El gobierno comunicó en estos días que se buscará potenciar el acceso a la vivienda para hogares de ingresos medios y medios bajos, a través del programa habitacional Entre Todos que seguirá bajo la responsabilidad del Ministerio de Vivienda.
Por otro lado, el régimen tradicional de Vivienda Promovida pasará a la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas, y los proyectos que se presenten serán evaluados por la Dirección Nacional de Incentivos a la Inversión, una nueva unidad ejecutora que reunirá a la Comap y a la Dirección Nacional de Zonas Francas.
La gestión y promoción de las iniciativas estará orientada a la atracción de inversión nacional y extranjera, y a la generación de empleo por la vía de estos desarrollos inmobiliarios.
El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, afirmó el lunes que se seguirá “favoreciendo” y “estimulando” la inversión y el empleo a través de la Vivienda Promovida, “pero eso sí, con un redireccionamiento hacia otros lugares” del país.
“No parece de buen recibo vivienda promovida en algunas zonas de Montevideo o algunas zonas de Canelones donde puede haber sido una herramienta útil en el período anterior, pero no en este momento. Nuestro trabajo va a ser redireccionar hacia aquellos barrios o zonas del país donde eso pueda funcionar mejor, lo cual probablemente vaya a generar otro tipo de incentivos de lo que está puesto hoy sobre la mesa”, dijo Oddone al ser consultado por El Observador.
Según el MEF, se “alentará especialmente” la vivienda promovida que se desarrolle en departamentos con mayores problemáticas de empleo y/o pobreza, teniendo en cuenta criterios de ordenamiento territorial coordinados con el Ministerio de Vivienda y los gobiernos departamentales.
Vivienda promovida por departamentos
Desde sus inicios en 2011, la construcción de vivienda promovida mediante incentivos tributarios para inversores se ha concentrado mayormente en Montevideo y zonas urbanas de alta demanda, en detrimento de departamentos con menor desarrollo económico.
Los últimos datos divulgados por la Agencia Nacional de Vivienda muestran que abril de este año, entre viviendas en construcción y terminadas había 37.926 unidades. De ese total, 29.177 (77%) pertenecían a proyectos ubicados en Montevideo. En Canelones había 3.593 unidades (9,5%) y en Maldonado 2.577 unidades (6,8%).
El resto integrado por 2.579 viviendas se repartía entre 14 departamentos, con mayor participación de Salto y Paysandú que tienen un poco menos de la mitad. El registro histórico también muestra que Río Negro y Treinta y Tres no tienen iniciativas de este tipo.
“Hay dos mercados. Uno claramente definido con un cierto tipo de población que tiene un cierto nivel de ingreso y por lo tanto el mecanismo de mercado es el que va a funcionar más, para lo cual el MEF va a establecer políticas. Y lo otro es un capítulo mucho más complejo de coordinar y que requiere foco mucho más específico que es lo que va a hacer el Ministerio de Vivienda. La idea es coordinar para evitar que se superpongan y se solapen incentivos que no corresponde que se solapen”, expresó Oddone.
Por otro parte, Oddone dijo a El Observador que la fijación de topes de precios en el segmento de vivienda promovida “no forma parte de la política de este gobierno”.
En el anterior gobierno del Frente Amplio se habían impuesto precios máximos de venta para un porcentaje de las viviendas que se construían, tanto en la capital como en el interior.
Cuando esas condiciones estuvieron vigentes las inversiones perdieron impulso y se redujo la cantidad de proyectos presentados por los promotores privados. La restricción se levantó en 2020.
Régimen especial para departamentos del interior
Un proyecto de ley presentado ante el Parlamento en junio pasado propone la creación de un régimen especial de vivienda promovida para departamentos de menor desarrollo económico como Artigas, Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó, Treinta y Tres y Paysandú.
Esas zonas caracterizadas por “altos niveles de pobreza, desempleo y precariedad laboral han tenido una escasa participación en la vivienda promovida debido a los altos costos de construcción, la menor rentabilidad para los desarrolladores inmobiliarios y la insuficiencia de demanda solvente”, señala la iniciativa.
