado desde que el país incurrió en una cesación de pagos récord hace una década, y lo que se juega la presidenta Cristina Fernández de Kirchner no podría ser mayor.

La noche del miércoles, un juez federal de apelaciones de Nueva York ordenó a Argentina pagar de inmediato y por completo a quienes la mandataria ha calificado de “fondos buitres”, haciéndolos responsables de muchos de los problemas de Argentina. Ello significa pagar US$ 1.300 millones antes del plazo del 15 de diciembre.

“En diciembre de 2012, hay pago de intereses a los tenedores de bonos reestructurados por aproximadamente US$ 3.140 millones. Presumiblemente, Argentina tiene pensado pagar el 100% de lo que debe. Hay actualmente deudas que se le debe a los demandantes”, indicó Griesa

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El juez también prohibió que Argentina pague a otros tenedores de bonos hasta que obedezca este fallo, lo que pone a la mandataria contra la pared: si no paga, corre el riesgo de provocar otro impago histórico de la deuda soberana argentina, esta vez por un total de US$ 20.000 millones.

“Difícilmente se puede considerar una injusticia el emitir fallos legales que impliquen que Argentina debe pagar lo que debe. Luego de 10 años de litigio, este es un resultado justo”, dijo el juez federal de distrito Thomas Griesa.

El gobierno argentino no respondió de inmediato el fallo de Griesa, emitido justo antes de la celebración de Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Los mercados de bonos cerraron.


“Durísimo”
“Este fallo es una apreciación del juez muy severa”, dijo el economista Carlos Melconian al participar ayer en el 5° Encuentro de los Líderes organizado por El Cronista Comercial y la Revista Apertura, al ser consultado sobre el fallo del magistrado estadounidense Thomas Griesa que ordena a la Argentina a pagar a los fondos buitres.

“Lo gordo de ese pago debe cumplirse el 15 de diciembre y hoy para mí el tenedor de estos bonos el 15 (de diciembre) no cobra”, consideró Melconian aunque no descartó que el gobierno “quiera hacer su intento”.

De acuerdo a fuentes oficiales la carta para jugar de Argentina es la presentación de un nuevo recurso llamado right of certioriari en la Corte de Apelaciones de Nueva York.

Se trata de una suerte de recurso extraordinario que presentará el gobierno argentino a través de sus abogados del estudio Cleary Gottieb Steen and Hamilton. Esta, según los expertos, es la última instancia judicial que hay en la Justicia de Estados Unidos para que Argentina evite un posible default técnico luego del fallo de Griesa.

La presidenta argentina y su ministro de Economía insistieron esta semana que no pagarán un solo dólar a los demandantes. Dijeron que, en su caso, apelarían ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero el juez no le dejó espacio de maniobra a Fernández, al ordenar que el dinero sea depositado en un fideicomiso del cual puedan cobrar los demandantes.

“Estas amenazas no pueden ser desatendidas”, escribió el juez. “Entre menos tiempo se le dé a Argentina para hallar modos de evadirse, más garantías hay contra dicha evasión”.

Si Fernández se niega, el juez dijo que el Banco de Nueva York, el cual procesa los pagos de los bonos argentinos, infringiría la orden si no retiene los pagos para los demás tenedores de bonos.

La idea cimbró los departamentos jurídicos de las instituciones financieras más poderosas de Estados Unidos.

La Reserva Federal y la agrupación Clearing House, que representa a los bancos comerciales más grandes del mundo, dijeron al juez que se asegure de que su orden no afectará el sistema estadounidense de transferencia de fondos, que en forma automática mueve un promedio diario de US$ 2,6 billones en medio millón de transferencias entre más de 7.000 bancos.

En un documento jurídico presentado el domingo, la Fed pronosticó severas consecuencias para un sistema que cuenta con que las transferencias sean “inmediatas, finales e irrevocables” una vez procesadas. Requerir a las instituciones financieras intermedias que identifiquen, detengan y desvíen pagos según los mandamientos judiciales “impediría el uso de las transferencias electrónicas rápidas de fondos en el comercio al causar retrasos y encarecer su uso”, advirtió el banco central estadounidense.

El juez restó importancia a estas inquietudes el miércoles por la noche, al decir que “si Argentina cumple con el dictamen de la Corte de Apelaciones, no habrá problema”.

La deuda soberana debe en principio ser pagada sin importar quién gobernó un país, pero Fernández ha considerado siempre que esa deuda impaga es ilegítima e impuesta a los argentinos por los dictadores que actuaron en concierto con los especuladores financieros internacionales. Fernández y su predecesor y ahora finado esposo Néstor Kirchner, quien asumió el cargo en 2003, nunca han hecho pagos por los bonos de la moratoria.

En cambio, ofrecieron nuevos bonos que pagaban menos de 30 centavos por cada dólar adeudado en la mora, y para 2010 el 93% de los tenedores de bonos originales aceptó el canje. El alivio en la deuda concedido por esos “bonistas del canje” le permitió a Argentina salir de una profunda crisis económica, y numerosos analistas lo han descrito como un modelo que podrían considerar Grecia y otros países muy endeudados.

Los tenedores de bonos que no aceptaron el canje, encabezados por NML Capital Ltd. –un fondo de inversión del multimillonario estadounidense Paul Singer–, insistieron en el pago completo más intereses, aunque algunos habían comprado muy barata la deuda en mora ante el colapso de la economía argentina.

Desde entonces, los abogados de Singer han viajado por el mundo con la intención de lograr el embargo de activos de Argentina. Recientemente consiguieron la confiscación de la fragata argentina Libertad en Ghana como garantía de pago, pero nunca han cobrado los bonos.


Puja entre bonistas
La solución del juez a todo esto es obligar a Argentina para que pague a los bonistas fuera del canje una cantidad igual cada vez que realiza un pago concertado a los tenedores de bonos canjeados.

La decisión provocó un clamor de un grupo de tenedores de bonos canjeados que juntos tienen US$ 20.000 millones en la deuda argentina reestructurada. Estos bonistas dijeron que ya han sufrido “decenas de miles de millones de dólares en pérdidas” y que no deberían ser castigados al permitir que unos pocos que no cedieron se lleven parte de sus ya escasos pagos y ganen hasta un 200% de su inversión original.

Los tenedores de bonos no canjeados respondieron: “Esas partes adoptaron una decisión empresarial de aceptar las garantías de un pronto pago en lugar de verse obligados a litigar contra la República (Argentina) en todo el mundo, como se han visto obligados a hacerlo los demandantes a un costo tremendo”.

Argentina le comunicó al juez que su responsabilidad termina una vez que transfiera el dinero al Bank of New York Mellon, que a su vez les paga a los bonistas del canje. El banco, por su lado, indicó que podría sufrir demandas de todas las partes si hace algo distinto a simplemente procesar los pagos como fueron previstos originalmente.

(AP)

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