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Fiscalía pidió archivar el caso de directora de escuela del Cerro denunciada por abuso sexual de menores
La fiscal de Delitos Sexuales, Silvia Naupp, solicitó a la Justicia que se archivara la investigación contra la exdirectora de la escuela 364 del Cerro que había sido imputada, en 2018, por supuesto maltrato físico y abuso sexual a un grupo de niños de una clase, de la que se había hecho cargo debido a la ausencia de la maestra.
Según informaron a El Observador fuentes allegadas a Naupp, la fiscal entendió que no se encontraron elementos que fundamentaran la presentación de una acusación fiscal y un posterior pedido de condena. La solicitud la presentó este viernes mediante un escrito, cuando se iban a cumplir dos años desde la audiencia de formalización de la investigación penal, y que el nuevo Código del Proceso Penal dispone como plazo máximo para acusar o pedir el sobreseimiento.
La indagatoria había sido iniciada por el fiscal de Flagrancia, Fernando Roman, quien había pedido a la Justicia, cuando solicitó la formalización de la causa en noviembre de 2018, que la mujer fuera enviada a prisión preventiva mientras proseguía la investigación. El juez decretó, en cambio, 120 días de prisión domiciliaria.
Por esos días, la investigación del Ministerio Público había determinado que los incidentes ocurrieron el 25 de junio, el día en que la exdirectora dio una clase. La versión que tenía en ese momento la fiscalía indicaba que la mujer ató a los niños, los amordazó, les cortó el pelo, los golpeó e insultó. Y meses después, el 23 de octubre siguiente, surgieron denuncias de abusos sexuales a partir de nuevos aportes brindados por los niños sobre lo ocurrido aquel día. No obstante, los abusos sexuales no se constataron con pericias médicas, ya que ninguno de los niños tenía lesiones.
El fiscal explicó en rueda de prensa el 9 de noviembre que tenía planificado solicitar una audiencia el 25 de octubre, pero que el relato de los hechos de los niños modificaba el delito por lo que se vio obligado a pedir una prórroga a la Justicia.
Romano había dicho también que el caso era de "mucha complejidad” y destacó entonces la colaboración de los padres con la investigación, así como de psicólogos y trabajadores sociales.
Después del episodio, hubo niños que no quisieron ir a clase y algunos padres, luego de escuchar los relatos, tampoco querían mandar a sus hijos. De todas formas, cuando volvió la maestra el 9 de julio, se reintegraron todos los alumnos y luego siguieron asistiendo a la escuela con normalidad.
En el caso trabajó la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía y el equipo de Escuelas Disfrutables, quienes trataron de proteger y evitar revictimizar a los niños afectados y a sus familias.
