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Familia de afroamericano asesinado por policía en EEUU recibe US$ 20 millones tras acuerdo
La familia de un afroestadounidense asesinado por un agente de policía estadounidense recibirá 20 millones de dólares tras un acuerdo civil, anunció su abogado el lunes.
En uno de los acuerdos más grandes de este tipo en Estados Unidos, el condado de Prince George, en el estado de Maryland, pagará esa suma a la familia de William Green, quien fue asesinado a tiros estando esposado a principios de este año.
"Es un acuerdo histórico que refleja la naturaleza atroz, la naturaleza brutal, la naturaleza sin sentido de lo que le sucedió a Green", dijo el abogado William Murphy.
Green fue arrestado el 27 de enero en el condado de Prince George, que limita con la capital estadounidense de Washington, luego de chocar supuestamente contra varios autos con el suyo.
El oficial Michael Owen le disparó presuntamente seis veces a Green, de 43 años, mientras permanecía esposado y sentado en el auto de la Policía.
Owen, en cambio, dijo que los dos forcejearon y que Green intentó tomar su arma, aunque los investigadores descartaron esta acusación: el oficial fue arrestado y culpado de asesinato.
Según The Washington Post, Owen tenía antecedentes recientes de uso cuestionable de la fuerza, sin embargo, no se habían tomado medidas al respecto.
"Hay un patrón terrible de violencia sin sentido, algunas cosas en su entorno que eran aterradoras", dijo Murphy.
La ejecutiva del condado de Prince George, Angela Brooks, dijo que las autoridades iban a asumir la responsabilidad. "No existe una suma de dinero apropiada para compensar una pérdida como esta", afirmó.
La indemnización fue anunciada casi dos semanas después de que la ciudad de Louisville, en Kentucky, resolviera una demanda civil con el pago de 12 millones de dólares a la familia de Breonna Taylor, una mujer negra muerta a manos de la policía a principios de este año.
Como la policía estadounidense tiene amplias protecciones por sus acciones mientras están en servicio, lo que se conoce como inmunidad calificada, las familias de las víctimas recurren cada vez más a demandas civiles contra municipios y condados para buscar justicia.
