Fiscal de Corte, un cargo “político” que no logra designarse

En ese punto es necesario detenerse. Díaz logró que el sistema político designara a Gómez como fiscal de Corte adjunto y se retiró en octubre de 2021, seis meses antes de llegar a los diez años y que se terminara su mandato. Desde ese momento oficialismo y oposición no han logrado ponerse de acuerdo, ya que tanto para designarlo como para sacarlo se requieren mayorías especiales. El fiscal de Corte requiere tres quintos de votos de la Cámara de Senadores (es decir 19 senadores), lo que obliga a los partidos políticos a negociar porque se precisan votos opositores.

Si bien al principio Gómez no levantó resistencia y se manejó dejarlo en el cargo hasta 2025 cuando cumplirá los 70 años, luego empezó a generar reparos, sobre todo del oficialismo, como te conté en esta columna anterior, y empezaron las conversaciones para buscar un sustituto.

Ahí entró en juego la política. Si bien los fiscales, al igual que los jueces, están inhibidos de hacer política partidaria y sus cargos son incompatibles con cualquier otra tarea (sólo pueden dar clases por fuera de la fiscalía), al requerirse venia para designarlos, antes de definir si dan su voto, los legisladores hacen sus averiguaciones sobre la ideología de esos fiscales y cada vez es más fácil saber de qué lado del espectro político están por más profesionales que sean. Todos tienen un pasado más a o menos cercano y el Uruguay de "acá nos conocemos todos" no es sólo una frase publicitaria.

Además, en la actual estructura de la fiscalía, el fiscal de Corte es el encargado de definir la política criminal que deberán seguir los fiscales y que implica por ejemplo, que se priorice algún delito sobre otro. Se trata de “directrices de actuación destinadas al mejor funcionamiento del servicio y al cumplimiento de sus cometidos”, según dice la ley 19.483 aprobada en 2016 y son dictadas por el Consejo Honorario de Instrucciones Generales que está integrado por la Fiscalía, el Poder Ejecutivo, la Universidad de la República, el Colegio de Abogados, la Asociación de Fiscales y representantes de la sociedad civil. Esas instrucciones han sido cuestionadas por algunos integrantes del oficialismo y el actual gobierno intentó eliminarlas pero el Frente Amplio y el Partido Independiente se opusieron.

El diputado colorado Gustavo Zubía que fue fiscal durante más de 30 años, decía esta semana en una entrevista con el programa radial En Perspectiva: “Es un cargo absolutamente político, el problema es que no estamos estructurando bien sobre qué vías organizar esa politicidad del cargo”. A su juicio es claro que se trata de un cargo político porque las designaciones siempre han pasado por la propuesta del sistema político.

Comparto su visión del tema pero me parece importante diferenciar política de la partidización. Es fundamental que quien ejerza el cargo no esté al servicio del poder político de turno o de la oposición, sino que esté a la altura de lo que se requiere, que sea un profesional del derecho, celoso por cumplir con las normas, comprometido con el deber de impartir Justicia y con garantizar el respeto por los derechos humanos y las garantías constitucionales.

El triunvirato como salida de emergencia

Frente al brete en el que se encuentra el poder político, en estos días se volvió a reflotar la idea de impulsar un proyecto de ley de Zubía de 2020 que propone crear un triunvirato al frente de la Fiscalía General. El oficialismo ha decidido que cuando se retome la actividad parlamentaria en febrero, le darán tratamiento. A eso se ha comprometido la senadora Graciela Bianchi y cuenta con el aval del presidente Luis Lacalle Pou.

Inés Guimaraens