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Financiamiento de partidos: blancos cuestionan proyecto acordado entre sus socios y el FA y recogen reclamos de canales y radios

Desde el Partido Nacional sostienen que hay que "desmitificar" que con el proyecto acordado se está evitando el narcotráfico en la política
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14 de noviembre de 2023 a las 05:04

Senadores y diputados del Partido Nacional se alinearon este lunes para "desmitificar" un relato de que el proyecto de ley de financiamiento de partidos, acordado ahora entre colorados, independientes y Frente Amplio, blinda al sistema de recibir dinero del narcotráfico. "Es un divague total", sostuvo un senador a la salida de una reunión entre bancadas, para graficar el malestar con la situación. 

El diputado Juan Martín Rodríguez salió del encuentro con las 16 carillas del articulado del borrador marcadas con flúo a modo de semáforo: verde, amarillo y rosado (a falta de un marcador rojo). "Existen artículos de dudosa constitucionalidad e incluso de muy difícil implementación, con una mirada muy montevideana y que no contempla el interior", acusó el herrerista. 

El senador y precandidato de Por La Patria, Jorge Gandini, sintetizó: "El gran botín de esta ley son los minutos gratis de televisión para publicidad electoral. Porque hay una confiscación del tiempo de los canales".

Gandini agregó que nada dice cómo se distribuyen en la interna de los propios partidos: "Supongamos que hay un intendente con mayorías en su departamento. A su partido le tocan tantos minutos en los canales locales: ¿Quién dice cuántos minutos le tocan a él y cuántos a sus contrincantes. ¿Quién lo resuelve? ¿Qué órgano? Nos estamos metiendo en un lío fenomenal al poner minutos gratis".

El artículo 13 del texto consensuado entre el colorado Conrado Rodríguez, el independiente Iván Posada y los diputados opositores establece que en períodos electorales –desde marzo a diciembre– el espacio admitido para tandas publicitarias será de veinte minutos por cada hora, diez de los cuales deberán reservarse para anuncios "gratuitos". 

El texto, que vuelve sobre un componente de la ley de medios de José Mujica que se declaró inconstitucional, recoge el histórico reclamo –en especial de la izquierda– de que la tarifa cobrada por los medios a los partidos en campaña sea igual para todos, y establece el siguiente esquema de distribución: 47,5% del tiempo para los partidos con representación parlamentaria, 47,5% según su votación en las anteriores elecciones y un 5% para los restantes partidos. 

Por otro lado, el artículo 10 apunta a que desde los tres meses previos a la veda electoral, los organismos del Estado –como Ancap, UTE o ministerios– no podrán pautar por publicidad oficial. 

"Si uno analiza la norma, la gran mayoría de lo que se modifica en ella son los topes (a los aportes para campaña), se consagran obligaciones a medios de comunicación de muy difícil cumplimiento, con medidas cuasi embargatorias, se le impide al Estado hacer publicidad durante casi 10 meses, cuando todos sabemos que es un cliente importante de los medios", apuntó el diputado Rodríguez. 

El planteo de los blancos recoge en esencia los reclamos de la Cámara de Televisión para Abonados (CUTA) y la Asociación de Broadcasters (Andebu) a comienzos de la legislatura, cuando recién comenzaba el estudio del proyecto. 

"El conocimiento de los políticos en el interior es porque somos todos vecinos; los políticos locales también son nuestros clientes. Salvo alguna publicidad específica que nos contratan en algún espacio con precios bastante irrisorios, todos los partidos tienen cabida de forma gratuita en los medios del interior, como en entrevistas en informativos (...) Se trata de montos muy pequeños y es mucho mayor lo que concedemos gratuitamente que lo que realmente se cobra", apuntaba el titular de CUTA, Washington Melo. 

La gremial pidió incluso –como afirmó este lunes el senador Gandini– que de haber minutos gratis de publicidad exista una "justa y previa compensación" por parte del Estado. 

Juan Andrés Lerena, abogado de Andebu, aseguró por su parte que "resulta anacrónico" y "enormemente perjudicial" todo lo relacionado a publicidad electoral gratuita, que "significaría un golpe durísimo a las economías de los canales ya que les quitan su único sustento: la publicidad".

Lerena se quejó asimismo de que de que "se siga profundizando" una "desigualdad" con plataformas trasnacionales –como Google y Facebook– que ya hoy tienen menos regulaciones que ellos y que el texto propuesto, a su entender, haría que "la competencia sea insostenible". 

El diputado Rodríguez se hizo eco de otro punto que preocupaba a las gremiales, que sostiene que un cobro desigual a la hora de prestar los servicios a los partidos políticos se entenderá como "una donación encubierta prohibida por la ley" y se sancionará con "la caducidad" de la licencia para operar. "Se asimila a un régimen venezolano, como que si un canal de TV realiza una operación sin acuerdo de la ley, se le quita la frecuencia", declaró el herrerista. 

También por eso Andebu había puesto el grito en el cielo: "No entendemos cuál es el fundamento para ser más severos y aplicar sanciones más gravosas a los medios que a los partidos políticos", había dicho Lerena en el Parlamento.

Plata para la campaña 

Los blancos acusan que solo el artículo 33 sugiere la posible incidencia del narcotráfico al establecer que la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas "podrán requerir el asesoramiento de la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y de la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central". 

Los legisladores se quejan sin embargo de que a los concejales se les pase a exigir lo mismo que a precandidatos a presidente e intendentes: una declaración jurada de bienes e ingresos.

También aparecen en filas del Partido Nacional reclamos por topes que, estrictamente, incidirían en los ingresos de la campaña.

Uno de los puntos tachados con rosado (para ellos una luz roja) por Rodríguez es la disposición que baja de un 15% a un 7% el máximo admitido de donaciones anónimas dentro de la estructura total de ingresos de una campaña. El tope manejado se mantiene igual que en la normativa vigente: 4.000 unidades indexadas por aportante anónimo. 

Los blancos discuten además que se fije en un millón de unidades indexadas el tope que candidatos a presidencia y vicepresidencia puedan aportar a sus propias campañas, un monto que a su entender es "irrisorio" cuando el texto valida por otro los descuentos a sueldos públicos que suelen ejercer varios sectores del Frente Amplio. 

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