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Falta de recursos, cargos y trabas legales: los problemas de la SCJ para crear los juzgados de género

Este martes la Suprema Corte de Justicia discutió el tema, además sigue esperando una respuesta del Ministerio de Economía para saber si pueden contar con los ahorros de la Cámara de Diputados

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04 de febrero de 2021 a las 05:00

Este martes los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) analizaron el desafío que tienen por delante para cumplir con la Ley de Presupuesto Nacional y crear los tres juzgados especializados en violencia de género. La norma no habilitó los recursos necesarios para hacerlo, tal como lo informó la corporación al presidente Luis Lacalle Pou en diciembre, ni contempló la cantidad de cargos necesarios para ponerlos en funcionamiento el 1º de julio de este año.

Por este tema se reunieron la semana pasada, por separado, legisladoras de la bancada bicameral femenina –entre las que estaba la vicepresidenta Beatriz Argimón–, y Mónica Bottero –directora de Inmujeres–, con el actual presidente de la SCJ, Tabaré Sosa. Luego del encuentro con Sosa, Argimón dijo que había sido "una excelente reunión de apertura" ya que era "indispensable" avanzar en las negociaciones para la instalación de los juzgados.

La vicepresidenta también dijo que además de los $ 57,5 millones anuales que aprobó el Parlamento –$ 32.900.000 este año y $ 65.700.000 los siguientes tres– se destinarán ahorros propios del Poder Judicial, pero este martes, reunidos en el acuerdo, los ministros analizaron que esos recursos no son suficientes ni seguros, y que todavía aguardan por una carta que enviaron el 4 de noviembre del año pasado –cuando se discutía el Presupuesto en el Parlamento– al Ministerio de Economía y Finanzas, dijeron a El Observador fuentes del máximo órgano judicial. En la misiva, la Corte consultó si era posible contar con cerca de $ 20 millones anuales de los ahorros que la Cámara de Diputados dejó a disposición para crear los tres juzgados especializados en género previstos en la Ley de Presupuesto Nacional. Pero aún no tuvieron respuesta.

Los ingresos actuales del Poder Judicial solo alcanzan para crear los juzgados siempre y cuando no deban atender delitos (competencia penal) o competencias civil y de familia. Es decir, sin que sean multimateria, como establece la Ley Integral de Violencia Basada en Género y Hacia las Mujeres, promulgada en diciembre de 2017. Esa norma había materializado el proyecto de ofrecer un servicio de justicia integral, que permitiera abordar en una misma sede asuntos de violencia doméstica, así como de divorcios y tenencias. 

Los edificios y otras carencias

Además, el artículo 542 de la ley de presupuesto presenta otros problemas. En primer lugar, no previó la necesidad de dos turnos por juzgado, para atender los casos que surjan las 24 horas, por lo que se crearon cargos para 12 horas de trabajo –tres jueces letrados, tres actuarios titulares y otros tres adjuntos, tres psicólogos y tres psiquiatras, entre otros cargos–. Por eso fue que Sosa les dijo a las legisladoras de la bancada femenina que el Poder Judicial iba a transformar otros tres juzgados para completar el segundo turno que necesita cada una de las sedes.

Pero aún así los cargos no alcanzan si se van a implementar los juzgados multimateria que dispone la ley. En caso de aplicarse lo que dicta la norma presupuestal, deberán crearse cerca del triple de los cargos actuales, una modificación que solo puede hacerse en la Rendición de Cuentas de 2021.

Esto último compromete la fecha de puesta de funcionamiento de las sedes, al igual que los problemas logísticos para instalarlas, como encontrar los edificios adecuados –que deberán estar al norte del Río Negro–, hacerles las reformas edilicias que fueran necesarias, y la instalación de las redes de datos y sistemas informáticos. "Es difícil que podamos cumplir con las fechas", señaló una fuente de la Corte.

En las dos reuniones mantenidas el 27 y 28 de enero, también se conversó sobre la necesidad de conseguir los inmuebles, y tanto Bottero como Argimón se ofrecieron a facilitar los trámites y encontrar los edificios, que serán traspasados al Poder Judicial en régimen de comodato.

Por otra parte, si se decide anular la multimateria de los juzgados, también será necesario un proyecto de ley en el que se deroguen los literales C y D del artículo 51 de la ley de violencia de género, que obligan en ese sentido.
 

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