Luego de que la Justicia determinara la inmovilización de activos y embargos por unos US$ 10 millones de las propiedades del argentino Marcelo Balcedo y su esposa, Paola Feige, la investigación se profundizó en Uruguay al punto de que en los próximos días se espera llegue la imputación penal para el sindicalista. Si bien todavía faltan algunos elementos dentro de la investigación la Fiscalía confía en que pronto podrá formalizar la causa, indicaron a El Observador fuentes vinculadas al caso.
La investigación está siendo llevada adelante por el fiscal Rodrigo Morosoli, aunque el embargo había sido solicitado por su colega Sabrina Flores. Al haberse trabado un embargo genérico, no solamente abarca a los bienes que ya se encontraron sino a los que se vayan descubriendo en el transcurso de la investigación. De hecho, en la Fiscalía creen que la suma puede terminar siendo mayor a los US$ 10 millones.
El fiscal de Corte se reunió la semana pasada con Morosoli y fue enfático al afirmar que "se va a investigar absolutamente todo".
"El concepto que rige para la fiscalía es impunidad cero", dijo en declaraciones recogidas por Telenoche y agregó: "Hay hechos con apariencia delictiva. Lo que corresponde es investigar y eso es lo que se está haciendo".
Extradición
Mientras tanto, en Argentina el juez federal Ernesto Kreplak firmó este martes el pedido de extradición de Balcedo y su pareja. Según informó el diario La Nación, la solicitud ya fue remitida a la cancillería argentina para que sea presentado de inmediato a la Justicia uruguaya. Junto con la extradición, el magistrado también pide la repatriación de los bienes que se obtuvieron por los presuntos delitos que se cometieron en Argentina.
Balcedo fue detenido junto a su esposa el 4 de enero por presunto lavado de activos y asociación ilícita a pedido de la Justicia argentina y el tiempo para formalizar el pedido de extradición no puede superar los 30 días desde su detención.
Según lo que establece el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), si la persona requerida "estuviera sometida a proceso penal" en Uruguay, se podrá diferir la entrega hasta que cumpla la pena en el país. De lo contrario, la norma indica que "se decretará la suspensión del proceso nacional, debiendo procederse a la entrega inmediata del extraditado".
La Nación informó que el juez argentino remitió el informe para el pedido de extradición a al oficina de Cooperación Internacional de la Procuración de la Corte de la Nación, así como a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) de Argentina, con el objetivo de que ambos organismos lo respaldaran en la solicitud.