La gremial organizó el jueves un desayuno de trabajo sobre infraestructura de desarrollo, con foco en “la deuda pendiente” en vivienda que tiene Uruguay. En ese ámbito se presentó un trabajo realizado por el economista Ignacio Munyo, que analiza qué inversión se necesita para saldarla, su financiamiento, el retorno que tendría dicha inversión, así como algunas sugerencias para su implementación.
Desde su punto de vista, para “saldar la deuda pendiente” se necesitan construir 12.000 viviendas por año, entre 2026 y 2030, por encima de la que se construyen usualmente con recursos del Presupuesto Nacional.
En ese sentido, sugiere que se diseñen licitaciones donde el costo promedio por vivienda de 60 m2 sea de US$ 60.000. Y en donde se consideren contratos bajo la modalidad de Participación Público Privada (PPP) para vincular la propiedad de las viviendas al mantenimiento en buenas condiciones.
Además, para cumplir con el objetivo de 2026, propone utilizar materiales fácilmente transportables y que no requieran de obra húmeda, por ejemplo, construir casas con paneles de SMC (compuesto de resina poliéster y fibra de vidrio), y explorar alternativas de construcción de viviendas en línea de producción.
Y se coloca como prioridad el acceso a las familias con menores a cargo como “política efectiva para enfrentar el núcleo duro de la pobreza infantil”.
Instalaciones penitenciarias
En otro capítulo, el trabajo sobre Vivienda, marginalidad y futuro, plantea que entre 2026 y 2030 se necesitaría construir 3.000 nuevas plazas carcelarias: 1.000 en Libertad (ampliación del contrato PPP vigente) y 2.000 (nuevo contrato PPP) en zona a determinar, a un costo total de US$ 150 millones (US$ 50.000 por plaza).
Y explica que con las políticas penitenciarias propuestas, las obras planteadas y el deterioro natural de las plazas existentes, se podría cumplir con el objetivo de tener 11.500 plazas en condiciones adecuadas para 11.500 personas privadas de libertad.
20250821 Ignacio Munyo. Conferencia sobre Vivienda, marginilidad y Futuro.
El economista, Ignacio Munyo.
Foto: Inés Guimaraens
Financiamiento de la inversión
Para financiar todo el programa se sugiere conseguir financiamiento externo por US$ 3.750 millones entre 2026 y 2030.
Ello permitiría invertir unos US$ 750 millones anuales en construcción de soluciones habitacionales, con servicios básicos adecuados y localizaciones que contemplen acceso a la salud, cultura y deporte.
Munyo explica que eso podría lograrse por la vía de un programa de emisión anual (2026-2029) de bonos sociales soberanos en mercados internacionales por US$ 700 millones (0,9% del PIB), con vencimiento promedio a 20 años. Y en donde se analice la conveniencia de hacer las colocaciones de deuda en dólares (tasa cercana a 6%) o en moneda en unidades indexadas (tasa cercana a 3%).
“La actual administración podría tener a los bonos sociales como buque insignia en los mercados financieros, así como la anterior lo tuvo con bonos verdes. En bonos ESG (ambiental, social y de gobierno corporativo, en español), Uruguay empezó con la ‘E’, ahora podría ir por la ‘S”, sostuvo el economista.
Los bonos sociales financian proyectos con impacto social positivo, entre ellos, inversión en vivienda en contextos desfavorables.
Otra vía propuesta es el acceso a préstamos con organismos multilaterales con objetivos de desarrollo social, en particular con foco en carencias habitacionales persistentes. Esta alternativa representaría un total de US$ 950 millones en cuatro años, al mayor plazo posible y a una tasa de interés en dólares cercana a 6%, explica.
El nuevo endeudamiento anual (2026-29) representaría el 27% del tope de emisión de deuda aprobado por el Parlamento, sostiene el economista.
Los retornos de la inversión
Además, se presenta evidencia de que los costos de la inversión son más que compensados por los beneficios de corto plazo derivados de los multiplicadores económicos de las obras de infraestructura, y el impacto positivo de mediano y largo plazo en educación, salud y productividad laboral.
En relación al manejo de los recursos, se plantea canalizar los fondos a través del Fideicomiso de Integración Social y Urbana (FISU), cuya finalidad específica es la construcción de viviendas.
Y se sugiere que la construcción y el mantenimiento de la nueva infraestructura quede a cargo del sector privado, a través de un diseño adecuado de los contratos.
“Compromiso con emergencia habitacional quedará plasmado en el plan de Vivienda”
20250821 Tamara Paseyro. Conferencia sobre Vivienda, marginilidad y Futuro.
La ministra de Vivienda, Tamara Paseyro.
Foto: Inés Guimaraens
Durante el encuentro la ministra de Vivienda, Tamara Paseyro, sostuvo que el compromiso del ministerio con la emergencia habitacional “quedará plasmado” en el Plan Quinquenal de Vivienda y Hábitat, que estará disponible en breve.
Los datos del Censo 2023 muestran que todavía hay al menos 158.000 personas viviendo en asentamientos, pese a los programas de regularización y relocalización, lo que muestra, indicó la ministra, que esas políticas no son suficientes.
Paseyro indicó que “la regularización y la relocalización de asentamientos siguen siendo un pilar central de la política habitacional, pero deben articularse con nuevos dispositivos de mitigación y acompañamiento que hagan posible atender lo urgente”.
En ese sentido, expresó que la “prioridad del gobierno” es el programa “Crece desde el Pie”, dirigido a los hogares con primera infancia en situación de precariedad habitacional severa.
A través de ese programa, el ministerio “actuará directamente sobre las viviendas con modalidades rápidas y flexibles: refacciones en pisos, techos, paredes o baños, instalación de módulos habitacionales, o soluciones híbridas adaptadas a cada hogar”, afirmó.
Adelantó que también se trabaja en el diseño del programa “Más Barrios”, que no solo actuará sobre la vivienda en sí misma, sino también sobre el entorno: la seguridad, el espacio público, los vínculos comunitarios y la prevención de nuevas emergencias habitacionales.
Anunció que para los adolescentes y jóvenes que egresan del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa), el ministerio prevé subsidios de alquiler en viviendas colectivas e individuales, con acompañamiento técnico, para lo cual está trabajando con esos organismos y con el Ministerio de Desarrollo Social.
Paseyro aclaró que el Estado asume la responsabilidad de liderar este proceso para dar solución a la emergencia habitacional, “pero no puede hacerlo solo. La magnitud de la emergencia nos obliga a convocar a todos los sectores de la sociedad”.
