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Fiscal Darviña Viera

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Fiscal pidió conducir a una víctima de Operación Océano y la jueza le recordó que sería revictimizarla

Larrieu rechazó el recurso de Viera y afirmó que el pedido contradice todos los argumentos esgrimidos por la propia fiscal en relación a las víctimas en el proceso

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21 de mayo de 2021 a las 17:44

La fiscal de Delitos Sexuales Darviña Viera solicitó a la jueza Beatriz Larrieu una orden para conducir con la policía a una de las víctimas de Operación Océano que no se presentó a declarar. La magistrada rechazó el recurso, le recordó que hacerlo sería revictimizarla pero además violentaría varias normas nacionales e internacionales, entre ella la ley de género 15.980, citadas por la propia Viera en este caso.

En su pedido, la fiscal planteó que "la víctima ha sido citada en reiteradas oportunidades y no ha comparecido por lo que es necesario solicitarle (...) que acceda a su conducción la que incluso podrá ser compulsiva", de acuerdo al artículo 261 del CPP (establece que si el citado no comparece, Fiscalía podrá pedir a juez que le ordene comparecer y llevarlo compulsivamente).  Pidió que lo haga Interpol y que sea reservada.

"Contradiciendo todos los argumentos esgrimidos en relación a las víctimas en el proceso, la fiscalía solicita que una víctima sea conducida desde su domicilio (en Maldonado) por funcionarios policiales para prestar declaración en fiscalía. Una víctima que ya declaró en sede de fiscalía en el mes de junio de 2020 pero no se presentó a la declaración en sede judicial señalada para setiembre del mismo año (por motivos que la suscrita no cuestiona). Una víctima que hace meses se desvinculó de la investigación, que perdió contacto con la fiscalía y cesó el patrocinio de sus defensores", afirmó Larrieu en el escrito al que accedió El Observador.

Además subrayó que la conducción solicitada también violenta el principio del respeto a la autonomía de la mujer consagrado en el artículo 5 de la ley 19.580.

La jueza planteó que la fiscal pidió la conducción sin explicación ni fundamentación. Además, afirmó que es contradictoria con todo lo que Viera ha venido sosteniendo desde el inicio de esta causa en relación a las víctimas de este caso. "Esto es, que se trata de víctimas que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema, que se debe respeta su proceso interno y sus tiempos para recibir sus declaraciones, que se debe adoptar medidas de protección respecto de las mismas para asegurar su derecho de acceso a la justicia y evitar su revictimización", dijo Larrieu.

La jueza agregó que esos argumentos han sido compartidos por la Fiscalía y "constituyen un único fundamento para el mantenimiento de las medidas cautelares a las cuales están sometidos los imputados".

En el fallo, Larrieu reseñó que el 9 de setiembre la fiscalía dispuso la citación de la víctima a fin de recibir su declaración anticipada el 15 de setiembre siendo posteriormente fijada para el 24 de setiembre. Ese día la fiscalía se comunicó con la víctima y "ésta le manifestó que sentía temor que después de su declaración sufriera represalias por parte de personas vinculadas al imputado, por lo que la fiscalía solicitó sin fecha".

Contó también que la abogada defensora de la víctima sostuvo que la víctima nunca le dijo que no quería declarar; agregó que "es una muchacha difícil, es mayor de edad, que tiene un hijo de corta edad y que ejerce la prostitución, lo que aumenta su vulnerabilidad".

Larrieu argumentó que "no es posible imponer a una victima la obligación de declarar, ni disponer su conducción a tales efectos". Opinó que la declaración debe realizarse "en condiciones tales que garanticen su acceso a la justicia en forma libre y segura, sin sufrir ninguna clase de intimidación que pueda significar una revictimización".

"Es deber de los fiscales adoptar medidas o solicitarlas en su caso, a fin de proteger a las víctimas de los delitos, facilitar su intervención en el proceso y evitar o disminuir al mínimo cualquier afectación de sus derechos", dijo la jueza citando el orden interno y normas internacionales.

Por otra parte, el defensor de la víctima, el abogado Juan Raúl Williman del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho respondió que actualmente no la patrocina  ni tiene la representación por lo que no podía responder al pedido de la fiscal.

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