El proyecto de ley busca reducir el costo de construcción, incentivar la inversión privada y facilitar el acceso a la vivienda en esas zonas del país
Un proyecto de ley presentado esta semana ante el Parlamento propone la creación de un régimen especial de vivienda promovida (ex vivienda social) para departamentos de menor desarrollo.
El régimen sería aplicable inicialmente a Artigas, Rivera, Cerro Largo, Tacuarembó, Treinta y Tres y Paysandú, pudiendo ser ampliado o modificado por el Poder Ejecutivo en función de la evolución de indicadores de pobreza, desempleo y actividad económica en esas zonas.
La iniciativa la promueven los diputados colorados Maximiliano Campo, Martí Molins, Marne Osorio y Walter Verri.
Los proyectos que sean desarrollados en los departamentos mencionados tendrían exoneración total de IVA en la compra de materiales de construcción, de IRAE por 10 años para las empresas constructoras que los ejecuten; de Impuesto al Patrimonio sobre esos inmuebles también por una década, y de tributos y tasas municipales durante su ejecución y por los primeros cinco años luego de finalizados.
También se plantea una bonificación de 50% en aportes patronales de las empresas constructoras que contraten trabajadores residentes en el departamento donde se ejecuta la obra.
Otro de los artículos propone encomendar al Banco República y a la Agencia Nacional de Vivienda la creación de líneas de crédito con tasas subsidiadas para la financiación de proyectos de vivienda promovida.
“Se otorgan tasas de interés preferenciales y períodos de gracia extendidos para la adquisición de viviendas promovidas por parte de familias residentes en estos departamentos”, dice el texto al que accedió El Observador.
En la misma dirección, se establece “un subsidio estatal equivalente al 10% del valor de la vivienda para familias que adquieran propiedades construidas bajo este régimen y cumplan con los requisitos de ingresos establecidos por la reglamentación”.
Con el objetivo de reducir costos de construcción y facilitar la ejecución de proyectos se plantea que se permita la utilización de técnicas de construcción en seco y materiales alternativos, dentro de los parámetros de calidad y seguridad que establece la reglamentación vigente.
Además, se plantea reducir requisitos de altura mínima y dimensiones de ambientes en viviendas unifamiliares, sin afectar la habitabilidad de los inmuebles, y agilizar la aprobación de proyectos estableciendo un plazo máximo de 60 días para la expedición de los permisos de construcción y otras habilitaciones.
El proyecto promueve otorgar bonificaciones adicionales en impuestos laborales a las empresas constructoras que contraten al menos un 70% de trabajadores residentes en el departamento donde se desarrolla la obra.
En ese sentido, se plantea implementar programas de capacitación en oficios vinculados a la construcción dirigidos a personas desempleadas en los departamentos beneficiados, y fomentar la contratación de cooperativas de construcción locales para la ejecución de obras de menor escala, según los legisladores.
Además, se propone crear una ventanilla única de vivienda promovida en la frontera y en coordinación con las intendencias. Esto con el objetivo de centralizar y agilizar la tramitación de permisos, exoneraciones y autorizaciones.
Por último se establece que el Poder Ejecutivo presentará de forma anual ante el Parlamento un informe con cantidad de viviendas construidas y comercializadas, impacto en la generación de empleo local, evolución del déficit habitacional en los departamentos beneficiados y efectividad de los incentivos fiscales y financieros en la promoción de nuevas inversiones. También deberá incluir recomendaciones para la mejora y el ajuste del régimen en función de su desempeño.
Los diputados reconocen que la ley de Vivienda Promovida ha permitido fomentar la construcción de viviendas en diversas zonas del país, “facilitando” el acceso a la vivienda mediante incentivos fiscales y financieros. Sin embargo, “su aplicación ha sido desigual, observándose una mayor concentración de inversiones en Montevideo y zonas urbanas de alta demanda, en detrimento de los departamentos con menor desarrollo económico”.
En ese sentido, sostienen que los departamentos de menor desarrollo, caracterizados por altos niveles de pobreza, desempleo y precariedad laboral han tenido una escasa participación en la vivienda promovida debido a los altos costos de construcción, la menor rentabilidad para los desarrolladores inmobiliarios y la insuficiencia de demanda solvente. “Esta situación ha profundizado las desigualdades territoriales, limitando el acceso a la vivienda digna en estas regiones y obstaculizando el crecimiento económico local”, dice el texto.